Fiscales progresistas se quejan de que Justicia “censura” sus cursos de formación

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia y que se encarga de la formación de los miembros de la carrera fiscal y del personal al servicio de la Administración de Justicia, tiene pendiente desde hace casi tres meses la publicación en su página web de varias ponencias de un curso sobre mujer e igualdad, organizado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a principios de marzo. Al menos dos de las fiscales que presentaron comunicaciones en ese curso han sido informadas desde el ministerio de que estas estaban siendo sometidas a un proceso de “control de contenidos” realizado por el Ministerio de Justicia y no por el CEJ.

Fuentes del ministerio público consideran que el departamento que dirige Rafael Catalá “ejerce la censura” por motivos ideológicos y atenta contra la autonomía de la Fiscalía con este control de las ponencias que redactan sus miembros. El Ministerio de Justicia niega cualquier intento de control y señala que las ponencias se han mantenido y se publicarán en los mismos términos en que fueron redactadas y pronunciadas en su momento.

“No se trata de un control de las citas o de la jurisprudencia; se hace un control material de lo que escriben los fiscales para la formación. ¿Quién es el Ministerio de Justicia para tutelar a un fiscal? ¿Por qué tienen que meterse en nuestra autonomía cuando cacarean lo contrario?”, se queja Álvaro García, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales. Su sucesor, Emilio García, afirma que están estudiando este control, que según él, afecta a la libertad de cátedra: “El Ministerio de Justicia quiere hacer el control del contenido, una censura en definitiva”, afirma.

Algunas fiscales que participaron en el curso “Mujer e Igualdad. Perspectiva de Género”, celebrado los días 2 y 3 de marzo, se extrañaron de que sus ponencias no hubieran sido colgadas en la web del Centro de Estudios Jurídicos en los dos meses siguientes a su presentación oral, como se hace habitualmente. Tras preguntar si había algún problema, a una de las fiscales le comentaron que estaban revisando un par de aspectos de su ponencia que tenían que ver con la mención a la vigencia de una ley y sobre la posibilidad o no que tienen los fiscales para hacer uso del permiso laboral por paternidad, cuestiones ambas de fondo. La revisión la llevan a cabo fiscales asesores en situación de servicios especiales en el Ministerio de Justicia.

Según las mismas fuentes, las fiscales afectadas por la revisión preguntaron a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que lleva las relaciones con el Centro de Estudios Jurídicos, si estaba de acuerdo con este control de su trabajo. La Fiscalía General del Estado rechazó cualquier supervisión del Ministerio de Justicia sobre el trabajo de los fiscales y así se lo hizo saber al ministerio, aunque la revisión siguió adelante. Este miércoles, las ponencias todavía no habían sido publicadas en la página de Internet del Centro de Estudios Jurídicos.

Los fiscales afectados se quejan, además, de la “opacidad” del proceso de revisión de las ponencias. Los ponentes no saben ni qué persona en concreto lleva a cabo el control de calidad ni tiene forma de oponerse formalmente a las “sugerencias” que este le hace. Según fuentes de la Fiscalía, esta revisión de los textos por parte de Justicia se lleva a cabo desde enero de este año con todos los cursos de todos los cuerpos jurídicos a los que da formación el Centro de Estudios Jurídicos. “La revisión, en cualquier caso mínima, de los textos fiscales la debería llevar a cabo un fiscal adscrito al CEJ y nombrado por la Fiscalía General del Estado; no un fiscal dependiente del Ministerio de Justicia”, observa una fiscal afectada por la revisión.

"Garantías de calidad"

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que el actual director del CEJ, Israel Pastor, instauró el sistema de revisión para otorgar a las comunicaciones que reciben “criterios y garantías de calidad”. Sin embargo, señalan que en el caso de las ponencias del curso de la UPF, una de las fiscales que se quejaron de las revisiones “recibió explicaciones” del propio director del Centro de Estudios Jurídicos. Pastor, tras recibir la queja, modificó el criterio de la fiscal asesora del Ministerio de Justicia que había revisado la ponencia, y esta comunicación permanece inalterada, y “tal cual como fue pronunciada” en marzo.

En el fondo de esta polémica subyace el malestar de las asociaciones de jueces por la propia naturaleza del CEJ como órgano autónomo dependiente del Ministerio de Justicia para formar a los fiscales. Las asociaciones, en especial la UPF, reclaman que este centro dependa exclusivamente de la Fiscalía General del Estado, al igual que la Escuela Judicial, donde se forma a los jueces tras aprobar la oposición, que depende del Consejo General del Poder Judicial y no del Gobierno.