El juez del ‘caso Púnica’ investiga una tercera fundación del Partido Popular

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco incluyó, antes de cesar en el juzgado, una tercera fundación vinculada al PP en la investigación del caso Púnica de corrupción. Se trata de la Fundación Humanismo y Democracia, oficialmente una ONG sin ánimo de lucro, que, según el sumario, percibió 81.900 euros en julio de 2007 de Arpegio, la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid y que ahora ocupa el centro de las pesquisas. Humanismo y Democracia, presidida por Rafael Rodríguez-Ponga, se suma a las ya investigadas Fundescam y la Fundación 2 de Mayo Nación y Libertad, cerrada en 2014.

El juez Manuel García-Castellón se encontrará, cuando se incorpore a su plaza del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, tras 17 años destinado en París y Roma, con el caso Púnica, un sumario ciclópeo de corrupción que comenzó a investigar el magistrado Eloy Velasco en 2014. De las 16 piezas separadas de la macrocausa —algunas ya pendientes de juicio y otras casi concluídas— sobresale una, la llamada Ramo III, que se centra en la empresa pública Arpegio. Esta mercantil, manejada por el exconsejero madrileño Francisco Granados, sirvió como instrumento para hacer grandes negocios con el suelo público de la Comunidad de Madrid eludiendo los controles de los funcionarios.

Las pesquisas sobre Arpegio —cuya sede fue registrada durante 14 horas el 16 de mayo— todavía no han dado todos sus frutos y previsiblemente dará nuevos sobresaltos en los próximos meses al PP de Madrid. El juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción también extienden las “sospechas de corrupción” a concejales de otros partidos, como PSOE e IU, que, supuestamente, repartieron parcelas de suelo a sus promotores de cabecera a cambio de comisiones. Los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios, gestionados por Arpegio, sumaron mil millones de euros entre 2006 y 2011. A esta cantidad hay que añadir otros 2.000 millones por la gestión de suelo a través de 22 consorcios con diferentes municipios.

En el auto por el que ordenó el registro de Arpegio, el juez Velasco requirió a la Fundación Arpegio que justificara una serie de pagos. Entre ellos figuran 81.900 euros destinados en julio de 2007 a la Fundación Humanismo y Democracia, creada en 1977 y vinculada formalmente al PP desde abril de este mismo año, según su página web. Humanismo y Democracia, presidida por Rafael Rodríguez-Ponga, recibió este pago de fondos públicos sin que mediara ningún tipo de fiscalización de los interventores de la Comunidad de Madrid gracias a que Arpegio, como empresa pública, no estaba sujeta a este control previo.

La ONG Humanismo y Democracia percibió también 70.000 euros en 2003 de la caja b del PP, según la contabilidad que llevaba su extesorero Luis Bárcenas.

El juez Velasco se ha llevado a esta pieza separada sobre Arpegio también el pago de 139.200 euros a la sociedad Waiter Music SL por la organización del concierto Night of the Proms, celebrado en marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Se trató de un supuesto favor de Francisco Granados al propietario de Waiter Music, José Luis Huerta, el cual ayudó, a través de su empresa de espectáculos, a financiar actos del PP madrileño.

También destaca la incorporación al sumario de los pagos de Arpegio al exdiputado del PP y abogado Pedro Gómez de la Serna, que ejerció de asesor jurídico de la empresa pública entre marzo de 2007 y julio de 2011. En este periodo, Gómez de la Serna, también imputado en el caso Voltar Lassen junto al exembajador Gustavo de Arístegui, percibió de Arpegio 155.225 euros.

Otra de las partidas bajo sospecha, de 1,01 millones de euros, fue a parar entre 2009 y 2011 a la rehabilitación del entorno del Cerro de los Ángeles, en Getafe, en colaboración con la Diócesis de Madrid y el consistorio presidido por el socialista Pedro Castro. Además, otros 142.000 euros, se destinaron a las obras de reforma de la Casa de Madrid en Argentina, adjudicadas a Over Marketing, una empresa de comunicación señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.

Todos estos pagos han sido ya estudiados en la comisión de investigación sobre la corrupción que se celebra en la Asamblea de Madrid desde octubre de 2015.