Aneri ingresa en prisión por un nuevo fraude en subvenciones públicas

El empresario José Luis Aneri ingresó este jueves en prisión provisional después de declarar primero ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y luego ante el juez, según fuentes policiales.

Aneri fue detenido el miércoles junto a otras 12 personas por formar parte de una organización criminal con la que presuntamente se estafaba el dinero proveniente de ayudas públicas para el desempleo. Junto a Aneri fueron arrestados el prestamista Antonio Arroyo -al que la policía bautizó hace unos años como "el mayor estafador hipotecario de España"-, y el exdirector general de Viajes Marsans Iván Losada -condenado con anterioridad por participar en la apropiación indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión-. 

12 millones de estafa

Aneri, Arroyo y Alonso integraban presuntamente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones públicas y la ocultación del patrimonio. Fuentes de la investigación han cifrado la supuesta estafa en unos 12 millones de euros.  Se apoyaban en testaferros e intermediarios para, según los investigadores, desviar los fondos captados ilícitamente a través de ayudas a la formación para el desempleo, la mayoría de ciudadanos de otras nacionalidades.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detención en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos cuatro millones de euros con fondos para formación de la Comunidad de Madrid.

El pasado 11 de mayo, José Luis Aneri reconoció ante este juez de Plaza de Castilla que en abril de 2014 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para salir de prisión si "exculpaba" a la Comunidad de Madrid de las presuntas responsabilidades en la trama por la que estaba siendo investigado.

En aquella época la Fiscalía de Madrid estaba dirigida por Manuel Moix, ahora al frente de la Fiscalía Anticorrupción y cuyo papel en la denominada Operación Lezo ha sido cuestionado políticamente por los partidos de la oposición.

Aquel supuesto acuerdo, desmentido por la Fiscalía de Madrid, incluía, según Aneri cargar la responsabilidad de lo ocurrido al expresidente de la asociación de empresarios FEDECAM Alfonso Tezanos y a uno de sus socios. El tercer punto del acuerdo era ingresar una fianza de 500.000 euros y el último requisito era que debía "autoinculparse" en el porcentaje de alumnos falsos que metió en los cursos.

Además, este jueves la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid citó al empresario cordobés a comparecer en la sesión del 9 de junio sobre este caso. Al estar en la cárcel, la Asamblea tendrá que estudiar si habilita el sistema de videoconferencia para tomarle declaración, tal y como ocurrió en dos ocasiones con el exconcejero de Justicia Francisco Granados, que aún se encuentra en la cárcel de Estremera por el caso Púnica.

Aneri ya fue detenido el 26 de febrero de 2014 acusado de una presunta estafa con los cursos de formación a 26 asociaciones empresariales. El empresario ingresó en prisión provisional el 1 de marzo, siendo asumida la causa días después por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. La Fiscalía se opuso a su libertad bajo fianza por peligro de fuga y ordenó diversas diligencias de investigación, como la entrada y registro a su vivienda, en el madrileño distrito de Chamartín. El 25 de abril de 2014, Aneri volvió a declarar ante el juez instructor, estando presente el decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía. Unos días más tarde, el 28 de abril, la Sección 15 de la Audiencia madrileña estableció en un auto que no había riesgo de fuga dado el arraigo de Aneri en España al ser una persona casada con hijos. Los magistrados recomendaron entonces al instructor que revisara la situación procesal del acusado. El juez hizo entonces suyos los argumentos y, con el respaldo del fiscal, acordó en mayo de 2014 la puesta en libertad de Aneri.  Más de un año después, el 22 de julio de 2015, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó pasar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, según apuntan las mismas fuentes.

El prestamista Antonio Arroyo, por su parte, fue apresado por la policía el año pasado acusado de estafa, apropiación indebida y organización criminal. El mes pasado afrontó en la Audiencia Provincial de Madrid uno de sus primeros juicios por supuestas estafas al prestar dinero a personas con necesidades económicas urgentes, pero fue absuelto porque los hechos de ese caso concreto habían prescrito.