La ‘trama solar’, al banquillo casi una década después

Altos cargos y funcionarios de una Administración pública autoadjudicándose concesiones de plantas de energía fotovoltaica. Cuando se destapó la conocida como trama solar, en 2008, se inició un reguero de dimisiones en la Junta de Castilla y León. Al calor de las generosas primas que entonces se pagaba a la producción de energía fotovoltaica, se descubrió que una docena de cargos políticos y de altos funcionarios habían estado usando sus puestos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares. La Junta abrió una decena de expedientes disciplinarios.

Casi una década después, la mayor parte de aquellos funcionarios siguen en sus puestos y solo uno de los altos cargos se enfrenta a la justicia: el exsenador del PP y abogado José Bahamonde. Por primera vez se juzga un caso de corrupción en Castilla y León con jurado popular, en la Audiencia Provincial de Zamora. La Fiscalía acusa a Bahamonde de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias. Ni en León ni en Valladolid, donde también se detectaron indicios de estas prácticas, la fiscalía abrió diligencias. La Junta de Castilla y León --entonces, como ahora, en manos del PP-- no presentó denuncia.

La parte de la trama que afecta a Zamora ha llegado a juicio en gran parte gracias a la tenacidad del fiscal jefe de esa provincia, Rafael de Vega, según explican fuentes jurídicas. La instrucción se prolongó durante ocho años en los que la defensa presentó recurso tras recurso para tratar de invalidar pruebas como el contrato que demuestra, según el escrito del fiscal --al que tuvo acceso EL PAÍS-- la compra de acciones de una empresa fotovoltaica a la que posteriormente el propio Bahamonde autorizaría desde su cargo de jefe de Industria de la Junta.

Según el escrito del fiscal, Bahamonde usó su cargo público también para beneficiar a su hijo, Javier Bahamonde, que fue contratado por la empresa que se benefició de la autorización; a una amiga y socia de este, Blanca Blanco; a Agustín de la Fuente, entonces jefe de distribución de Iberdrola en Zamora, y de quien dependía la tramitación de los expedientes de los puntos de conexión a la red de todas las instalaciones fotovoltaicas de la provincia, y al expresidente de la empresa Pevafersa, Vicente Fernández Manso, con la que hizo negocios. A los cinco el fiscal les acusa de un delito de tráfico de influencias.

Similitudes con la 'trama éolica'

La forma de proceder de la trama solar era, según fuentes jurídicas, similar a la de la trama eólica, también radicada en Castilla y León y que comparte con la primera el incentivo de las primas a las energías renovables. Básicamente consistía en cobrar comisiones u obtener otro tipo de beneficios por acelerar o autorizar la instalación de parques eólicos, en un caso, o huertos solares en el otro. En el caso de la trama éolica, adelantado por El País en 2015, la Agencia Tributaria detectó un sistema de comisiones por valor de 110 millones que salpica a políticos del PP.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recientemente una querella contra un alto cargo de la Junta y directivos de Iberdrola y de otras empresas. La trama solar, en cambio, quedó en poco más que un puñado de dimisiones y algunos expedientes disciplinarios, que algunos de los sancionados recurrieron en los tribunales. Solo el caso de Bahamonde llegó a la vía penal, gracias en parte a un contrato que un empresario aportó al fiscal y que demostraba que el político del PP había comprado acciones de la empresa a la que luego autorizó. 

Algunos de los cargos señalados cuando se destapó el escándalo ni siquiera llegaron a dar explicaciones. El Partido Popular se negó a debatir el caso en las Cortes, como le había solicitado el grupo socialista. Algunas de estas personas volvieron a tener cargos de representación. Es el caso de Carmen Luis Heras, quien junto a su marido tuvo intereses en empresas que intervinieron en la implantación de huertos solares en Zamora cuando era vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León. Luis Heras fue posteriormente senadora del PP por Zamora (2011-2015).

Los cinco imputados en la trama solar consiguieron más de un millón de euros de beneficios, según un peritaje encargado por la Fiscalía, que pide para ellos una multa por valor del doble o el triple (según el delito) de esa cantidad. El exsenador del PP Bahamonde y el expresidente de la empresa Pevafersa, Vicente Fernández, fueron los que se hicieron con más dinero gracias a la venta de 802 acciones de la empresa Sol Sayago.

El huerto solar de esta compañía fue autorizado por Bahamonde desde su puesto de jefe de Industria de la Junta de Castilla y León. Por eso el fiscal le acusa de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Por la acusación de cohecho le pide el triple del beneficio obtenido. Finalmente, por el delito de tráfico de influencias solicita para él y para los otros cuatro acusados año y medio de prisión.

En el juicio, que se prolongará hasta el próximo día 29, Bahamonde ha negado que tuviera participaciones en la empresa fotovoltaica Sol Sayago, y ha asegurado que no sabía que su hijo tenía relación con esa compañía. Según el escrito del fiscal, Javier Bahamonde trabajaba para Pevafersa, a las órdenes por tanto de Vicente Fernández Manso, y constituyó y participó en varias sociedades dedicadas a la energía fotovoltaica que obtuvieron autorizaciones firmadas por su padre, José Bahamonde. Sol Sayago era una de las empresas de Pevafersa.

Algunos de los testigos que han declarado este miércoles en el juicio han asegurado que las empresas participadas por algunos de los acusados obtuvieron importantes beneficios económicos, según la Agencia Efe.

También llamado 'caso Lasarte'

Antes de llamarse trama solar, al escándalo de las concesiones fotovoltaicas se la empezó a conocer como caso Lasarte. El secretario general (número dos) de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, fue el primer alto cargo en dimitir después de que se descubriera la trama solar en agosto de 2008. Lasarte tenía una empresa, Galeno 1955, que consiguió 11 autorizaciones para construir plantas fotovoltaicas en León y Zamora. La Junta le abrió expediente disciplinario y le sancionó con tres años de inhabilitación para cargo público. Posteriormente volvió a ocupar un puesto de jefe de sección en el servicio territorial de Sanidad de León hasta que el 28 de febrero pasado se jubiló.

Cuando estalló el caso y se empezaron a conocer detalles de la trama para conseguir licencias para instalaciones fotovoltaicas por varias provincias empezaron las dimisiones en cascada. Emilio Fernández, jefe de Industria en León; Ana Isabel Suárez, jefa del servicio territorial de Fomento de la Junta en León; Manuel Ballesteros, jefe de servicio de la Tesorería General de la Junta; Manuel Méndez, secretario de la delegación de Zamora… Este último llegó a estar encausado en el procedimiento penal pero finalmente fue excluido. 

José Bahamonde fue apartado de su puesto y se le abrió expediente disciplinario, que fue archivado de forma definitiva tras su jubilación. Salvo Manuel Méndez, que está de excedencia, el resto de implicados en la trama siguen trabajando en la Junta como funcionarios. Cumplieron la sanción que se les impuso, según aseguró a EL PAÍS un portavoz de la Junta de Castilla y León.