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La Generalitat maniobra para tener el control político del poder judicial

El 'Govern' podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento catalán.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento catalán.

La ley de ruptura que ha redactado el soberanismo elimina de un plumazo la división de poderes. El borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS diseña un complejo sistema de elección de jueces y de la cúpula de la magistratura catalana que, en la práctica, permitirían al Govern tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat se reserva directamente el nombramiento del fiscal general de Cataluña (una potestad que también tiene en España el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán.

Los artículos que la ley fundacional dedica al nuevo poder judicial de Cataluña demuestran la preocupación del bloque soberanista por atar en corto a este poder del Estado, que está poniendo contra las cuerdas a la Generalitat y al Parlament por las iniciativas que impulsan para celebrar un referéndum ilegal.

Los redactores de la ley dan por hecho que el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña. El presidente de la Generalitat nombrará al máximo responsable del Supremo a propuesta de un nuevo organismo, una especie de Consejo General del Poder Judicial pero mucho más politizado. La propuesta partiría de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo catalán, por el ministro de Justicia de una Cataluña independiente (sería el vicepresidente de la comisión), por cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se garantizarían designar quién está al frente de la cúpula judicial catalana.

Pero las interferencias políticas también afectan de lleno al Supremo catalán. La sala de gobierno, que por ejemplo decidiría el nombramiento de jueces y magistrados, estaría formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil, administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por mayoría absoluta por el Parlamento catalán controlado por los secesionistas.

El interés por acelerar los plazos para tener bajo control el poder judicial es evidente en la ley. Así, la norma establece que cinco días después de que se apruebe la ley fundacional, el Parlamento catalán elegirá por mayoría absoluta a los presidentes de sala del Supremo y a los cinco jueces que la Cámara tiene que designar para que formen parte de la sala de gobierno de la cúpula judicial catalana. Solo dos días después se formaría la sala de gobierno del Supremo catalán. Y ahí se incluye una maniobra para intentar legitimar este órgano ante posibles negativas de magistrados a participar en la operación de ruptura. La ley establece que la sala de gobierno podrá constituirse con la mera asistencia de la mitad más uno de sus miembros, sin necesitarse un quórum superior. Es decir, con la presencia de los cinco magistrados nombrados directamente por el Parlament y la de los presidentes de sala, la cúpula judicial catalana ya estaría en marcha. El máximo responsable de la sala de lo civil sería el presidente provisional del Supremo catalán.

Las maniobras de control también se amplían a la fiscalía. El borrador establece que el presidente catalán designará al fiscal general tras escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia la elección del resto de fiscales.

La ley contempla la creación de una sala constitucional que revisaría recursos de amparo y la revisión de resoluciones judiciales contrarias a la ley fundacional. La contaminación política en este caso también es clara. Esta sala estaría formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados elegidos por el Parlamento catalán.

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