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La guerra de “truenos y rayos” del Gobierno y las fiscalías

Rajoy, Santamaría y Catalá acordaron la estrategia para romper los cotos creados en los tres órganos fiscales más relevantes de España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habla con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habla con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el pleno del Congreso. EFE

“La decisión es cambiar de verdad el funcionamiento de la fiscalía y romper el coto que se había creado en sus principales órganos mediáticos: la Audiencia Nacional y la oficina Anticorrupción”. El reconocimiento parte de unos de los autores fundamentales de esa nueva estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy, que en su primer mandato en La Moncloa y durante el año en funciones miró para otro lado y dejó hacer con los mandos y los métodos que había heredado del pasado. El ruido y las polémicas actuales, que afectan de lleno a los tres fiscales más importantes del país, se explica en la decisión política irrevocable al más alto nivel de romper ahora esos estatus establecidos.

El Parlamento estudia ya por la petición de la oposición mayoritaria cómo articular la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por los constantes escándalos y acusaciones de injerencias políticas que se suceden sobre los casos de corrupción que afectan al PP. Rajoy y Catalá negaron las presiones y defendieron esta semana en el Parlamento, en una dura sesión de control, la labor de Maza y su alter ego en la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, también en el punto de mira por su proximidad con algunos cargos del PP y por sus actuaciones contrarias a los fiscales especiales que investigan por ejemplo el caso Lezo o la trama del 3% en Cataluña.

Pero el plan del Gobierno Rajoy por meterle mano a la Fiscalía viene de atrás, aunque se frenó varias veces por razones políticas, personales y coyunturales. Ahora se quiere librar esa batalla hasta el final, aguantar el chaparrón de estos días, esperar a que la marejada calme y lograr que al frente de las tres fiscalías más trascendentes del Estado “estén personas dispuestas a controlar esos órganos de poder sin miedo a las repercusiones mediáticas, a los líos o a dejarse influir por los amiguismos propios de este tipo de carreras muy corporativas”, según un miembro del ejecutivo implicado en la tarea. En Justicia e Interior coinciden en el diagnóstico.

El primer nombramiento para lograr ese objetivo en el que se fijó el nuevo Gobierno de Rajoy, tras superar en noviembre el año en funciones por el bloqueo electoral, fue el del Fiscal General del Estado. El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había optado en la primera legislatura del PP en el poder por una figura de prestigio, Eduardo Torres Dulce. No se quiso hacer ruido ni molestar a nadie. No se realizaron grandes cambios ni se quiso mirar en profundidad lo que ocurría en Cataluña. Si se intuía fango la idea no era precisamente remangarse. Torres Dulce llegó a pedir en privado su relevo precipitado en su último año y se le conminó a que esperase hasta encontrar un buen sustituto en un momento difícil por llegar al final de la legislatura.

En septiembre de 2014 Catalá sustituyó a Gallardón como ministro de Justicia y recibió un encargo muy claro del presidente y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Lo hablaron claramente y llegaron a una conclusión: “Había que hacer cambios no solo al frente de las principales fiscalías sino de su propio funcionamiento, con un compromiso más fuerte y una disposición incluso a enfrentarse a compañeros en disputas internas”. El perfil serio y capacitado que se buscó con Consuelo Madrigal para ese puesto tampoco cuajó con lo que se pretendía, según fuentes del Gobierno.

El problema con Madrigal no fue solo, que también, que no quisiera remover de su cargo al histórico fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Madrigal quería una fiscalía pacífica y el Gobierno ya estaba dispuesto a disputar esa guerra. Al año en funciones se llegó con 35 fiscales prorrogados y a día de hoy solo se han renovado a seis.

Rafael Catalá barajó nuevos candidatos a la Fiscalía General y encontró en José Manuel Maza el currículo que anhelaba. Un magistrado del Tribunal Supremo al final de su carrera, conservador, sin vínculos anteriores o de promoción con otros fiscales, con 63 años, con experiencia y ganas de cumplir su cometido. Maza llegó en esa misma línea con el mandato de renovar los puestos clave de la fiscalía en la Audiencia Nacional y en Anticorrupción pero con procedimientos diferentes en cada caso.

“Las fiscalías de la Audiencia, aunque ahora ya menos, y la de Anticorrupción, son dos órganos de poder muy potentes y los fiscales que piden trabajar ahí no lo hacen por casualidad sino porque les gusta esa conjunción de poder, complejidad e importancia de los casos y notoriedad”, explica un alto cargo del Gobierno implicado en esta operación. Lo mismo sucedió durante una época y ocurre aún en parte con los jueces de instrucción de la Audiencia. El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, llevaba ya 11 años en esa privilegiada atalaya, bajo ejecutivos de todos los colores y con su personalidad fuerte y avasalladora se había convertido en un personaje casi indiscutible y que parecía insustituible. El fiscal anticorrupción Antonio Salinas tenía ya 71 años y llevaba también 14 en esa función.

Maza estudió ahí dos relevos diferentes con el beneplácito de Catalá y la cúpula del Gobierno. En la Audiencia se optó por la salida más fácil y teóricamente menos dramática. Se ascendió a fiscal jefe a Jesús Alonso, que era el número dos de Zaragoza. Pero no ha resultado tan sencillo. La personalidad y las maneras de Zaragoza aún tienen mucho ascendente y el cambio no ha sido todavía bien digerido.

En Anticorrupción hacía falta poner orden, embridar el funcionamiento casi sin mando que había delegado sobre sus más de 20 fiscales en sus últimos años Salinas por enfermedad y para esa labor se encontró a Manuel Moix, que había sido fiscal jefe en Madrid muchos años. Moix tenía la virtud para Maza y el ejecutivo de que no era un fiscal especializado en corrupción, que es una de las carencias que le han achacado los que le critican frente a los otros candidatos que compitieron por ese puesto. Maza no quería un fiscal más de la casa, seleccionó un jefe, que se atreviera a coordinar, tomar partido y mojarse.

Manuel Moix llegó y quiso mandar. En el caso del 3% en Cataluña acabó con la excepcionalidad de los fiscales especiales enviados desde Madrid y volvió a remitir la investigación a Barcelona y el caso Lezo cuestionó algunas órdenes e intenciones de los fiscales Carlos Iáñez y Carmen García Cerdá. Unas grabaciones entre los populares Eduardo Zaplana e Ignacio González revelaron luego que en algunos círculos del PP se le consideraba “un fiscal cojonudo” y le dejaron en un terreno de juego aún más comprometido.

Los fiscales Iañez y García, agobiados de trabajo en el caso Lezo para desenmarañar las tramas del Canal de Isabel II impulsadas por la familia de Ignacio González, respondieron esta semana a la petición de libertad del expresidente madrileño con un escrito confuso de 43 páginas en el que se alude a una “presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad”. Luego rectificaron. Y se justificó que habían elaborado una respuesta demasiado rápida y amplia para lo habitual, con “corta pegas incluso de informes declarados secretos de la UCO”. El alto cargo afectado, José Antonio Niego, atosigado sobre todo desde un PSOE en una oposición enardecida y en plena fase final de sus primarias, aceptó a regañadientes esas explicaciones y acabó por confesar en Libertad Digital su mala suerte: “Estoy en medio de una guerra de los que tienen los truenos y los rayos”.