Púnica destapa el uso de dinero b y fondos públicos en tres campañas electorales del PP

La pieza del sumario del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, y cuyo secreto se levanta ahora, ha aflorado el presunto desvío de fondos públicos y la utilización de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los gastos electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011, y de las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy repetía por segunda vez como cabeza de cartel de los populares.

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Fuentes cercanas a la investigación destacan que el mitin que la formación celebró hace diez años como final de campaña de los comicios locales y regionales es el paradigma de buena parte de estas irregularidades. Según han revelado las pesquisas, en el mismo hubo pagos con dinero "de procedencia desconocida" y se abonaron a proveedores con cargo a los presupuestos de Administraciones públicas controladas entonces por el PP. El 'pendrive' localizado hace ahora un año en casa del que fuera gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, desveló que en aquellos años la formación contó en su supuesta caja b con cinco millones de euros. De ellos, tres millones fueron presuntamente destinados a financiar la campaña que incluyó aquel acto electoral, mientras que para las generales de 2008 y las de 2011 se emplearon un millón de euros en cada una.

En el mitín de 2007, celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid la noche del 25 de mayo con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente, las primeras irregularidades detectadas se refieren a la contratación de las actuaciones musicales de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos. Waiter Music SL, una empresa investigada en el caso Púnica por la sospechosa elevada cifra de contratos públicos que obtuvo durante años de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región, fue la encargada de ello. De hecho, es del análisis de la documentación intervenida en octubre de 2014 en la sede de esta mercantil donde surgen los primeros indicios de financiación irregular del acto electoral. Así, una secuencia de correos electrónicos cruzados por empleados de la compañía y dirigentes del PP regional tres días antes de que se celebrara, reveló la existencia de un contrato "donde se acuerdan las cláusulas para la actuación [...] de una duración aproximada de 90 minutos" por un valor de 20.000 euros.

Sin embargo, otro email fechado dos meses más tarde revelaba la supuesta falsedad de dicha cifra. En el mismo, el propietario de Waiter Music SL, José Luis Huerta, aseguraba a Guillermo Mayoral, dirigente regional del PP y actual gerente del partido en sustitución del imputado Beltrán Gutiérrez, que dicha cifra había sido, en realidad, el triple. En los mismo el empresario pedía que se le indicase "lo antes posible cómo facturo esto y la formas de cobro", para a continuación detallar las diferentes partidas que elevaban la factura hasta los 48.600 euros más IVA. En total, 60.000 euros. El empresario destacaba que "les hicimos un contrato por 20.000 euros, IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".

Las pesquisas apuntan a que finalmente el PP ni siquiera pagó la cantidad reflejada en el contrato y hay indicios de que los 60.000 euros iban a cargarse mediante distintos mecanismos a las arcas de los ayuntamiento de Pinto y Valdemoro, gobernados entonces por el PP. De hecho, la Guardia Civil ha constatado tras analizar las declaraciones de ingreso y pagos realizados por Waiter Music ante la Agencia Tributaria que entre los años 2006 y 2013 no figura ninguna actividad comercial entre esta mercantil y el partido que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por ello, los agentes concluyen que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña" en aquel 2007 y en las elecciones posteriores de 2008 y 2011.

De hecho, irregulares similares han sido detectadas en los mítines de estos dos últimos comicios. Como ejemplo del primero, las pesquisas sitúan el mitín que el PP celebró en el Pabellón Juan España de Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las generales de aquel año. La UCO ha podido constatar que parte de aquel acto fue financiado con cargo a los fondos públicos del consistorio de este municipio madrileño. En concreto, los 4.200 euros más IVA que costó la actuación de un grupo de 12 mariachis que recibieron con el 'Cielito lindo' y 'Sigo siendo el rey' a Aguirre, al número dos de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y al expresidente José María Aznar. La empresa que contrató dicha actuación cobró dicha factura de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009 de Valdemoro, que el equipo de gobierno municipal le adjudicó. La Guardia Civil estima que de los 150.000 euros que salieron de arcas públicas para costear dichas celebraciones locales, cerca de un tercio se desviaron a actos del partido. Los agentes también investigan los pagos por la organización de las inauguraciones de grandes obras de la Comunidad.Otra parte importante de los fondos presuntamente irregulares utilizados en el pago son los que los informes iniciales de la UCO describían como "de procedencia desconocida".

Las investigaciones de los últimos años han revelado el verdadero e irregular origen de los mismos, así como los diferentes mecanismos utilizados para hacer frente con ellos a gastos electorales del PP de manera opaca. Así, la principal vía de entrada eran las donaciones supuestamente realizadas por empresarios -algunos de ellos imputados ya en la causa como Javier López Madrid y Arturo Fernández- a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La investigación ha destapado que, en ocasiones, dichos pagos se hacían en maletines con dinero en efectivo y, en otras, con aportaciones de capital a la fundación Fundescam.En otras, dichos pagos se realizaban 'en diferido' haciéndose cargo la compañía donante de los pagos que el PP tenía comprometidos con firmas que le daban diferentes servicios durante la campaña. Para ocultar aún más todo ello, en buena parte de los mismos se utilizaban empresas interpuestas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.

Nueve de estas mercantiles han salido ahora a la luz en la Operación Lezo. En esta estrategia, las pesquisas han puesto de manifiesto el papel protagonista que jugaron en algunas de estas irregularidades las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. Éstas firmaron multitud de contratos con las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, para organizar actos de colocación de primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Recientemente el juez Velasco reclamó a Arpegio facturas que suman 16,5 millones de euros del Plan Prisma en estos conceptos para analizarlas. La sospechas apuntan a que parte de estos fondos pudieron desviarse a la supuesta caja b del PP madrileño para el pago de costosos actos electorales con los el partido entonces liderado por Esperanza Aguirre exhibía músculo político como en el mitín de fin de campaña de las elecciones de 2007.