El ‘Brexit’ desbloqueará legislación europea paralizada por Gibraltar

A pesar de las últimas soflamas británicas sobre Gibraltar, el Brexit refuerza la posición española sobre ese contencioso en Bruselas. La salida de Reino Unido de la UE desbloqueará legislación comunitaria ligada al conflicto sobre Gibraltar: Bruselas despejará varias normativas relacionadas con el transporte aéreo bloqueadas por Londres desde hace años, y mirará con lupa la situación fiscal del Peñón. El Brexit sacará del congelador el reglamento sobre el cielo único y permitirá sacar adelante la normativa sobre franjas horarias, la modificación de las reglas sobre derechos de pasajeros y varios acuerdos de aviación con países como Ucrania y Brasil, que Londres mantenía vetados desde 2012 por la vieja querella sobre el aeropuerto del istmo.

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“Después de que el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido”. Ese párrafo, incluido en las directrices del Consejo Europeo para negociar el divorcio entre Londres y la Unión, ha incendiado las etapas previas a la negociación del Brexit.

Pese a los alegatos de varios exministros británicos y a los vociferantes tabloides británicos (“La Roca no se toca”), el primer divorcio en 60 años de historia de la UE provoca movimientos telúricos en el continente favorables a España: tanto Holanda como los países nórdicos, tradicionales aliados de Londres, apoyan las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar. Bruselas abandona su histórica neutralidad sobre el Peñón, se aleja de Londres; se pone del lado de Madrid. La Comisión Europea tiene la artillería a punto para desbloquear varios dossieres ligados a ese contencioso. Los más inmediatos serán los relacionados con el transporte aéreo. Pero el entramado fiscal de Gibraltar también está en la diana.

Tan pronto como se haga efectivo el Brexit, Bruselas tiene previsto sacar del congelador la modificación del reglamento sobre el cielo único europeo, la normativa para regular el espacio aéreo continental de forma centralizada. Londres bloqueó ese expediente en 2013 por el contencioso territorial sobre el aeropuerto: España denuncia que esa infraestructura se encuentra en una zona —el istmo que une la colonia con el territorio español— sobre la que no reconoce la soberanía británica.

Tanto la Comisión como España consideran que el Brexit cambia de manera sustantiva el contexto político: “El Reino Unido y Gibraltar dejarán de ser territorio de la Unión, y por tanto la legislación europea no se les aplicará directamente. En ese momento los expedientes afectados por el veto de Reino Unido se desbloquearán al dejar de estar afectados por el problema del aeropuerto de Gibraltar”, según un informe interno del Gobierno. El brazo ejecutivo de la UE coincide con esa interpretación.

Bruselas prevé que se aplique también el reglamento de franjas horarias (el permiso para aterrizar y despegar en un aeropuerto saturado, esencial para la actividad de las aerolíneas), paralizado desde 2012. Y la modificación del reglamento de derechos de pasajeros, que Londres vetó en 2013 y establece normas comunes en materia de indemnizaciones y de asistencia en caso de anulación o retraso importante de un vuelo. Además, habrá luz verde para varios acuerdos de aviación con terceros países: Ucrania, Brasil y los correspondientes a los últimos mandatos de negociación (Asean, Catar, EAU y Turquía).

Las fuentes consultadas prevén que, más allá de Gibraltar, otros países usen el Brexit para presionar en torno a viejos conflictos con Reino Unido, desde asuntos con enjundia política como los controles británicos en la frontera con Calais a rencillas coloniales con Chipre y Malta.

Nada de eso será fácil. Ni siquiera con Gibraltar, a pesar del nuevo enfoque en Bruselas. El Gobierno está convencido de que juega con ventaja en ese asunto, como ya se vio con las directrices de negociación, y que en una futura negociación bilateral España-Gibraltar tiene las de ganar: podría ejercer su derecho de veto si el pacto final no le convence. Fabian Picardo, ministro principal del Peñón, dijo en una entrevista con este diario que Londres le ha asegurado que no habrá acuerdos Reino Unido-UE “si no incluyen Gibraltar”. La Comisión no tiene dudas: “Reino Unido se va, y el apoyo de las instituciones es para el socio que sigue en la Unión”.

¿Paraíso fiscal?

En otras agendas, la ventaja de España es difusa. En medio ambiente, España teme que Gibraltar siga incumpliendo normas de la UE: los expedientes abiertos por Bruselas se irían a una especie de limbo, aunque Madrid considera que si Gibraltar quiere tener algún acceso al mercado único deberá cumplir las reglas.

Más espinoso es aún el contencioso fiscal. Gibraltar tiene 18.000 empresas y apenas 30.000 habitantes: miles de contribuyentes españoles ocultan allí patrimonio a través de sociedades pantalla. El Gobierno acusa al Peñón de “plantear riesgos para el funcionamiento del sistema tributario español”, según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, “por su peculiar estatus dentro de la UE”, que le otorga cierto blindaje. Cuando cristalice el Brexit, España presionará para que Gibraltar esté en la lista europea de paraísos fiscales por “falta de transparencia” y “falta de cooperación”. Madrid defiende que ya hay análisis críticos sobre Gibraltar en Bruselas, tanto por asuntos fiscales como en Competencia, por posibles ayudas de Estado.