Seis meses de legislatura sin proyectos de ley

Seis meses después de ser investido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no ha llevado al Congreso de los Diputados ningún proyecto de ley, salvo el reciente de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que aún no tienen garantizada siquiera su admisión a trámite. En este tiempo, La Moncloa solo ha mandado cinco proyectos, pero que sirven para trasponer directivas europeas, es decir, que son de obligada aprobación y que estaban pendientes de la etapa de Gobierno en funciones.

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Esta mínima producción legislativa es la menor en los primeros seis meses de cualquier otra legislatura, teniendo en cuenta no solo los proyectos de ley, sino también los informes previos que deben pasar por el Consejo de Ministros antes de su trayecto definitivo hacia las Cortes.

Uno de los proyectos, el de "resolución alternativa de litigios en materia de consumo" es de una directiva de noviembre de 2013. Los otros proyectos de ley remitidos al Congreso son directivas de 2014: el de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, el de precursores de explosivos y el de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Ahí termina la producción legislativa del actual Gobierno y, por tanto, el riesgo de perder votaciones o que sus proyectos sean derrotados. Todos ellos son ajenos a la voluntad legislativa y política del Gobierno.

La gestión parlamentaria el Gobierno ha estado centrada en estos seis meses en mitigar en lo posible los efectos de la minoría parlamentaria, fundamentalmente, para evitar que se aprueben normas que deroguen las normas de la etapa de la mayoría absoluta. Fuentes del PP en el Congreso explican que la consigna de Mariano Rajoy es evitar tal revisión legislativa, especialmente, de las que el presidente del Gobierno considera innegociables: la reforma laboral y la de estabilidad presupuestaria. Es decir, las que según La Moncloa han permitido la recuperación económica.

Esas fuentes explican que a partir de este momento será inevitable entrar en la negociación de proposiciones de ley que ya han sido admitidas a trámite en el pleno, que están a la espera del debate de enmiendas parciales. Por ejemplo, la proposición de ley que reforma la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza; la del Tribunal Constitucional que elimina el mecanismo para que este órgano ejecute sus resoluciones y la de cuidados paliativos, entre otras. Añaden que su baza negociadora hasta ahora ha sido la de la ausencia de liderazgo en el PSOE y, más adelante, la de la dificultad para que partidos tan antagónicos como Podemos y Ciudadanos pacten articulados concretos de normas, aunque hayan coincidido en debates de totalidad.

Su previsión es que no salga de las Cortes ninguna proposición camino del Boletín Oficial del Estado antes del último trimestre de este año. Por ejemplo, la citada proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional fue presentada por el PNV y, pese a ser una modificación técnicamente sencilla, lleva ya ocho ampliaciones de plazos de enmiendas. Fue admitida a trámite en diciembre y aún no ha empezado el proceso en comisión. El PP no espera que los socialistas acepten tramitar esta proposición de ley antes de verano, especialmente, porque en estos próximos meses se mantendrá o incrementará el proceso independentista en Cataluña que el Gobierno, con el apoyo del PSOE, intenta frenar en el Constitucional.

La tramitación de las enmiendas de la reforma o derogación de la ley mordaza no está prevista antes de verano. En ese momento, el Gobierno entrará a negociar los detalles y, por el momento, no desvela qué está dispuesto a aceptar. Fuentes del PP y del Gobierno responden genéricamente que se estudiarán los puntos recurridos al Tribunal Constitucional y las disfunciones que se hayan producido en su aplicación.

En esta situación, la dirección del PP en el Congreso argumenta que ha frenado los acuerdos con el PSOE hasta que no se resuelva su liderazgo a mediados de junio. Por ejemplo, era probable un acuerdo entre Gobierno y PSOE para la reforma procesal y que el fiscal pudiera asumir la instrucción penal, dado que las propuestas están muy cerca o, en algunos puntos, son muy coincidentes. Sin embargo, el Gobierno ha optado por diferirlo en una subcomisión de modernización de la Justicia de donde saldrá un informe con propuestas concretas para esa futura reforma. Es decir, el Ejecutivo acepta renunciar o frenar su competencia legislativa.

Una excepción al ritmo legislativo lento es la de la reforma de RTVE. El PSOE confía en que esté ya en el BOE la proposición de artículo único antes de verano, porque será tramitada de forma urgente y por lectura única. Otra cosa será cuando a partir de ese momento sea necesario el consenso de diferentes partidos para alcanzar los dos tercios del Congreso que se precisarán para nombrar a los futuros responsables de la radio y televisión pública.