La ley de la manta

Gafas de sol, camisetas, zapatos y bolsos falsificados. Estos son algunos de los productos que se encuentran habitualmente por las calles de las principales ciudades europeas. Detrás de estas mantas blancas donde se agrupan los productos, hay a menudo extranjeros en situación irregular que son la imagen viva de un debate que atañe a la responsabilidad de las instituciones para evitar que jóvenes desprotegidos caigan en manos de traficantes de productos falsos.

El pasado lunes, un grupo de manteros, acompañados por las asociaciones que luchan por sus derechos, protestaron ante las puertas del Congreso de los Diputados pidiendo al Gobierno que anule las normas que pretenden convertir la venta ambulante de bienes falsificados en delito penal, con hasta dos años de cárcel. Sostienen que la inminente criminalización de esta práctica no tiene en cuenta la condición social de quienes la ejecutan.

¿Hay que imponer penas y no solo multas? ¿Es más importante dar alternativas sociales que eviten que jóvenes sin papeles se conviertan en manteros? ¿Y es cierto que, ante la posibilidad de trabajar legalmente, pero con salarios inferiores, muchos de estos jóvenes indocumentados optan por pagar el precio de la exclusión social?

Los manteros son la punta del iceberg de mafias criminales cuyo negocio no tiene bandera. No se puede eludir la responsabilidad de quienes delinquen. Ni de sus clientes: solo en falsificaciones de moda se calcula que el gasto medio en nuestro país es de 33 euros, y la Asociación de la Defensa de la Marca calcula que la industria española pierde 7.088 millones de euros al año. Pero tampoco se pueden esperar soluciones mágicas. Tanto en Madrid como en Barcelona —dos gobiernos municipales que se consideran representantes de la llamada “nueva política”— han puesto la cuestión sobre la mesa. Tras dos años en el poder, sin embargo, son evidentes las limitaciones a las que se enfrentan sus iniciativas. El coste (800.000 euros) del proyecto piloto de Ada Colau en Barcelona que trata de reinsertar a 15 manteros y darles alternativas, y el plan de choque de Manuela Carmena para reducir la venta ilegal en el centro de la ciudad —paralizada por los sectores más radicales de su formación— son buenos ejemplos.

La necesidad de una solución se hace cada vez más apremiante y, quizá, sirva de algo poner la vista fuera de los confines nacionales. Por ejemplo en Nueva York, donde para favorecer la integración de extranjeros en situación legal irregular el alcalde demócrata Bill de Blasio decidió entregarles un carnet que les permite acceder a los servicios públicos básicos. Madrid está estudiando implantar una medida similar. La iniciativa —que tiene el sello del PSOE— pretende fomentar la inclusión de los inmigrantes ilegales, que no se sientan totalmente fuera. Pero la solución ante el top manta no puede ser solo social. Tampoco simplemente punitiva hacia los vendedores, e ignorar a quienes comprando alimentan este negocio ilegal.