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María Idaira Santana Álvarez no ha terminado de pagar sus estudios. Tiene 31 años, un hijo con un 38% de discapacidad y una deuda de 14.000 euros a la que no puede hacer frente. Álvarez solicitó en 2009 un Préstamo Renta Universidad por esa cantidad para estudiar un postgrado. Se trataba de una ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En 2007 y 2008, estos préstamos tenían una cláusula por la que no debía pagarse el importe prestado hasta que el beneficiario no cobrase 22.000 euros anuales. Pero en 2009 esa condición se eliminó. Los afectados denuncian que no se les informó suficientemente del cambio. “Dentro de la convocatoria que yo pedí (2009) venían las bases de 2007”, afirma Álvarez y añade: "No leí el contrato escrito, me informé directamente desde el ministerio. Nunca pensé que el Estado me estafaría". Ahora, sin trabajo, tiene que hacer frente al pago mensual de 116 euros y a las amenazas del banco de incluirla en un fichero de morosidad. Más de 200 afectados por el préstamo iniciaron el año pasado un proceso de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación

Después de ocho años de lucha, los afectados dan un primer paso para solucionar el problema. El Congreso aprobó el 22 de marzo una proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos, en la que se urge al Gobierno a negociar con la plataforma de afectados por el Préstamo Renta Universidad el 22 de marzo. Entre los años 2009 y 2010, más de 7.000 personas pidieron estas ayudas. Javier Sánchez Serna, responsable de política universitaria de Podemos, expuso la propuesta en la que se pide que todos los contratos de estos préstamos se equiparen a los de 2007 y 2008; es decir, que no se cobre a los beneficiarios del préstamo hasta que no tengan unos ingresos superiores a los 22.000 euros anuales. Todos los grupos votaron a favor de la proposición menos el Partido Popular, que se abstuvo.

La diputada por Valencia del PP Belén Hoyo Juliá, explicó durante su intervención en la comisión de educación que "si en algo coinciden la mayoría de los afectados que se han puesto en contacto con nosotros estos días es en que el ministerio, que era de un Gobierno socialista, les engañó". Según Juliá, el Gobierno amplió los plazos de amortización y carencia. A Álvarez se le concedieron seis años de ampliación, que terminaron en marzo de 2016. A partir del 31 de abril de 2020, tendrá que pagar 233,32 euros mensuales como implemento por los años de margen que le concedieron. En su intervención el la misma comisión, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo defendió que el PSOE tuvo un "buen propósito político en 2007" que ha acabado en un "despropósito bancario". "Desde la orden de 2007 hasta la de 2012, que es la que lo deroga, hemos ido atravesando una serie de laberintos en los que estaban estas entidades bancarias, que, por cierto, un par de años después serían rescatadas con miles de millones de los contribuyentes", apuntó Trillo.

La falta de adaptación curricular en el colegio público al que asistía el hijo de Álvarez, de nueve años, le ha obligado a llevarle a un centro privado. Gracias a la pensión de orfandad —su marido falleció— y a una ayuda por la ley de dependencia, puede pagar los más de 500 euros mensuales de matrícula. Además, Álvarez cobra 534 euros al mes de la Prestación Canaria de Inserción que agotará en octubre de 2017. El Ministerio de Educación le negó una condonación del préstamo porque alegó que la mujer no cumplía el apartado 8.8 de la orden que regulaba la ayuda. Este artículo dice que "en caso de enfermedad grave u otras circunstancias extraordinarias, el prestatario podrá solicitar la condonación parcial o total de la parte del préstamo no amortizada".

“Pedí el préstamo pensando en que con esas condiciones, y una vez cobrada esa renta (22.000 euros), podría devolverlo sin problema, pero las cosas han ido mucho peor”, cuenta Álvarez, que asegura que nunca se ha dejado de formar y que, con una media de sobresaliente en bachillerato, siempre fue buena estudiante. Por otro lado, y debido a los problemas de su hijo —sufre un Trastorno Generalizado del Desarrollo —, se ve obligada a llevarle a varias actividades extraescolares de apoyo, además de a un colegio a 25 kilómetros de su domicilio. Esta tesitura hace que los horarios de Álvarez para encontrar un trabajo sean limitados."Nunca he dejado de formarme y de buscar activamente empleo, pero me exigen disponibilidad, y no la tengo", explica.