Colza, el primer macrojuicio

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El 30 de marzo de 1987, hace justo 30 años, comenzó el que fue el mayor juicio en la historia de España hasta la fecha: el proceso a los 41 acusados del envenenamiento masivo con aceite de colza para uso industrial que ocasionó más de 20.000 afectados y 600 fallecimientos en 1981. El primer caso —un niño de Torrejón, en Madrid— falleció el 1 de mayo de ese año de lo que se pensó que era una legionela. El aumento de casos llevó a pensar en una epidemia. Por fin el 12 de junio se supo cuál era la causa. La sentencia tardó 11 meses en estar lista.

Todo fue gigantesco en aquel proceso, del que Francisca Sauquillo, que participó como miembro de la acusación particular, no duda en afirmar que “marcó un antes y un después en la justicia española”.

Casi cinco años tardó el juez de la Audiencia Nacional Alfonso Barcala en concluir el sumario, que ocupó 100.000 páginas (el del 11-M fue algo menor, unas 93.000). La cantidad de afectados y la obligatoriedad de hacer público el proceso obligó a que, por primera vez, las sesiones salieran de la sede del tribunal. Se celebró en la Casa de Campo (aquí también hay un paralelismo con el juicio del 11-M). Además, “se instaló un sistema informático moderno para 1987. Se grababa todo y todo estaba informatizado”, recuerda Sauquillo.

La abogada, que actualmente preside el Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, también recuerda que “hubo que instalar traducción simultánea ante la cantidad de peritos, epidemiólogos y toxicólogos internacionales que asistieron, aparte de periodistas de medio mundo”.

Tres vidas marcadas

Jesús Lozano recuerda que pasó su sexto cumpleaños dentro de una “especie de pecera”. Estaba en el hospital junto a otros niños que lloraban de dolor. Todos eran víctimas del síndrome del aceite tóxico. “Con solo 10 años ya te das cuenta de que tu madre lleva tres años en el hospital, empiezas a echar de menos a tu abuelo que ha fallecido y a tu hermano que se fue a vivir con tu tía”.

Ese año, 1981, Mercedes García preparaba unas oposiciones. El aceite tóxico le provocó una incapacidad permanente total. “Tenía calambres, no podía dormir, era incapaz de darle a una tecla”.

A Carmen Cortés la enfermedad la sacó por primera vez de casa con 14 años. Estuvo ingresada 10 meses y perdió 20 kilos. “Muchos morían, pero me lo ocultaban para que no decayera”.

En ese apartado fue determinante el testimonio del equipo de sanitarios del Hospital Niño Jesús de Madrid que descubrió en algo menos de mes y medio la causa de la enfermedad, cuyos síntomas eran decaimiento, problemas respiratorios y sarpullidos, aparte de dolores. El pediatra Juan Casado, que tenía 36 años, recuerda ir a declarar a la casa de Campo, pero lo que le emociona es recordar cómo fue la búsqueda del agente tóxico. “En un enfermo encontraron una bacteria, el micoplasma neumónico, y los síntomas coincidían, así que se pensó que era una neumonía. Pero el antibiótico no funcionaba. También era anómala la distribución de casos: enfermaban los de una vivienda, pero no los de la enfrente”, cuenta.

Descartada la infección, quedaba el tóxico. Con sus pesquisas, llegaron a identificar “unas garrafas de aceite con un tapón rojo que se vendían en mercadillos” —las que vendía la empresa Raelca— como las causantes. Fue retirarlas y acabarse los casos.

Sauquillo destaca otro hecho importante de aquel proceso: el papel de las asociaciones de consumidores. Les dieron un despacho en las instalaciones, y “fue la primera vez que hubo una movilización así”. “Jugaron un papel muy importante”.

Seguimos Viviendo

Carmen Cortés, Jesús Lozano y Mercedes García, miembros de la asociación Seguimos Viviendo, lo vivieron en primera persona. Cortés era una adolescente, Lozano apenas tenía ocho años y García estaba embarazada de cinco meses. “Si esto hubiera sido juzgado ahora, habría sido de otra manera. Es una total falta de responsabilidad y de respeto de un Estado hacia sus ciudadanos, a los que se envenenó sin tener ningún tipo de culpa”, cuenta Cortés, la única afectada de su familia.

García, define el proceso como tremendo. Aún se lamenta de que solo pudo acudir mes y medio a las sesiones para no perjudicar al feto con el detector de metales. “Yo recuerdo aquello con mucho dolor. Ver todo el sufrimiento de aquellas madres con las fotografías de los hijos que habían perdido colgando del pecho fue horroroso”, lamenta.

Lozano apenas recuerda el proceso. “Yo veía todo en casa por las noticias de la televisión. No me enteré de gran cosa porque mis abuelos me protegían. Lo que me viene a la mente es el macrojuicio en la Casa de Campo, ese pabellón lleno de gente y las botellas de aceite que iban y venían”, afirma.

Aunque no lo mencionen, todos tuvieron que pasar por un equipo de forenses creado especialmente. Esto era muy importante para determinar quiénes eran afectados, explica Sauquillo. Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó un laboratorio especial para las muestras.

El proceso fue tan importante que, igual que pasara con los casos de talidomida y la creación de un sistema de farmacovigilancia, llevó a la primera ley de consumo, que elaboró el Ministerio de Sanidad siendo su titular Ernest Lluch.

Incluso en la doctrina judicial se introdujeron novedades a raíz de este caso, dice Sauquillo. “Desde el punto de vista penal, se determinó que no basta con que alguien no quiera matar, que fue lo que alegaron los que comercializaron el aceite, sino que tiene que poner los medios para no hacerlo”, añade.

El caso tuvo otro impacto: la colza desapareció injustamente de la dieta de los españoles. La solución la dio la mercadotecnia: ahora se llama canola.