El presidente de Murcia pide que se archive el ‘caso Auditorio’, en el que está imputado

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha solicitado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad autónoma el archivo del caso Auditorio, en el que está siendo investigado por posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. La petición se basa principalmente en sentencias previas que avalarían la corrección de los trámites de adjudicación y en los informes de los peritos propuestos por la defensa.

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El abogado de Sánchez, Francisco Martínez-Escribano, ha tomado como argumento principal para pedir el archivo del caso una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia de mayo de 2012 que considera “trascendental” porque respalda “la legalidad” de la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras. Según explica el letrado, la sentencia es “taxativa en cuanto a que declara que el concurso no se ha hecho en fraude de ley, el contrato no se había adjudicado antes de publicarse la convocatoria y por tanto la administración no incurrió en desviación de poderes”.

El propio Sánchez ya habló a los medios de comunicación de esta sentencia después de declarar ante el alto tribunal el pasado 6 de marzo, e insistió en que la justicia avaló entonces el concurso llevado a cabo para adjudicar los trabajos, sin que se presentara recurso alguno.

El abogado hace un detallado examen de la sentencia y reitera que se trata de una sentencia firme “sobre los mismos hechos en los que se basan las acusaciones” planteadas ante el TSJ y que avala la actuación en la adjudicación de las obras, resolviendo “todas las cuestiones que se plantean en este procedimiento penal”.

Martínez-Escribano se apoya también en un auto del 8 de marzo de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ que indica que “el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo”, mientras que a la jurisdicción Penal solo le corresponden investigaciones sobre actos que constituyan “legalidades severas y dolosas” que supongan “un ataque consciente y grave a los intereses que las normas infringidas pretenden proteger”. En ese mismo auto, indica el escrito, el TSJ se remite a la doctrina del Tribunal Supremo para indicar que “no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos de la administración que puedan estar, o de hecho esté en contradicción con la ley”.

Además, destaca que “miembros del PSOE que en su día conocieron perfectamente la existencia de actuaciones administrativas, no recurriesen la adjudicación de la obra y pretendan ahora, en vía penal, unos resultados que ni siquiera intentaron lograr por la vía contencioso-administrativa”.

El escrito toma como referencia también los informes de los peritos de la defensa, y en base a ellos defiende que la modificación del proyecto inicial del auditorio se hizo de acuerdo con la ley y no alteró “las condiciones esenciales de adjudicación y licitación”. El abogado asegura que “estamos ante una obra completa, puesto que el proyecto modificado se ejecuta en su totalidad” e insiste en que todo el dinero de la subvención que la comunidad autónoma concedió para construir el auditorio se invirtió en la obra. Por último, manifiesta su “absoluta inconformidad” con los delitos de los que se acusa a Sánchez, y niega que haya indicios de que se hayan producido delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales, fraude y falsedad.

La petición del archivo del caso ha coincidido con la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, que este mediodía ha fijado oficialmente la fecha para el debate de la moción de censura contra el presidente autonómico. Tal y como estaba previsto, la moción se debatirá los próximos 5 y 6 de abril, y la votación se producirá en la tarde de la segunda jornada. Por el momento, no está garantizado que la moción de censura vaya a salir adelante, pues PSOE y Ciudadanos no han avanzado en el acuerdo necesario para ello. Ciudadanos pone como condición para dar su voto favorable la inmediata convocatoria de elecciones, algo a lo que no están dispuestos los socialistas.