El juez archiva la investigación que abrió el caso del fraude de la formación en Andalucía

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En abril de 2014, la policía hizo público un supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía con irregularidades, dijo, que podrían superar a las del caso ERE. El origen se situó en Málaga, donde se centraron inicialmente las pesquisas de la denominada operación Edu, pero la investigación terminó extendiéndose por toda Andalucía con distinto nombre y diligencias en 18 sedes judiciales. Tres años después, el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga ha archivado provisionalmente la pieza principal sobre las ayudas concedidas en esta provincia a 27 empresas, en la que estaban imputados 12 cargos políticos y funcionarios de la Administración autonómica. El sobreseimiento, pedido recientemente por la fiscalía, se puede recurrir.

En el foco estaba la concesión de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, a través de sendas resoluciones dictadas el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010. Había un grupo de seis investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre ellos, el que fuera delegado de Empleo en Málaga y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Juan Carlos Lomeña, y la exjefa del Servicio de Formación para el Empleo, María Isabel Almendro. La acción contra los otros seis investigados se dirigía por supuesta falsedad y estafa.

El juez Juan Pedro Jiménez ha concluido que no existen indicios de delito y declara en su auto, como le pidieron las defensas de los investigados, que la constitución de esta causa “no perjudica la reputación de los mismos”. El magistrado está de acuerdo con el ministerio público en que “lo único” que se ha podido comprobar durante la instrucción es que la Administración pública “se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados”. De 875 ciclos y expedientes de formación ocupacional en 2009 se pasó a 1.485 en 2010.

El juzgado separó 27 piezas de este procedimiento, sobre cada una de las empresas beneficiadas con una ayuda pública, y la mayoría de estas diligencias ha sido también archivada. Para el magistrado, ese descontrol del que habla por parte de la Administración “no supone que exista perjuicio patrimonial a los fondos públicos”, no ocurre esto simplemente porque la entidad no reuniera los requisitos exigidos para la subvención, ya que la Junta ha procedido a reclamar el reintegro de la misma.

A lo largo de la instrucción no ha quedado acreditado, “fuera de las meras sospechas o conjeturas”, que existiera “algún tipo de connivencia” entre los funcionarios y responsables del SAE en Málaga y las personas físicas y jurídicas a quienes se otorgó la subvención. El hecho de que la Intervención provincial fiscalizara las adjudicaciones “impide que se pudiera incurrir en arbitrariedad en la selección de la beneficiarios”, añade la resolución. Además, el número de departamentos implicados “hace imposible que puedan pasar inadvertidas cualesquiera irregularidades cometidas intencionadamente, de mutuo acuerdo” con un adjudicatario.

El juez también descarta que los técnicos encargados de seguir un expediente hayan participado en supuestas falsedades o cooperado en estafa o fraude. No existen vinculaciones con los beneficiarios de las ayudas “ni de tipo personal de amistad, ni familiar ni económicas”. Como expuso la fiscalía, entre la concesión de las subvenciones y la apertura de la causa penal, los funcionarios han ido cambiando de departamento “y no se puede sostener que quien lo haya sustituido, lejos de denunciar un ilícito penal, lo encubra”.

Hasta 18 juzgados repartidos por todas las provincias andaluzas han abierto diligencias por presunto fraude en el uso de ayudas públicas concedidas por la Junta para ciclos formativos que no se habrían realizado, no estarían bien justificados o cuyo coste habría sido inflado. Los jueces han ido expresando opiniones distintos sobre si existió o no delito, pero se impone la decisión de archivo. Así ha ocurrido en juzgados de Sevilla, Jaén y, ahora, Málaga.