Los testaferros de Obiang en España pagaron 140.000 euros para investigar a periodistas

Los Kokorev contrataron en Madrid a la empresa de comunicación Consultores Quantumleap (CQL), cuya misión era borrar las noticias negativas sobre sus actividades, colocar en los medios informaciones positivas sobre el Gobierno del dictador africano y publicar un libro que contradijera la investigación policial y judicial que ha conducido hasta la cárcel a tres miembros de esta familia; Vladimir, profesor de historia; su esposa Julia, periodista; y su hijo Igor. Vladimir, otro de sus hijos, continúa huido y en búsqueda y captura. Los Kokorev fueron detenidos en Panamá y extraditados a España. Hacienda les acusa de defraudar 18 millones de euros.

El contrato con Quantumleap, empresa presidida por Jesús Timoteo Álvarez, profesor y catedrático de Comunicación y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, se firmó en 2010 y comprometía a la compañía, entre otras acciones, a crear una página web favorable a los Kokorev, desarrollar una “investigación cualitativa de élite” y publicar un libro sobre Guinea Ecuatorial con la ayuda de estudiantes de la citada universidad. Las audiencias y sectores que la empresa iba a trabajar eran la Fiscalía Anticorrupción, los medios EL PAÍS, El Mundo y Canarias, entidades bancarias, Ministerio de Asuntos Exteriores, los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Exteriores y expertos en Guinea Ecuatorial y los secretarios y coordinadores del área de Exteriores o Internacional del PSOE, PP, CIU e IU.

Un manuscrito sugiere que se rastrearon las cuentas bancarias de dos informadores y un abogado

“El trabajo precisa destreza, discreción e inteligencia, aspectos que requieren obligatoriamente que sea realizado por un equipo profesional senior de gran experiencia”, señala el documento.

El libro prometido a la familia rusa se centraría en demostrar el verdadero papel de los Kokorev y de su empresa Kalunga Company con el presidente Obiang. Y utilizarlo “para una campaña de relaciones personales, con metodología de lobby para acceder a todos los puntos de interés y resolver las situaciones concretas con las que nos encontremos”, dice el contrato. La cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense “encarga a un autor o dos autores (doctorando o alumno de doctorado más periodista) la elaboración de un informe / tesis sobre el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial el año 2004... Este informe / tesis debe incluir dentro de la descripción general del acontecimiento uno o dos capítulos que aclaren aquellas cuestiones de interés para la familia Kokorev”. La coordinación de este trabajo quedó a cargo de Jesús Timoteo y Vladimir Kokorev, padre, y el coste estimado se fijó en 40.000 euros.

Sobre la presencia del apellido Kokorev en los medios, en especial en EL PAÍS, la empresa de comunicación hace una propuesta de acción que obliga a “llevar a cabo una investigación cualitativa de élite con técnicas de inteligencia buscando entre los firmantes y responsables de las noticias los motivos por los que periódicamente se vuelve sobre el tema. Hay que conocer las razones reales de la situación para poder establecer una estrategia de respuesta y soluciones”. Y estima que se trata de “una operación cara” que cifra entre 15.000 y 27.000 euros.

Entre la documentación encontrada en la casa del matrimonio Kokorev durante el registro policial aparecen tres extensos informes sobre el abogado Manuel Ollé que, en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presentó la querella contra Obiang que inició judicialmente este caso, Antonio Rubio, periodista de El Mundo que informó sobre el mismo, y sobre el redactor de EL PAÍS que desde el año 2007 sigue la pista de los 30 millones de euros recibidos por esta familia rusa en una cuenta abierta en un banco de Las Palmas a nombre de la sociedad Kalunga Company S. A.

La información que contienen esos informes refleja lo que la consultora de comunicación denomina “investigación cualitativa de élite”, un extenso perfil de su actividad profesional y la repetición de graves y falsas insinuaciones que ya hace varios años los Kokorev consiguieron publicar en artículos sin firma de medios rusos como Pradva. Entre la documentación incautada a los Kokorev, aparecen notas escritas a mano, presumiblemente por trabajadores de la citada consultora que apuntan a que se investigó las cuentas corrientes del letrado y los periodistas. Una nota escrita a mano y titulada “Falta por comprobar” habla del “origen de un ingreso extraordinario del 2006” y concluye que “no existe una trama” entre estas tres personas.

El presidente de la agencia es profesor de la Complutense y solo recuerda  trabajar para Kokorev cuando se le muestra el contrato

Jesús Timoteo Álvarez, de la consultora Quantumleap, niega haber firmado “ningún contrato” con Vladimir Kokorev aunque reconoce que le conoció en la Universidad Complutense y que intentó ir a verle a la cárcel cuando fue detenido porque “es amigo mío, buena persona y muy inteligente”. Solamente cuando el periodista le muestra una fotocopia del contrato con el anagrama de su agencia, el título “Kokorev. Plan de trabajo y tiempos” y la apostilla “Altamente confidencial”, así como una factura del primer pago de 35.000 euros firmada por él y su cliente ruso, reconoce haber trabajado para él. “Han pasado muchos años y ya no me acordaba. Le ayudé a responder a los ataques que los periódicos hacían contra él. A buscar argumentos para reaccionar frente a esas informaciones. Los perfiles de ustedes los periodistas, si eso es posible”.

- ¿Y el libro sobre Guinea Ecuatorial se publicó?

- Sí, responde Álvarez

-¿Cómo se titula?, ¿Cuántos ejemplares tiraron?, ¿Sus autores eran profesores de la Complutense? Ustedes cobraron por ese libro 40.000 euros.

- No lo sé, no me acuerdo. Para darle el título tendría que pedir permiso a sus autores.

Álvarez niega que su agencia de comunicación investigara las cuentas del abogado o los periodistas y reconoce que encargó a Carmen Fernández Camacho, profesora de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un informe “pericial periodístico” que se acompañó a una querella criminal por calumnias e injurias presentada por Vladimir Kokorev contra EL PAÍS. La profesora concluía que las informaciones de este diario presentaban "hechos manipulados, falseados o simplemente inventados” por el autor de las informaciones.

El auto de Antonio Sáenz de San Pedro, magistrado del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, archivó la querella y destacó que esos artículos eran veraces, neutrales y basados en informes policiales. “No son afirmaciones gratuitas o inventadas…. Sino que transcriben literal o literariamente el contenido de un denso informe policial, lo que en ningún caso oculta el periodista”.

El presidente de Quantumleap afirma no recordar cuanto cobró a los Kokorev por la redacción del informe “pericial-periodistico”, ni cuanto pagó a la profesora por su redacción.

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