Homs en el Supremo: “No había forma humana de entender” la resolución del Constitucional sobre el 9-N

El diputado Francesc Homs ha asumido este lunes su plena responsabilidad en la consulta del 9-N sin renunciar, al mismo tiempo, a defenderse de los delitos (desobediencia y prevaricación) por los que se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo. Homs ha seguido la misma senda que marcó el expresident Artur Mas —ya juzgado por los mismos hechos— y que pasa por mantener un sutil equilibrio entre lo político y lo jurídico. “Asumo todos los hechos, pero no asumo que se haya cometido un delito. Eso es lo que discuto”, ha explicado el diputado del PDECat en su declaración, de unas dos horas y media.

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El Gobierno catalán organizó un “proceso de participación” —es el concepto que ha repetido Homs— para el 9 de noviembre de 2014. Y lo mantuvo en marcha pese a que, cinco días antes, el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido cualquier actuación para llevarlo a cabo. Pero, según el exportavoz del Gobierno catalán, la resolución era “inconcreta”, de modo que “no se sabía qué se podía hacer y qué no”. “No había forma humana de entender el alcance de la providencia”, ha insistido Homs, quien, a diferencia de Mas, sí ha respondido a las preguntas de la fiscalía.

“Tomamos la decisión de mantener el proceso de participación, no podíamos hacer otra cosa”, ha defendido el diputado, que ha lamentado que el Constitucional no respondiera a tiempo (o sea, antes del 9-N) al recurso del Gobierno catalán para aclarar qué es lo que, exactamente, quedaba prohibido. Homs ha intentado reducir al absurdo la acusación, que incluye en su relato el alquiler de un pabellón para atender a la prensa la noche del 9-N, después de que más de dos millones de catalanes emitieran su voto. “¿El Gobierno no podía hacer una comparecencia pública?”, se ha preguntado de forma retórica.

La Generalitat había convocado una primera consulta oficial, pero fue suspendida de forma “muy clara”. “Por eso el Gobierno catalán obedeció y la anuló”. Lo que Mas convocó después (el 14 de octubre de 2014) era otra cosa, según Homs: un “proceso de participación” hecho con la ayuda de más de 40.000 voluntarios. La fiscalía replica que la contratación de servicios a empresas privadas para organizar el 9-N fue esencial, y que los trabajos se prolongaron después del veto del Constitucional; de ahí el delito de desobediencia. La segunda resolución del Constitucional, en cambio —siempre según Homs— “lo mandaba todo, y el todo y la nada son sinónimos”. Por eso, ha concluido, era “imposible darle cumplimiento”.

La fiscalía cree que el contenido de la resolución del 4-N está perfectamente claro y pide penas de inhabilitación para Homs por seguir adelante con la consulta pese al veto. Uno de los indicios contra quien fue mano derecha de Artur Mas es una carta que firmó el 6 de noviembre. El entonces consejero de Presidencia dio el visto bueno para que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información —un órgano de la Generalitat— informara a T-Systems —una de las empresas contratadas para organizar la consulta— de que podía y debía seguir adelante con los trabajos. Tras advertir (de nuevo la defensa jurídica) de que la carta “no es una resolución administrativa”, Homs ha admitido que la redactó, y que lo hizo porque el Constitucional en ningún caso le indicó “qué tenía que hacer con los proveedores”.

Homs ha evitado convertir su declaración en un discurso político, como sí hizo Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El diputado ha subrayado, por ejemplo, que aunque supo de la resolución del 4-N (“era público y notorio”) no se le comunicó “personalmente”. Homs ha pretendido así blindarse jurídicamente, ya que ese requerimiento personal es uno de los requisitos que fija la jurisprudencia para el delito de desobediencia.

El diputado ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy “ridiculizó” y “mostró un desprecio absoluto” al proceso participativo anunciado por Mas. Ha citado en su defensa, como ya hizo Mas, el informe de la junta de fiscales de Cataluña, que no apreció indicios de delito. Y ha recordado que la jornada del 9-N se celebró sin que ninguna institución del Estado la detuviera. “¿Por qué, siendo todo público y notorio, nadie hizo nada? No se puede exigir a la Generalitat que fuera la única institución en paralizar aquella actuación”. Homs ha lamentado que el tribunal haya rechazado la declaración, como testigos, del exfiscal general Eduardo Torres-Dulce y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Las declaraciones de la tarde (8 testigos) giraron alrededor de la carta de Homs y los trabajos encargados por la Generalitat. Tres responsables de la empresa T-Systems -que se encargó de los trabajos informáticos- explicaron que la resolución del Tribunal Constitucional les generó “dudas” sobre si podían seguir adelante con los trabajos. Y agregaron que enviaron una carta al CTTI, de la Generalitat, para saber si debían seguir adelante o paralizar el servicio. “Teníamos que cumplir los trabajos, pero también cumplir la ley”, resumió el director general de T-Systems, José Manuel Desco. La Generalitat les contestó que sí y la empresa siguió adelante.

Tal como admitió un empleado de T-Systems, Bernat Rigau, los trabajos continuaron después del veto del Constitucional. La Generalitat, dijo Rigau, pidió “soporte técnico” durante la jornada de participación del 9 de noviembre. El propio director del CTTI, Jordi Escalé, reconoció en la misma línea que algunos trabajos se entregaron después de la resolución del 4 de noviembre.

Escalé, que ya no está en el cargo, afirmó que tras la resolución, el Departamento de Gobernación “ordenó paralizar” la web creada por la Generalitat para impulsar la consulta (participa2014.cat). Desde entonces, no se introdujeron “nuevos contenidos”, aunque Escalé subrayó que era “imposible eliminar el contenido completo” de la página. También declaró el entonces presidente del CTTI y consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, un histórico peso pesado del nacionalismo catalán, consejero con los gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas. Puig señaló que se limitó a trasladar la consulta de T-Systems a Homs. “En el Gobierno habíamos acordado que cualquier duda que pudiera surgir se derivara al consejero de Presidencia”, explicó.