El cierre de una ONG frustra la adopción internacional de un centenar de familias

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Los problemas económicos de la ONG Addis Galicia, Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI), acreditada por el Gobierno gallego, ponen el punto final a las adopciones en Etiopía y Burundi que llevaban tramitando desde hace cinco años casi un centenar de familias españolas en esta entidad. La Consellería de Política Social ha notificado este miércoles a los afectados el “cierre inevitable” de la ECAI explicando que Addis Galicia “no puede cumplir con el plan de viabilidad económica presentado ante esta Dirección Xeral”.

El anuncio del cierre de la entidad ubicada en Vigo se produce solo una semana después de que la misma consellería autorizase a la ONG el cobro a las familias de unas tarifas extraordinarias para continuar con los trámites de 6.700 euros a los adoptantes en Burundi y de 14.000 a los de Etiopía, a mayores de los 10.000 ya comprometidos en la firma del contrato y abonados casi en su totalidad por las familias.

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, justificó entonces la subida asegurando que era necesaria para “desbloquear los procesos” adoptivos paralizados desde 2012 y que atribuyó a los “cambios que imponen los organismos públicos” de los países de origen e incluso los orfanatos. Aseguró que daba el visto bueno a esos incrementos de las tasas tras “estudiar con todo el rigor” las nuevas condiciones de la ONG.

En el caso de Burudi, en donde esta ECAI era hasta ahora la única que gestionaba adopciones en España, el cierre afecta a 30 familias con expedientes abiertos. Diez son de Andalucía y nueve de Galicia mientras que el resto corresponden a Madrid, Valencia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. A estos se suman los 51 (49 gallegos y dos asturianos) que estaban e marcha para adoptar en Etiopía.

Transcurrida una semana, el mismo gabinete de la Xunta sostiene que el cierre se produce porque la ONG no ha conseguido el mínimo de 20 expedientes “imprescindibles para continuar prestando sus servicios”. Solo 14 familias (diez con trámites en Etiopía y cuatro en Burundi) aceptaron las nuevas tarifas para poder continuar con sus trámites de adopción.

La Xunta no se hace responsable ni de los expedientes de adopción ni de las devoluciones de los importes abonados por los solicitantes. “Como en cualquier caso de cierre y dado que la relación entre los solicitantes y los organismos es una relación contractual privada, se procederá a la liquidación de los gastos de acuerdo con los términos del contrato”, ha asegurado un portavoz oficial de la Consellería de Política Social. Sostiene que “en ningún caso” el gobierno gallego podría gestionar los procesos adoptivos que ahora se ven truncados en esos dos países dado que su competencia “se limita a acreditarlos para tramitar expedientes en un país extranjero y a autorizar las tarifas que pueden cobrar a los solicitantes de adopción por la tramitación”. No obstante, afirma que la ONG se ha comprometido a gestionar “hasta su finalización” los que están cerrándose ya: cuatro en Etiopía, siete en Burundi y dos en Burkina Faso.

Las familias con las que ha contactado este diario afirman encontrarse “en estado de shock” por más que el anuncio de las nuevas tarifas ya los hubiese puesto en alerta la semana pasada “porque no figuraban en el contrato que habíamos firmado”. Para la mayoría, el nuevo pago carecía de la mínima garantía por lo que la autorización de la Xunta a la ECAI en las condiciones en las que esta se encontraba les lleva a cuestionar el papel de la administración gallega.