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Rajoy ha diseñado su actual Gobierno con dos mandatos prioritarios para esta legislatura: ocuparse al fin de Cataluña y asentar la creación de empleo y todo lo que ello significa. Por esa razón nombró en noviembre “ministra para Cataluña” (con el sobrenombre de Administraciones Territoriales) a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la liberó de otras tareas.

La vicepresidenta ha establecido una vía de comunicación con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, porque el Gobierno piensa que es el único interlocutor del Ejecutivo de la Generalitat que tiene alguna posibilidad de continuar ejerciendo en el futuro responsabilidades tras la marcha anunciada de Puigdemont, los problemas judiciales pendientes de Artur Mas y el vacío de poder o representatividad en el ámbito de la antigua Convergència. El 10 de enero, justo el día antes de que se encontraran Rajoy y Puigdemont, la vicepresidenta estuvo en el despacho de Junqueras. Ambas reuniones estaban pensadas en principio para no hacerlas públicas. En el Gobierno central interpretan que la división y los celos entre el PDECat y ERC provocaron la filtración de ambos encuentros. Sáenz de Santamaría informa de todas esas líneas de diálogo abiertas a Rajoy y de la delicada situación interna entre los dos partidos nacionalistas, teóricamente socios. El presidente pensó, con la excusa de que Puigdemont había anticipado que no quería acudir el 17 de enero a la conferencia de presidentes autonómicos, que sería bueno sondearle directamente.

En las antípodas

El encuentro se cerró en secreto entre los jefes de gabinete de ambos presidentes para el 11 de enero. Puigdemont acudió a un almuerzo en La Moncloa que duró casi dos horas y ambos comprobaron que viven políticamente en las antípodas. No coincidieron en casi nada aunque Rajoy sí le avanzó que tenían la posibilidad de dialogar de otras preocupaciones de los catalanes tan concretas y ajenas a la consulta como el empleo, las pensiones, la financiación y las infraestructuras. Es el mismo catálogo de asuntos que repitió ayer cuando se le preguntó si confirmaba la cita, adelantada por La Vanguardia: “Es momento de volver a la sensatez, al sentido común y terminar con esto, que lleva ya cinco años y no ha conducido a nada positivo para los ciudadanos de Cataluña. Mi disposición es la mejor y yo, efectivamente, quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar España ni la ley”.

Todos los portavoces del Gobierno y el PP repitieron así en público el mismo argumentario: “Ni se confirma ni se desmiente”. En privado, los colaboradores más próximos de Rajoy apuntaron que visto el mal resultado de esa reunión no tenía sentido organizar otra oficial para ratificar en público posturas tan encontradas. Y remarcaron el grave problema de falta de comunicación fiable con los dos partidos nacionalistas que gobiernan la Generalitat (PDECat y ERC), a los que se ve cada día más divididos, pensando en sus intereses electorales y atados a los radicales de la CUP.