Garoña abre el camino para la ampliación de la vida del resto de centrales nucleares

El aval del Consejo de Seguridad Nuclear —que previsiblemente se concederá en el pleno de este miércoles— es imprescindible para que Garoña pueda operar hasta 2031, como solicitaron sus propietarios. El informe que la dirección del CSN ha enviado al pleno —que controla el PP— es favorable. Tras el visto bueno del CSN, será el Ministerio de Energía el que concedería la licencia de reapertura. En la planificación energética del Gobierno para 2015-2020 se daba ya por hecho que la central se reengancharía a la red. Álvaro Nadal, ministro de Energía, ha sostenido este martes que el informe del CSN es "básico para cualquier decisión que tenga que tomar el Gobierno".

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La mayoría del Congreso rechaza la apertura, según han señalado a EL PAÍS los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos este martes. Los tres critican el proceso seguido en el CSN. La dirección del supervisor envió a los propietarios de la central —Endesa e Iberdrola— un escrito en marzo de 2015 en el que les indicaba que, para poder emitir su informe sobre la reapertura, era "necesario" que se realizaran previamente una serie de obras, como un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva o cambios en el sistema eléctrico. Pese a que no se han ejecutado —como se reconoce en el informe final del CSN— el dictamen es favorable. Eso sí, se establece que, antes de que la central se reenganche, estas y otras actuaciones se deben acometer.

"Se está buscando sentar un precedente para el resto de centrales", sostiene Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, que critica que se conceda el aval a pesar de no haberse acometido las obras. Lo mismo reprocha Pilar Lucio, del PSOE: "Se está facilitando la labor para todas las centrales".

Juantxo López de Uralde —portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos— destaca "el incumplimiento de las condiciones" y resalta lo extraño de este caso. En 2009, Garoña ya recibió el aval del CSN para poder operar diez años más —con lo que se superaba esa frontera de los 40 años que el PSOE rechaza ahora para todo el parque nuclear—. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, solo le concedió cuatro años más. Y en 2012, antes de que se cumplieran, los propietarios desengancharon la central de la red. Luego, dos años después, solicitaron al Gobierno el permiso para reabrir y para funcionar hasta 2031.

Esto último es lo que ha estado estudiando ahora el CSN. "La legalidad se ha ido acomodando a los intereses de la industria nuclear, y no al revés", se queja López de Uralde.

Sin debate

Pero Garoña no supone prácticamente nada para el parque nuclear español. La electricidad que generó en su último año de funcionamiento solo representó alrededor del 6% de la producida por todas las centrales. De hecho, uno de sus propietarios —Iberdrola— ha mostrado dudas sobre la viabilidad económica de reabrir. Y, aun así, el CSN ha continuado con el expediente de reapertura. Las dos propietarias prefieren esperar al informe del CSN antes de pronunciarse sobre el futuro.

"Garoña es solo una batalla en la ampliación de la vida de las centrales", apunta López de Uralde. "Este debate no debería hacerse en el contexto de una central concreta", añade. Un debate amplio sobre el futuro nuclear es lo que han reclamado en varias ocasiones (sin éxito) al Gobierno PSOE, Podemos y Ciudadanos. Lucio recuerda que, en noviembre, estos partidos solicitaron a Nadal una reunión para abordar este tema y que no ha habido respuesta. Podemos, ahora, se plantea llevar al Congreso una proposición de ley —ya se aprobó una no de ley— para tratar de impedir que Energía conceda el permiso final de reapertura a Garoña.

Pero las tres formaciones coinciden en que lo importante será qué ocurra con el resto de centrales. La más grande del país —Almaraz, en Cáceres— debe solicitar en breve los permisos y quiere funcionar más de 40 años.

Almaraz, la más potente de España, solicitará este año la renovación

La central nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, es la más potente de España. En 2015 generó el 29,2% de la electricidad del sector nuclear nacional. Esta fuente de energía, a su vez, aporta el 20% de toda la electricidad del país.

Almaraz tiene dos reactores. El primero empezó a funcionar en septiembre de 1983 y el segundo en julio de 1984. Su vigente licencia está fechada el 8 de junio de 2010 y es para un periodo de diez años, es decir, hasta 2020. El texto del permiso establece que, "con un mínimo de tres años de antelación a la expiración" —es decir, antes del 8 de junio de este 2017—, los propietarios de la instalación podrán solicitar al Gobierno "una nueva autorización".

Los responsables de la central —propiedad de Iberdrola (52,6%), Endesa (36%) y Gas Natural (11,3%)— ya han anunciado que presentarán la solicitud para operar más allá de los 40 años. Quieren llegar hasta los 50 o 60 años. Argumentan sus responsables que las centrales de EE UU tienen ya los permisos para operar hasta los 60 años.

Fuentes del sector señalan que la intención de Almaraz es presentar en mayo la petición ante el Ministerio de Energía para renovar la licencia de funcionamiento. Comenzará entonces un proceso similar al seguido ahora en el Consejo de Seguridad Nuclear con Garoña.

Almaraz se ha situado ya en el centro de varios enfrentamientos entre España y Portugal. El más reciente, por la autorización que el Ejecutivo español ha concedido a sus propietarios para la construcción de un almacén para sus residuos radiactivos. Las piscinas que guardan dentro de las instalaciones están alrededor del 90% de su capacidad y, ante la parálisis del silo centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), Almaraz necesita ese almacén individual para poder seguir operando, al margen de que se le permita ir más allá de las cuatro décadas de vida.

Portugal considera que la evaluación ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta los efectos transfronterizos —la central está a unos 100 kilómetros del país vecino—. El Gobierno portugués ha presentado ya una queja formal ante la Comisión Europea.

Según señala un portavoz de medio ambiente de la Comisión Europea, Portugal ·se ha basado en el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea·. Esto supone que el país vecino quiere llevar el conflicto hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión ya está en contacto con ambos Estados para que ofrezcan su argumentación. Tiene de plazo tres meses para emitir "un dictamen motivado", añade este portavoz de la Comisión.

Portugal no ha ocultado que el principal temor no es ese almacén para residuos nucleares, sino la posibilidad de que se permita a la central operar más allá de los 40 años, como pretenden sus propietarios. Así lo han manifestado en varias ocasiones las autoridades de Portugal.