“La claridad de los textos es un deber para el jurista”

Cada día, los ciudadanos no versados en Derecho —y no pocos con conocimientos más o menos profundos de leyes— se enfrentan a textos jurídicos y legales farragosos, oscuros o directamente ininteligibles. Fórmulas arcaicas, latinismos lanzados para lucimiento del escritor, párrafos que ocupan una página entera sin solo un punto, formas verbales obsoletas y otros rasgos estilísticos indeseables asaltan a quienes se enfrentan con las comunicaciones de la Justicia y la Administración.

“Hay sentencias maravillosamente bien escritas, que se entienden muy bien porque el magistrado tiene gusto por escribir bien, y otras en las que las palabras están tiradas contra el ordenador, sin preocupación por la congruencia”, constata Santiago Muñoz Machado, secretario de la Real Academia Española (RAE) y director del Libro de estilo de la Justicia. Este manual, editado en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y redactado por el también académico Salvador Gutiérrez, catedrático de Lingüística, es la última pica en la lucha por la transparencia del español legal.

La batalla por un lenguaje jurídico claro abarca 25 siglos. El Derecho Romano ya fijó el principio de que "las leyes deben ser comprensibles por todos" (Leges intellegi ab omnibus debent). Esta estela latina fue continuada, entre otros, por Alfonso X El Sabio en sus Partidas, por Montesquieu en El Espíritu de las Leyes (1747) y, más recientemente, por los programas de calidad legislativa de la Unión Europea. Sin embargo, el español legal sigue aquejado de hermetismo.

Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, atiende a EL PÁIS en la biblioteca de la Academia, ante la mesa en la que trabaja habitualmente. “Es difícil concentrar la crítica al lenguaje jurídico en elementos específicos”, afirma. Y sostiene que en el mundo del derecho, tanto el teórico como el aplicado en leyes y sentencias, “se ha asumido la claridad como un deber y también como un derecho que tienen los ciudadanos”.

Los jueces ahora se miran cada vez más al ombligo y recuerdan continuamente la jurisprudencia

El coordinador del Libro de Estilo considera que los defectos de claridad de los textos jurídicos “se deben casi siempre al arrastre que tienen expresiones y conceptos históricos que ahora deberían ser superados y sustituirse por expresiones más corrientes”. Muñoz Machado aboga por “prescindir de ese lenguaje arcaico que no entiende la mayoría de ciudadanos”.

Este esfuerzo por modernizar el lenguaje, afirma el académico, no implica desterrar ciertas expresiones, como algunos latinismos (habeas corpus, in dubio pro reo…), que el hablante formado ha incorporado a su acervo lingüístico. Suprimirlas, entiende el Muñoz Machado, podría acarrear un divorcio de las fuentes del derecho y de las fuentes del idioma. “El derecho es un lenguaje técnico y no puede prescindir de su tecnicidad. Tiene ese tipo de expresiones que no hay que vulgarizar. Además, cada una de esas expresiones latinas en muchos casos representa instituciones que para explicar en castellano necesitarían muchas páginas. No pretendemos la exclusión de los latinismos: forman parte de la tradición y la tecnología jurídica, y son muy útiles y las sigue utilizando habitualmente la jurisprudencia. No se puede imponer a los tribunales ni a los juristas formas del lenguaje que les son externas o que excluyen algo que han usado siempre”, recalca.

El Libro de Estilo, que presentará este miércoles el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, junto al director de la RAE, Darío Villanueva, complementa al Diccionario Jurídico del Español, presentado en abril de 2016 y que cuenta ya tres ediciones. Este tesauro avanza en su edición panhispánica y digital. Muñoz Machado, que también coordina esta obra, mantiene contactos estos días con los tribunales supremos y con la academias de la lengua de los países de habla española para dar forma a la obra.

Se está abusando del copiar y pegar que permiten las computadoras y las bases de datos

Preguntado por si los países de América Latina reproducen en sus textos jurídico-legales los mismos vicios que España, afirma: “Sí, ellos han aprendido derecho de nosotros, las fuentes jurídicas que manejan tienen una raíz hispana, de aquí que la diversidad que hasta ahora se ha producido en el lenguaje jurídico panhispánico no sea muchísima. Pero sí se observa una tendencia a la dispersión, cosa que perjudica también a la unidad de la lengua española, que no se puede fragmentar por ninguna parte y el derecho es uno de los puntales que hay que cuidar”.

Algunos tribunales españoles están avanzando en normas de estilo internas. Así, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha impuesto a los abogados que presentan escritos un límite genérico de 25 folios. Muñoz Machado ve bien la idea siempre que se aplique con flexibilidad. “Me parece una buena decisión, porque es verdad que actualmente se está abusando mucho del copiar y pegar que permiten las computadoras y las bases de datos. Para los letrados y los propios jueces es muy cómodo pero los escritos se hacen muy pesados, prácticamente ilegibles”, asegura.

El académico, de hecho, aboga por extender estas limitaciones a las sentencias de los tribunales. “Los jueces ahora se miran cada vez más al ombligo y recuerdan continuamente la jurisprudencia en la que se van a basar, no innovan nada, sino que repiten y recuerdan lo que han escrito en ocasiones anteriores, y eso lo hace hasta el aburrimiento el Tribunal Constitucional, que recuerda una y otra vez lo que viene diciendo”, afirma.

La comunicación es un proceso en dos direcciones, entre el emisor que lanza el mensaje y el receptor que trata de descifrarlo. Muñoz Machado no ve con malos ojos que los ciudadanos reciban en la educación secundaria nociones sobre la Constitución y las normas fundamentales. "Estudiando un poco de constitución probablemente se entendería el lenguaje jurídico en general, pero no es el lenguaje del derecho un lenguaje demasiado complejo. Es un lenguaje técnico, pero la parte técnica del lenguaje del derecho es menor, usa un vocabulario bastante común. Bien escrito o bien expresado lo tendría que entender todo el mundo", señala.