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Carmena y Colau, dos proyectos sociales frente a frente

Madrid y Barcelona impulsan políticas similares en movilidad, alquiler social o remunicipalización

Vista de la Gran Vía de Madrid, este sábado. Ampliar foto
Vista de la Gran Vía de Madrid, este sábado.
Barcelona / Madrid

Las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, llevan un año y medio en el poder. Ambas irrumpieron en el panorama político tras trayectorias alejadas del ámbito institucional, como activista una, y jurista la otra. Sus promesas giran en torno a una forma más horizontal de hacer política, de recuperar servicios públicos privatizados, emprender medidas para reducir la brecha social entre barrios y hacer las ciudades más habitables desde el punto de vista medioambiental. Estas son algunas de las políticas concretas que han puesto en marcha en materia de vivienda, movilidad, servicios sociales, participación o remunicipalizaciones.

Funeraria municipal

Barcelona es la ciudad donde más es caro morirse, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que analizó 31 municipios españoles. Un entierro de media cuesta 6.400 euros y la cuestión protagoniza desde hace años los informes de la Síndica de Barcelona, la defensora del pueblo municipal, que reclama que entren nuevos operadores en el mercado. El gobierno de Colau ha iniciado ya los trámites para crear una funeraria municipal para romper el actual oligopolio, una situación que es fruto de la venta, por parte del gobierno del PSC en 2010, de su participación en la funeraria municipal. El actual equipo asegura que crear una funeraria es más económico que recomprar la parte que vendió. Los entierros costarán a partir de 2.400 euros.

Madrid. El Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha remunicipalizado en su primer año de gobierno la funeraria municipal, gestionada desde 1992 según una fórmula público-privada. La medida, que representaba una de las promesas electorales de la alcaldesa, tiene el objetivo de relanzar las inversiones en 14 camposantos de la ciudad, abaratando el coste de los entierros, que en Madrid sale, de media, por 4.765 euros. Con este fin, el Consistorio ha dispuesto una partida de 33 millones hasta 2019. Los sindicatos apoyan la remunicipalización, mientras que la oposición considera que se perderán puestos de trabajo y que se incrementará el gasto para las arcas públicas.

Otras remunicipalizaciones

Barcelona. Más allá de los servicios funerarios, Colau quiere recuperar la gestión pública del agua, para lo que ya tiene el aval político del pleno, y crear un operador energético. También ha revertido la privatización de guarderías municipales, que construyó el Ayuntamiento pero gestionaban empresas privadas; y ha internalizado las empleadas de los centros de atención a las mujeres, unas 60. En cambio, descarta otras municipalizaciones, como la del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, por la complejidad que supone (son 260 millones anuales, el 10% del presupuesto).

Madrid. El Ayuntamiento quiere crear una empresa de servicios medioambientales y de mantenimiento de zonas verdes para lidiar con la suciedad. La limpieza copa las quejas de los madrileños (una de cada tres reclamaciones registradas por el Consistorio tiene como objeto temas de medio ambiente) y Carmena espera sortear con esta nueva sociedad unos problemas que dice estar heredados de la época de la anterior regidora, Ana Botella (PP). La creación de esta empresa dependerá de la capacidad del Ayuntamiento de resolver su pulso con Hacienda ante el incumplimiento previsto de la regla de gasto en más de 200 millones en 2017.

Pisos para los sin techo

Barcelona. En Barcelona hay 3.000 personas sin hogar, de las que mil duermen en la calle (el 72% desde hace más de tres años). Para sacar de la calle a estas personas, una de las principales apuestas del Ayuntamiento es impulsar el housing first, triplicando los 50 pisos actuales hasta 150 en 2019. La receta, originaria de Nueva York, la ciudad del primer mundo con más gente viviendo en la calle, consiste en facilitar un piso a las personas que viven en la calle con la premisa de que la vivienda es un derecho y que, con la intimidad y seguridad que proporciona, es palanca del proceso de reinserción. Las únicas condiciones que se exigen para entrar en el programa son aportar un porcentaje de ingresos si las personas los tienen; no provocar problemas de convivencia con los vecinos; y aceptar apoyo de la administración, aunque sin la obligación de, por ejemplo, dejar el alcohol o hacer cursos de formación laboral.

Madrid. El modelo housing first también tiene cabida en Madrid. En su primer acto, tras llegar al Área de Equidad, la concejal Marta Higueras visitó una de las 20 viviendas municipales destinadas a personas sin hogar. Para este año, el Ayuntamiento quiere duplicar el número de estos pisos y añadir otros 70 en 2017. Las personas que pueden acceder a estas viviendas protegidas tienen que abonar unos 60 euros mensuales, para que durante su acompañamiento social se acostumbren a tener obligaciones sobre estos pisos. Entidades sociales subvencionadas por el Ayuntamiento se ocupan de ayudar a las personas sin hogar a las que se le concede un piso social ya amueblado. Para su permanencia, la condición es estar en tratamiento contra la drogadicción o alcoholismo, no molestar a los vecinos y participar en los cursos para buscar empleo.

Alquiler social

Barcelona. Los pisos de protección que pasadas unas décadas se descalificaban y pasaban a ser propiedad de sus inquilinos son ya historia en Barcelona. Todas las políticas de aumento del parque público de vivienda pasan por el alquiler (ahora el alquiler social es apenas el 1% del total), para que los pisos pertenezcan a la ciudad, y el equipo de Colau plantea múltiples fórmulas para hacerlo. Desde la forma clásica de promover y construir pisos a través del Patronato Municipal de Vivienda, hasta cediendo solares a cooperativas de vivienda, creando una promotora de capital mixto, captando pisos vacíos de vecinos que los cedan para alquilarlos a precio social, habilitando locales vacíos como viviendas o incluso haciendo remontas en bloques ya construidos que no han agotado la edificabilidad.

Madrid. La lucha contra la venta de pisos protegidos a fondos de inversiones fue uno de los leitmotiv de la campaña electoral de la confluencia de fuerzas alrededor de Podemos que gobierna la ciudad desde 2015. En abril, Carmena dijo que quería contar al final de su mandato con 4.000 nuevas viviendas sociales. En noviembre, regularizó 88 viviendas sociales ocupadas, y en diciembre anunció la cesión de diez parcelas, donde prevé construir 1.150 viviendas (con una inversión de 100 millones). El Ayuntamiento tiene, de momento, un parque de 6.280 pisos destinados a alquileres sociales, y una lista de espera de solicitudes de alrededor de 9.000 casos. Tras las presiones del PSOE, el gobierno de Ahora Madrid ha aceptado enfocar su estrategia hacia el alquiler social: su ambición es armonizar su oferta a la de otras capitales europeas, como Viena, Berlín y París.

Movilidad

Barcelona. El equipo de Colau está decidido a eliminar coches del tráfico para reducir la contaminación, que cada año provoca 3.500 muertes en el área metropolitana. Aparte de las medidas que prepara para episodios puntuales, a partir de 2020 los vehículos más contaminantes no podrán circular por la ciudad, sea cual sea el nivel de polución. También dará abonos anuales del transporte público o para las bicicletas públicas a quien dé de baja un coche contaminante. Con todo, no concretará estas medidas hasta 2017. En paralelo, el ejecutivo tiene como proyecto estrella en movilidad unir los dos tramos de tranvía existentes en los extremos de la ciudad por la avenida de la Diagonal; implementar supermanzanas (grupos de manzanas con tráfico restringido) y quiere triplicar la red de carriles bici. También culminará la red ortogonal de autobuses (con numeración que depende de si las líneas tienen trayectos horizontales, verticales o en diagonal).

Madrid. Peatonalizaciones y carriles bicis son dos ejes del modelo de movilidad de Ahora Madrid. La ciudad incumple año tras año los límites de polución establecidos por la Unión Europea y el compromiso de Carmena es crear una zona restringida al tráfico en todo el centro de la ciudad, que debería alcanzarse en 2017. En los alrededores quieren reducir la velocidad y ampliar la red de carriles bicis. La medida estrella es, en este sentido, la peatonalización de la Gran Vía, que la alcaldesa quiere alcanzar antes de 2019. El Ayuntamiento ha cerrado en plena época navideña el tráfico en esta gran arteria de la ciudad, ampliando las aceras. Sin embargo, la decisión ha despertado las críticas de la Comunidad de Madrid, del consorcio de transportes, que gestiona la red de metro y autobuses, y de algunos comerciantes que achacan al Consistorio falta de planificación y de información.

Moneda local

Barcelona. La implantación de una moneda local para fomentar el comercio de proximidad y que la riqueza se cree y se invierta en la ciudad, fue uno de los puntos más destacados del programa electoral de Colau. La moneda será virtual (se pagará a través de una aplicación de móvil) y comenzará a implantarse en 2019 en los barrios (en el eje que dibuja el río Besòs) que recibirán ayudas extraordinarias para luchar contra la brecha social. La idea original es que más allá de las compras de barrio se pueda pagar a los funcionarios o proveedores con esta moneda.

Madrid. No existe una propuesta sobre la implantación de una moneda local. En cuanto a las propuestas más originales, la ciudad está involucrada en ampliar sus mecanismos de participación ciudadana, impulsando el voto telemático. Por esta vía ha delegado a la ciudadanía la toma de decisiones de gran calado, como la rehabilitación de la plaza de España, y ha presupuestado 60 millones para proyectos votados online. Sin embargo, de momento, el mayor problema es la escasa participación. En la última votación sobre la plaza de España votaron menos de 8.000 ciudadanos: el 0,3% del censo.

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