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Rajoy y Fernández pactan los límites de la reforma constitucional

La dirección del PSOE coincide con el Gobierno en que no se revisen todos los artículos

Soraya Sáenz de Santamaría y Antonio Hernando en el Congreso de los Diputados. Ampliar foto
Soraya Sáenz de Santamaría y Antonio Hernando en el Congreso de los Diputados.

Mariano Rajoy y Javier Fernández han pactado los límites de una futura reforma de la Constitución antes incluso de iniciar la discusión en una ponencia del Congreso de los Diputados. La dirección del PSOE coincide ahí con el Gobierno en “fijar el perímetro”, según Antonio Hernando, para que esa hipotética reforma no se convierta en un proceso constituyente en el que se revisen todos los artículos, tal y como pretenden grupos como Podemos o los independentistas. El PP y el PSOE coinciden en dejar fuera de ese debate la unidad de España, el reconocimiento del derecho de autodeterminación o la monarquía.

El presidente Mariano Rajoy siempre ha asegurado que deben ponerse límites a una hipotética reforma constitucional y que, de abordarse, hay que tener muy claro de partida qué se quiere cambiar y hasta dónde se quiere llegar. Es el argumentario oficial del Ejecutivo y del PP y la tesis que defendió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su reciente comparecencia parlamentaria para explicar los grandes planes para esta legislatura.

A esta tesis se ha sumado en los últimos días el PSOE a través del presidente de la gestora, Javier Fernández, y de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando. Fernández ha tenido conversaciones discretas sobre los límites de esas posibles modificaciones también con Rajoy, según fuentes conocedoras de las mismas.

Ambos dirigentes han coincidido también en que ese proyecto de reforma deberá ser “prudente” si al final se aborda, y empezar por el apartado territorial sin tocar de ninguna manera su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El PSOE sí es más sensible a profundizar en el reconocimiento de la identidad y singularidad de algunas autonomías como Cataluña, Galicia y el País Vasco y en el Estado federal, como quedó fijado en su declaración de Granada y recuerda constantemente su partido hermano, el PSC. Rajoy sabe por Fernández que el concepto nación puede aplicarse a algunas comunidades “desde un punto de vista cultural y de sentimientos” sin que de ello se derive reconocimiento jurídico y constitucional alguno.

El PP a lo máximo que llega en su ponencia política para su próximo congreso nacional es a defender que hace falta profundizar más en el desarrollo del Estado de las autonomías, a la espera de ver cómo resulta la discusión sobre la revisión constitucional.
Fernández y Rajoy han tratado los aspectos generales que llevarán a que previsiblemente a partir de enero empiecen las reuniones preparatorias o lo que en el PSOE se denomina “el consenso para el consenso”.

Definir aspectos

Ambos dirigentes están de acuerdo en que no es eficaz crear la subcomisión que aborde los cambios, y mucho menos convocar la ponencia constitucional, si antes no hay una definición de los aspectos que no se rebasarán.

Los socialistas sostienen así que hay que fraguar antes un consenso sobre los límites de esa reforma. “Hay que establecer los perímetros antes de pedir la creación de la ponencia constitucional en el Congreso”, recalca Antonio Hernando. El portavoz socialista también ha tratado este asunto de forma genérica y en conversaciones informales con la vicepresidenta. La coincidencia fue muy sustancial. Hace tres semanas, la número dos del Gobierno realizó una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios y en su charla con Hernando tocaron el tema de Cataluña y posibles medidas de salida, como la retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional.

El dirigente socialista explicó este viernes en este sentido que en el futuro próximo pretende involucrar en esa idea a otras formaciones aparte del PP, como Podemos y Ciudadanos, y que debe llamarse a los partidos nacionalistas e independentistas: “Hagamos un consenso previo, porque si no vamos de consenso en consenso hasta la victoria final de todos en esa reforma constitucional nos estaremos equivocando”, aseguró Hernando. En la práctica, ese hipotético acuerdo supondría blindar el proceso para que no se aprueben asuntos que puedan plantear otros grupos y que el PP y el PSOE no consideran oportunos.

Ni Rajoy ni Fernández ni Santamaría ni Hernando acordaron ningún plazo de tiempo ni una fórmula concreta. Pero el PSOE no tiene previsto abordar ese proceso o pedir la creación de la ponencia antes de enero, que es inhábil parlamentariamente y que el Gobierno quiere destinar al debate en la conferencia de presidentes autonómicos.

El propio pacto de investidura del PP con Ciudadanos también incluye otros puntos que requieren modificación de la Constitución, como la reducción de aforamientos y la reforma del sistema electoral. El PSOE respalda esas iniciativas. Todas esas reformas requieren la aprobación por mayoría cualificada, la disolución de las Cortes, una nueva aprobación parlamentaria y la celebración al final de un referéndum para todos los españoles. Sería al final de la legislatura.
Otros grupos con representación en la Cámara baja como Unidos Podemos y los partidos independentistas sí defienden, sin embargo, la revisión total de la Constitución y un completo proceso constituyente.

Un largo proceso hasta el referéndum

La reforma constitucional puede ponerse en marcha a petición de dos grupos parlamentarios o de 70 diputados.

Los largos trabajos de la ponencia terminarían, en todo caso, con votaciones en las que se exige el voto a favor de la mayoría absoluta del Senado y del Congreso. Eso hace imprescindibles los votos del PP.

Si, como parece, es una de las llamadas reformas complejas, es necesaria la disolución de las Cortes, una nueva votación por esa misma mayoría y la celebración de un referéndum vinculante.

Si fue una reforma sencilla, el 10% de los diputados puede pedir en todo caso un referéndum, pero no es precisa la disolución de las Cortes.
Unidos Podemos tiene diputados suficientes para forzar ese referéndum y Pablo Iglesias ya anunció el miércoles en el Congreso que lo hará en todo caso.

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