El Gobierno ofrece rebajar la pugna jurídica que mantiene con Cataluña
Los negociadores de Rajoy creen posible reducir los 87 recursos pendientes en el Constitucional en una comisión bilateral
El Gobierno quiere recuperar parte de su discurso político perdido en Cataluña y ha ofrecido al Ejecutivo nacionalista catalán rebajar el tono y el número de los conflictos de competencias y recursos presentados por ambas Administraciones ante el Tribunal Constitucional. Ahora hay 87 pendientes de resolución y el Gobierno cree que la mayoría podrían dilucidarse en una comisión política bilateral. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se lo trasladó al portavoz nacionalista Francesc Homs en el Congreso y es una de las bazas que se reserva para negociar con el vicepresidente Oriol Junqueras.
El ejecutivo de Mariano Rajoy ha utilizado frecuentemente esa vía de recurrir al Tribunal Constitucional para resolver posibles invasiones de competencias. Mucho más que la también prevista y más política de llevar las discrepancias a las comisiones bilaterales diseñadas en el artículo 33.2 de la ley del alto tribunal.
La propia Soraya Sáenz de Santamaría admitió que se había usado el conflicto jurídico en exceso tras acudir hace dos semanas a la toma de posesión del lehendakari vasco Íñigo Urkullu. Desde que Urkullu inició su anterior mandato en diciembre de 2012, en Euskadi se han planteado 46 recursos competenciales. Santamaría expresó así su voluntad de explorar ahora la posibilidad de “reducir” esa conflictividad y “reanalizar” algunas de esas divergencias.
Más inversiones
87 recursos mutuos en cinco años
Desde que Rajoy llegó al Gobierno, en diciembre de 2011, el ejecutivo central ha presentado 34 impugnaciones (26 recursos y ocho conflictos) a proyectos de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno catalán ha recurrido 53 decisiones del Gabinete de Rajoy (36 recursos y 17 conflictos). En esa batería se han discutido la ley de pobreza energética, el fracking o las corridas de toros. En abril pasado la comisión bilateral acordó retirar cinco amenazas de recursos sobre el Institut Català de Finances, el sistema de protección a la infancia o la simplificación administrativa de la Generalitat.
La misma polémica se suscitó con Cataluña en la sesión de investidura de Rajoy en su rifirrafe con Homs. El portavoz nacionalista reiteró esa idea en su primer cara a cara en la sesión de control al Gobierno con Santamaría y el asunto volvió a escena en la comparecencia de la vicepresidenta sobre sus planes para la nueva legislatura. Los políticos nacionalistas catalanes achacan al ejecutivo de Rajoy que abusa de las acciones jurídicas y hace poca política de hechos y persuasión.
Santamaría, que estuvo gran parte de este miércoles trabajando en su despacho en Barcelona, ha recordado estos días que el Gobierno quiere rebajar la disputa jurídica con Cataluña, igual que con Euskadi, y poner más énfasis en la comisión bilateral, que ya ha explorado con los consejeros Oriol Junqueras y Raúl Romeva.
“Entre el señor Romeva y yo hemos resuelto el 40% de los litigios entre el Estado y Cataluña, si quieren pasemos del 40% al 60%”, planteó Santamaría a Homs.
En La Moncloa están estudiando las 46 reivindicaciones reiteradas por el ejecutivo catalán y han manifestado su interés en discutir de todo “menos del referéndum de independencia”. Sobre ese asunto se continuará respondiendo con firmeza y con la ley, aunque el Consejo de Ministros no quiso replicar de inmediato y con contundencia al proyecto de reservar 5,8 millones de euros para esa consulta en el borrador de presupuestos de Cataluña para 2017 con el argumento de que ese texto no se aprobará hasta febrero. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no consideró ayer en Bruselas que haya razones suficientes para actuar tampoco porque algunos ayuntamientos y cargos nacionalistas hayan querido trabajar el día de la Constitución.
El plan del Gobierno pasa por reducir la tensión, “ensanchar el diálogo” con más interlocutores en Cataluña, aumentar su presencia y la del partido y ofrecer más dinero e inversiones, sobre todo ferroviarias.
La propia vicepresidenta aceptó que esa laguna históricamente demandada en Cataluña debería abordarse y precisó algunos compromisos a afrontar como el corredor mediterráneo, el acceso al puerto de Barcelona y la lanzadera al aeropuerto del Prat. Santamaría reivindicó los proyectos hechos (11.000 millones, la unión de las cuatro capitales por AVE y el FLA), pero también asumió: “Estamos llamados a hacer más”.
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