Archivado el caso sobre la compra de la sede del PP balear
La fiscalía pidió el sobreseimiento por falta de indicios delictivos
El juez José Castro ha decretado este martes el sobreseimiento provisional de la pieza del Palma Arena que investiga la compra y reforma de la sede del PP de Baleares. El magistrado ha dictado el archivo después de que la fiscalía anticorrupción solicitara el fin de la investigación al considerar que no había indicios de que la operación de compra del inmueble o las obras de reforma que se ejecutaron con posterioridad fueran financiadas con fondos de origen ilícito.
El magistrado se ha visto obligado a archivar el asunto después de que la acusación particular ejercida por la Abogacía de la Comunidad autónoma manifestara que no tiene legitimación para ejercer acusación por la supuesta financiación ilegal de un partido político y se apartara de la causa. En un auto, el juez señala que llegado a la fase intermedia del procedimiento "tendría inexorablemente que contar con al menos una actitud netamente acusatoria para poder abrir el juicio oral".
A pesar de ello, el magistrado recuerda en su escrito que la sentencia dictada por el Juzgado de instrucción número 7 de Palma contra el tesorero del PP de las islas y cuñado del expresidente Matas, Fernando Areal, dejó claro que el PP de Baleares "ha venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades". El juez recuerda que al ser la caja B opaca "es imposible" despejar las sospechas de si los ingresos de que los se nutre, entre ellos la financiación de la sede del PP, "no tendrían un claro carácter finalista bien como contraprestación a contrataciones públicas de las que se beneficiaron sus donantes o como comisiones a cuenta de las que el futuro les depararía".
Sin embargo, dice el juez, al anticipar la fiscalía su parecer proclive al sobreseimiento de la causa y dado que la Abogacía regional se dio por apartada de la pieza "por economía procesal y sin precisar incluso entrar en el fondo del asunto" es obligatorio dictar el sobreseimiento provisional y archivo del caso "sin perjuicio de reabrir la investigación si afloraran nuevos datos".
La causa fue abierta por el juez a raíz de la declaración en fiscalía del que fuera concejal de Urbanismo en Palma durante la etapa de Matas en el Gobierno autonómico, Javier Rodrigo de Santos, quien afirmó que la compra y reforma de la sede había sido financiada por un empresario que había recibido a cambio varias adjudicaciones públicas. Una declaración corroborada en parte por el extesorero del PP Luis Bárcenas que señaló al empresario que adquirió el inmueble, Antonio Pinal, como uno de los empresarios que cobraba del partido.
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