El negociado de la vicepresidenta

La novedad más llamativa del nuevo Gobierno es el papel asignado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como responsable de la política territorial, cuyo eje es la cuestión catalana. Se había especulado con la posibilidad de recuperar un ministerio exclusivo de Administraciones Públicas para destacar la importancia otorgada a esa cuestión por el PP de Rajoy; pero este ha preferido hacerlo adjudicando tal responsabilidad a su número dos, que se hará cargo de la negociación con las instituciones catalanas. En dos campos: el de las demandas relacionadas con el autogobierno, en particular la financiación, que permita crear un clima favorable al acuerdo; y el encaje en la legalidad del referéndum.

Más información

Rajoy encomienda a Santamaría el control político y sobre Cataluña

Bodas, entierros y nombramientos de ministros

Para lo primero, un punto de partida podría ser el listado de 23 medidas (luego ampliado) presentado en su día por Artur Mas; y, para lo segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2014 que admite que pueda invocarse “un derecho a decidir como aspiración política a la que pueda llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Es decir, tras una reforma constitucional refrendada por el conjunto de los españoles que ampare reformas del Estatut que a su vez refrendaría el pueblo de Cataluña.

El diálogo debería partir de la voluntad compartida de evitar pasos irreversibles; y también salidas simplistas o unilaterales. Frente a quienes con un 48% de voto independentista proclaman como un mérito haber llevado el proceso a un punto de no retorno, experiencias recientes como el Brexit han puesto de manifiesto que una debilidad del referéndum es precisamente la imposibilidad de dar marcha atrás. Otro punto débil del referéndum es que comprime la pluralidad de la sociedad en dos únicas opciones, lo que divide a la población en dos mitades excluyentes.

Falsas salidas serían la generalización a todas las autonomías de un supuesto derecho de secesión —lo que solo serviría para convertir un problema difícil en uno irresoluble —; o la pretensión de que el propio Estado facilite la ruptura modificando la normativa constitucional para salvar la incompatibilidad entre algunas de las demandas planteadas por los soberanistas y el principio de igualdad de derechos y deberes de todos los españoles consagrado en la Carta Magna. Su artículo 139 admite diferencias entre las comunidades, pero siempre que no impliquen “privilegios económicos o sociales”.

En su toma de posesión, la vicepresidenta dejó un mensaje favorable a la vía reformista que podría encajar con la disposición al diálogo expresada por un sector del soberanismo catalán que admite la distinción entre un referéndum dirimente, ineficaz como vía para superar desacuerdos y muy eficaz para fragmentar a la sociedad, y uno de ratificación del acuerdo alcanzado. Este tipo de consulta cumpliría los requisitos de legal y negociada que los días impares reivindica el soberanismo; mientras que un referéndum binario sin acuerdo previo no resuelve el problema de fondo sino que lo perpetúa. Como ha evocado el profesor Joan Subirats en la edición catalana de EL PAÍS (8-10-2016), un modelo remoto de esta forma de referéndum es el emplazamiento de Poncio Pilatos a la muchedumbre para dirimir sobre si tenía que soltar a Jesús o a Barrabás. El desenlace demostraría que “faltó deliberación y sobró excitación”.