La consolidación fiscal autonómica

España está en pleno proceso de consolidación fiscal. En 2011 el déficit era del 9,3% y en 2015 se ha situado en el 5% del PIB. Aunque el esfuerzo de las comunidades autónomas durante este proceso ha sido similar al de la Administración central, la diferencia reside en cómo se ha conseguido. El Estado lo ha logrado principalmente gracias a la subida de ingresos, mientras que las comunidades lo hicieron reduciendo el gasto. En concreto, desde 2011, las comunidades han reducido el gasto en un 9%, mientras que el Estado lo ha hecho en un 4% y la Seguridad Social lo ha aumentado en un 3%.

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No es de extrañar, por tanto, que gastos como la sanidad y la educación, que están en manos de las autonomías, se hayan reducido un 7% y un 16% respectivamente. Las comunidades han hecho este increíble esfuerzo de consolidación fiscal con un sistema de financiación autonómica claramente mejorable. En primer lugar, es un sistema con una escasa corresponsabilidad fiscal. En concreto, las autonomías son responsables de aproximadamente el 32% del total del gasto de las Administraciones Públicas pero solo tienen capacidad normativa sobre el 16% del total de los ingresos.

En segundo lugar, tenemos un sistema de entregas a cuenta y de liquidaciones que hace los ingresos de las comunidades muy volátiles. El Estado adelanta los ingresos según las previsiones de recaudación (por ejemplo, las entregas a cuenta) y dos años más tarde si la recaudación final fue superior el Estado compensa a la comunidad con una transferencia adicional, o viceversa. Esta volatilidad añadida introduce una dificultad adicional en la gestión de los ingresos de las comunidades autónomas.

Nuestro Observatorio Fiscal y Financiero prevé que las autonomías van a cumplir su objetivo de déficit agregado gracias a la liquidación positiva de 8.000 millones recibida este año. Esto es una buena noticia sin duda, pero realza nuestro punto anterior de porque otros años las comunidades no han cumplido en gran medida por culpa de liquidaciones bajas, e incluso negativas. Dado que va a ser muy difícil seguir bajando los gastos, creemos que para resolver la crisis fiscal va a ser necesario reformar el sistema de financiación.

Esta reforma debe pasar inevitablemente por dar estabilidad a los ingresos autonómicos y por mejorar la corresponsabilidad fiscal. Para lo primero, urge modificar e incluso eliminar el absurdo sistema de entregas a cuenta y liquidaciones. Para lo segundo, debemos dotar a las comunidades de mayor capacidad normativa sobre su recaudación. Es pueril tener un sistema en el que las autonomías son responsables de gestionar gastos tan sensibles como la Sanidad y la Educación y al mismo tiempo con una capacidad normativa sobre ingresos muy limitada.

J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez son investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).