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Íñigo de la Serna, un ingeniero cántabro en Fomento

El alcalde de Santander es uno de los jóvenes políticos del PP con mayor proyección

Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento Ampliar foto
Ministro de Fomento  Íñigo de la Serna, en una imagen de archivo.

Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971), alcalde de Santander y nuevo ministro de Fomento, es uno de los jóvenes valores del PP a quien se otorgaba mayor proyección política en los últimos años. Ha sido uno de los pocos regidores conservadores de capital de provincia, junto con el de Málaga, que sobrevivió a la sacudida electoral de las municipales de mayo de 2015 y Rajoy se lo ha premiado con un salto sin red a la política nacional.

De la Serna, ingeniero de caminos, llevará las riendas del departamento con más capacidad de inversión en una época de fuertes ajustes presupuestarios y será vigilado con especial atención en su propia región, Cantabria, tradicionalmente una de las peores dotadas en infraestructuras y cuyo presidente, Miguel Ángel Revilla, ha hecho de la llegada del AVE —o de un tren de similares prestaciones— un caballo de batalla con Madrid. Más allá de su comunidad, deberá lidiar con reclamaciones históricas en toda España, como el corredor ferroviario mediterráneo, o los desafíos del AVE a Galicia o las reclamaciones catalanas sobre la gestión de los aeropuertos y los peajes. Una de sus probables pesadillas puede ser el rescate de las autopistas radiales de Madrid, abocadas a la quiebra.

En diciembre de 2014, siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), él mismo se descartaba, en un desayuno informativo, para ir a Madrid. Eso no le impidió dar varias pinceladas sobre sus ideas políticas de base. De la Serna alertaba entonces de que “movimientos demagógicos”, en referencia a Podemos, suponen una amenaza para la recuperación económica; acusaba al entonces presidente catalán Artur Mas de “olvidarse de dos de cada tres catalanes” y sostenía que la corrupción política no es un problema sistémico sino de algunas personas.

Su gestión como alcalde de Santander, ciudad que gobierna desde 2007, no ha suscitado grandes controversias. Durante su mandato, la capital cántabra, una de las más envejecidas de España, ha ganado nuevos parques, como el de Las Llamas o el muelle de Gamazo, herencia de la Copa del Mundo de Vela, y contará con nuevos equipamientos culturales, como el Centro Botín, aun por terminar. Además, la ciudad se ha llenado de escaleras mecánicas y ascensores para que unos vecinos cada vez más ancianos salven algunas de las pendientes más duras para acceder a sus casas. También ha hecho gran hincapié en la implantación de herramientas telemáticas para la gestión de la ciudad. Sus detractores le critican el gusto por las maquetas y los planos mientras descuida otros aspectos como el transporte público.

El final de su mandato se ha visto empañado por la decisión del Tribunal Supremo de anular el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El alto tribunal ha tumbado la herramienta de planificación fundamental tras un recurso de los ecologistas. Este documento, que heredó de su antecesor, Gonzalo Piñeiro, pero que ha asumido como propio, agota el suelo urbanizable de la ciudad en un momento en que el precio de la vivienda empuja a los jóvenes a las ciudades de la periferia santanderina y la población decrece por el envejecimiento inexorable.

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