La España paralizada que espera Gobierno

Diez meses y 9 días sin nadie al timón. Tras las primeras elecciones, allá por diciembre de 2015, la bolsa de gatos en la que se ha convertido la política española producía chistes. El mantra jocoso de que sin gobierno se está mejor. Con la investidura, por fin inminente, España se revela como un país bloqueado en multitud de escenarios y miles de afectados. La parálisis sufrida, tardará tiempo en recobrar movimiento aun tras la formación de Gobierno.

Entre el AVE y los cultivos

La imposibilidad de definir los gastos ha impedido licitar nuevas obras durante este año, lo que ha llevado a decenas de proyectos a la sala de espera. Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), señala las obras del AVE en el corredor del Mediterráneo como una de las infraestructuras más afectadas por la parálisis. “Es un proyecto de mucho interés público. Es, tal vez, el caso más simbólico que tenemos del bloqueo que hemos vivido”. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte contempla una línea de alta velocidad que discurrirá por la costa mediterránea, desde la frontera francesa hasta Almería. Debería estar ya en marcha, pero la falta de gobierno ha impedido arrancar.

También el campo está sufriendo. Sin gobierno estable, los agricultores jóvenes se quejan de que no pueden trabajar. José María Llanos vive y trabaja en Miajadas (Cáceres). Es uno de los muchos trabajadores del campo jóvenes que viven bloqueados y pendientes de un entendimiento en el Congreso. José María necesita un carné de manipulador fito-sanitario para poder trabajar sus cosechas. Sin él, no puede ejercer. “Invertí 20.000 euros unos meses antes de las elecciones y, desde entonces, no he podido hacer nada. Los cursos de formación dependen de subvenciones estatales y sin ellos no podemos obtener el carné. Si paso dos meses más en esta situación, perderé el dinero”, se queja.

Desde el Ministerio de Agricultura admiten que "durante este año, algunas ayudas para formación no han podido facilitarse", aunque añaden que no todas se han paralizado y que más de mil agricultores han recibido formación gratuita.

Los seguros son el otro gran problema de los agricultores. El Ministerio de Agricultura es el encargado de financiar parte del coste de los seguros de las cosechas. Pero desde que está en funciones -y según sostienen desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-  han congelado estas subvenciones. Antonio Pizarro, agricultor extremeño, explica que “cada vez hay más compañeros que, ante esta situación de bloqueo, cosechan sin seguro. Y cuando hay una tormenta o una plaga, pierden todo y se arruinan”. El Ministerio responde. Una portavoz niega que se hayan frenado estas subvenciones."Las subvenciones a los seguros agrarios no están paralizadas. La tramitación de las mismas no se ha visto afectada por el hecho de estar en funciones".

Antonio, miembro de UPA, sostiene que estas subvenciones no han llegado  a todos los agricultores desde que el Gobierno está en funciones. Y concluye con un llamamiento: “Que formen Gobierno ya. Que se dejen de discutir y piensen en la gente”.

“Usan lo de estar en funciones como excusa”

Unos 40.000 trabajadores de la Administración General del Estado están a la espera de que se revise su convenio colectivo. Una revisión que tienen como objetivo, entre otras cosas, aumentar su salario. Iba a ocurrir esto el pasado año (el convenio lleva prorrogado desde 2014), pero el suspenso político lo ha dejado en la carpeta de pendientes desde hace casi un año. “Cada vez que nos reunimos con el Gobierno nos dicen siempre lo mismo: al ser retributivo, no pueden hacer nada estando en funciones. Llevamos ya cuatro reuniones y siempre la misma respuesta”, explica José Manuel Vera, secretario general del Sector de la Administración General del Estado de CCOO. “Nos dicen antes de las reuniones que se puede llegar a algún acuerdo, pero luego no hacen anda. Solo decir que no es posible. No hay manera de avanzar”.

Responden desde el Ministerio de Hacienda. Una portavoz asegura que “es una queja ridícula. Para aprobar esas medidas se necesita modificar la ley. Y para eso se requiere la aprobación del Parlamento, algo inviable estando en funciones”.

Desde el otro sindicato mayoritario, UGT, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general, afirma que el Gobierno “se está escudando en que está en funciones para no afrontar temas incómodos para ellos. Sí se posicionaron en funciones con el CETA (acuerdo comercial entre la UE y Canadá) o llegaron a acuerdos de refugiados con Turquía, pero si les hablamos de pensiones, salarios y derechos, dicen que no pueden hacer nada porque están en funciones”.

Desde el Ministerio vuelven a responder: “la subida de salarios o la modificación del Salario Mínimo son decisiones políticas. No se pueden llevar a cabo estando en funciones. Eso significa precisamente estar en funciones. No es una cuestión de excusas, es la ley. Un gobierno en funciones no puede dejar un escenario modificado sabiendo que podría llegar otro partido al poder pocas semanas después”.

El Gobierno insiste en que, lo que ha podido hacer, lo ha hecho, como la Ley de Estabilidad de Comunidades Autónomas o la subida de pensiones. Los sindicatos se quejan de que podría hacerse mucho más y ponen como ejemplo que no se está acreditando a trabajadores sociales para ayudar a dependientes. “Sin carné -explica Antoñanzas- pueden ser despedidos sin indemnización. Para lo que les interesa está en funciones y para lo que no, pueden tomar decisiones”.

Ayudas que no llegan a tiempo

Si España se frena, no solo los españoles pagan el parón. El Plan Director para la cooperación internacional, que España aprueba cada cuatro años, define las líneas de actuación para organizar, subvencionar y organizar las ayudas a los países más necesitados. Este año termina el diseñado en 2012 y todavía, ni ONG ni gobierno se han podido sentar a planificar el que debería arrancar en 2017. Manuel Sánchez-Montero director de Incidencia y Relaciones Internacionales de Acción contra el Hambre (ACH), afirma que “esto es muy importante y va con mucho retraso. Esto afecta a gente que necesita ayuda urgentemente”. Leonardo Pérez-Aranda, portavoz de Cooperación Internacional de Oxfam Intermon, va más allá: “Ya no da tiempo para tenerlo listo el año que viene. Es fundamental que se estabilice ya la situación en nuestro país. Para que no lo tengan que pagar otros”.

La España en funciones no ha podido aportar ayudas a Siria, Afganistán ni a la lucha contra la malaria.

El otro gran problema tiene que ver con las ayudas en emergencias. “España está en una situación precaria para ayudar a países con emergencias”. Lo dice Ángel González, vocal de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Coordinadora de ONG de España. Y pone el ejemplo del reciente terremoto en Haití. “La Comunidad Internacional ha pedido 120 millones de euros a los países donantes y España está teniendo muchos problemas para aportar. Hemos enviado un avión de reserva, pero cada movimiento de cooperación internacional supone un problema para un gobierno en funciones”.

En la conferencia de donantes celebrada el pasado 5 de febrero en Londres, España se comprometió a enviar 7 millones de euros a Siria, cantidad que todavía no ha podido ser desembolsada. El mismo día, en Bruselas, la Unión Europea celebró una conferencia en la que se acordó donar a Afganistán 13.500 millones de euros, de los que España no podrá aportar nada de momento. Lo mismo sucedió el 16 de septiembre en Montreal, donde se celebró el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Se recaudaron casi 12.000 millones de euros. Países vecinos, como Italia o Alemania, aportaron 150 millones y 800 millones respectivamente. España no pudo comprometerse a nada. La parálisis española no solo afecta a los españoles.

Fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), admiten que la ausencia de gobierno en firme ha dificultado los nuevos compromisos y las emergencias, pero insisten en que el bloqueo no ha afectado a los proyectos que ya estaban aprobados antes de las elecciones del pasado diciembre. Según la Agencia, la parálisis no ha impedido llevar a cabo el 97% de los proyectos que ya estaban en marcha. “No estamos excesivamente preocupados. Es verdad que algunas cosas se están ralentizando, pero en general estamos cumpliendo los plazos. Y hacemos todo lo posible porque se cumpla la agenda de los próximos años”.

Desde algunas de las principales ONG de España reconocen los esfuerzos de la AECID por paliar la situación, pero opinan que sí está habiendo un retraso considerable debido a la ausencia de gobierno. Leonardo Pérez-Aranda de Oxfam Intermon, explica que “todavía no se han adjudicado las subvenciones para los proyectos que presentamos antes del verano. Deberían haberse sabido en septiembre, pero siguen en el aire”. En una situación normal, es la AECID quien selecciona los proyectos de las ONG y adjudica las subvenciones. Pero al vivir con un gobierno en funciones, esta decisión se eleva al Consejo de Ministros. “Son 18 millones de euros que aún no se sabe a dónde van a ir a parar”, cuenta Leonardo. Intermon Oxfam, por ejemplo, tiene dos proyectos importantes parados en África y en América Latina relacionados con el fortalecimiento de la sociedad civil y el asesoramiento a gobiernos. “Todo está parado. La verdad es que estamos muy preocupados”, confiesa.

Manuel Sánchez-Montero, de Acción contra el Hambre, hace una lectura sobre la situación de no gobierno, da un paso más: “España es un país que, en los últimos años, ha tenido un rol muy importante como mediador en conflictos como Siria, el Sahel o Palestina. Somos un país muy dialogante y que ofrece confianza a las partes. Estos meses sin gobierno han supuesto un bajón en la participación de España. Nos hemos alejado”.

Con el plutonio a la espera

Hace ahora dos años, José Serrano, conocido entre los vecinos de Palomares (Almería) como ‘El Pirote’, apalabró la venta de un apartamento de su propiedad con un matrimonio alemán que quería pasar su jubilación al sol del Mediterráneo. Un día antes de firmar el contrato, la pareja de alemanes llamó a José y le dijo que se echaban atrás, que ya no querían el apartamento. “Les pregunté por qué habían cambiado así de opinión -cuenta José, de 62 años, a las puertas de una cafetería en el centro de Palomares- y me dijeron que sus hijos les habían contado que el pueblo estaba contaminado con radiactividad. Y se enfadaron porque yo se lo había ocultado”.

"Somos el pueblo de España que más desea que se forme Gobierno".

El de José ‘El Pirote’ no es un caso excepcional en la conocida pedanía de Cuevas del Almanzora. El estigma cayó sobre Palomares el mismo día que sobre el pueblo cayeron cuatro bombas nucleares. Ocurrió el 17 de enero de 1966 (la fecha da nombre hoy a una calle del pueblo) en un accidente entre dos aviones estadounidenses que sobrevolaban Almería. “Yo estaba recogiendo tomates y sentí una explosión lejana. Miré al cielo y vi cómo empezaban a caer trozos de algo. En ese momento no entendía qué estaba pasando”. Lo recuerda en la plaza central de Palomares José Portillo, de 79 años y vecino del pueblo. Por fortuna para el pueblo (y para media Europa, en realidad) ninguna de las bombas explosionó.

Los días siguientes al accidente los militares estadounidenses realizaron labores de limpieza. Se llevaron los restos, las bombas intactas y parte del suelo contaminado. Pero no todo. El gobierno franquista prometió entonces completar cuanto antes la limpieza. Más de 50 años después los vecinos de Palomares siguen esperando.

Hace ahora un año, Estados Unidos y España firmaron una declaración de intenciones por la que el gobierno americano se comprometió a llevar a cabo la rehabilitación de las zonas contaminadas. Pero. Hay un pero y tiene que ver con la ausencia de gobierno en España. El acuerdo tendría que haber entrado ya en vigor y la falta de entendimiento entre nuestros políticos lo ha impedido. David Connel, portavoz y agregado de prensa de la embajada de Estados Unidos en España explica que “confiamos en que seremos capaces de comenzar los trabajos en la zona una vez que España haya formado gobierno”. Y añade que su país “está completamente comprometido con la Declaración de Intenciones firmada por el secretario John Kerry en octubre de 2015”.

“Creo que somos el pueblo de España que más desea que se forme gobierno”. Lo dice Antonio Fernández Liria, alcalde por el PSOE de Cuevas del Almanzora, el municipio al que pertenece Palomares. “Sabemos que ahora el asunto está parado porque no se forma gobierno. Pero en realidad esto lleva pendiente 50 años, un tiempo en el que han conseguido que Palomares se transforme en sinónimo de plutonio y bombas”.

“Tal vez lo más frustrante de todo esto es que, por nuestra parte, ya lo tenemos todo preparado”. Habla la alcaldesa de la pedanía de Palomares, Anabel Alarcón. Se refiere al plan diseñado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ceimat), que espera la luz verde de un gobierno en firme.

Yolanda Benito es la directora del Departamento de Medioambiente de Ceimat. Ella dirigirá las labores de limpieza. "Desde un punto de vista técnico tenemos todo listo. Sabemos exactamente cuál es la tierra que hay que retirar y tenemos medidos los niveles de contaminación que hay en ese suelo". En total, el Ceimat retirará 28.000 metros cúbicos de tierra y vegetación, que ocupan actualmente unas 40 hectáreas. "La idea era comenzar cuanto antes -afirma Yolanda-, pero se ha paralizado por nuestra situación electoral. Estamos a la espera". En Palomares, 50 años después, siguen esperando. Esta vez, con sus ojos puestos en un Congreso que no ha sido capaz de entenderse durante los últimos diez meses.

Desde antenas de la NASA a embajadas vacías

España tiene 40 tratados internacionales pendientes de ratificación, según un informe del Ministerio de Exteriores al que tuvo acceso El País y tres embajadas sin embajador (Jamaica, Bélgica e India). El mismo informe habla de un descenso de la influencia de España en la esfera internacional y tilda a nuestro país de “pato cojo” en la escena mundial.

En la estación de la NASA de Robledo de Chavela (Madrid), estaba previsto instalar dos antenas para estudios del espacio profundo que han quedado a la espera. Y en varias sedes de la Agencia Tributaria, los funcionarios han tenido que pagar a los profesores de las guarderías de su bolsillo, ante la falta de presupuesto. "Tampoco hemos podido renovar los desfibriladores", se queja un trabajador de la Agencia en Madrid. 

Helicópteros antidroga estadounidenses pendientes de ser enviados a España, acuerdos contra el cambio climático, ascensos en las cúpulas del Ejército y Policía Nacional que no llegan… es la España paralizada. Falta saber cuánto le costará volver a levantarse tras la investidura.