La juez cita como investigados al chófer de Javier Guerrero, su esposa y su madre

Juan Francisco Trujillo, el chófer del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, declarará dentro de un mes ante la juez del caso de los ERE, María Núñez. Trujillo comparecerá junto a su esposa, Juana Gallego; su madre, Estrella Blanco, y Guerrero después de que este martes la juez imputara a los cuatro en una pieza separada de la macrocausa de los ERE fraudulentos. Las citaciones son consecuencia de la división del caso en múltiples piezas, ordenada por la magistrada para llevar a juicio cada ayuda por separado y así ganar en celeridad.

Los cuatro acusados ya estaban imputados por las ayudas irregulares por 900.000 euros que percibió Trujillo, pero ahora la juez ha desgajado del procedimiento general las dos ayudas de la Junta concedidas al chófer. Trujillo ya declaró ante la anterior instructora, Mercedes Alaya, comparecencia en la que aseguró que en 2006 se gastaba unos 25.000 euros al mes en cocaína. Trujillo entró a la declaración judicial con una imputación por 11 delitos y abandonó la sala con 22. Entre otros delitos, admitió que falsificó la firma de su madre para poder cobrar la ayuda como falsa prejubilada.

Las dos firmas de Trujillo, Lógica Estrategia Empresarial SL e Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL recibieron 450.000 euros cada una gracias al fondo de los ERE. En total, Trujillo percibió 1,3 millones de fondos de la Junta. Además, la madre de Trujillo, Estrella Blanco, percibió 125.028 euros como receptora de una póliza que nunca debió recibir ya que no trabajó en las empresas beneficiadas por los ERE.

En paralelo, la juez ha archivado las actuaciones contra ocho personas, entre las que destaca los exconsejeros de la Junta Martín Soler y Manuel Recio y el expresidente de Unicaja, Braulio Medel, después de que sus imputaciones quedaran archivadas en la rama política por el juez Álvaro Martín junto a otras 16 personas investigadas. En esta pieza, Martín emitió un auto de procesamiento que exculpaba de responsabilidades penales a estos técnicos y directivos de la agencia Idea. Como Núñez ha comprobado que no tienen otras imputaciones pendientes en la macrocausa, decide archivar las actuaciones contra ellos tras la decisión de Martín.