Una juez instalada en la polémica

Equivocaciones, polémicas, rectificaciones, lapsus, decisiones controvertidas… Con mayor o menor intensidad, pero siempre con regularidad, la instrucción de la juez Mercedes Alaya en el caso ERE está preñada de resoluciones que provocan encendidos debates y discusiones subidas de tono. La complejidad, pero sobre todo el descomunal tamaño de la causa, son las excusas que alegan sus defensores. Pero en su día la juez rechazó la ayuda que le ofreció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para contar con dos jueces de refuerzo y desatascar su juzgado. Sus detractores vieron dosis de soberbia y su entorno defendió la soberanía del juez de instrucción, considerada sagrada.

La magistrada dispone desde hace un año de un juez de refuerzo para los asuntos menores, lo que le ha permitido centrarse en las grandes causas, aunque esto no ha frenado los errores. El enfrentamiento soterrado que mantuvo con los dos jueces del frustrado reparto de casos en su juzgado da pistas sobre la fuerte y difícil personalidad de Alaya. Sus autos están plagados de juicios de valor y una prosa inconfundible. La definición de su propio equipo como "unos pocos incansables" se asemejó a una metáfora sobre los intocables de Eliot Ness que lucharon durante la ley seca como los únicos incorruptibles. En tres años de instrucción, Alaya ha protagonizado hitos de mayor o menor relevancia.

» La Guardia Civil en las Cortes. Esta semana Alaya ha enviado al Congreso y al Senado a la Guardia Civil para que notificara a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero José Antonio Viera su auto de preimputación del pasado diciembre. Ante el revuelo causado y la respuesta meridiana de las Cámaras —que indicaron que solo se relacionan con el Tribunal Supremo—, la juez rectificó después de excusar su inédita maniobra en que no había sido posible notificarles el auto en sus domicilios. Una simple diligencia a las fuerzas de seguridad habría evitado el incidente.

» Investigación al Parlamento. Hace varias semanas, Alaya inició una vía de investigación muy peliaguda, al indagar si los diputados de la Comisión de Hacienda habían debatido sobre el fondo de los ERE. Los diputados mantienen su fuero y ningún juez de instrucción puede indagar en sus gestiones, sino que deben remitir sus indicios al TSJA, pero Alaya ha ignorado esta premisa. El Parlamento expresó su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la inviolabilidad de sus diputados.

» Aforados bajo sospecha. La preimputación dictada por Alaya de los dos expresidentes y los cinco exconsejeros ha sido su decisión más polémica hasta la fecha. A diferencia del resto de jueces de instrucción que han remitido causas al Supremo, Alaya recurrió al artículo 118 bis del Código Penal para informar de los indicios penales que disponía contra los cargos aforados. La magistrada arguye que la causa es "inescindible" y esto le impide por ahora remitir la rama política de la financiación del fondo al alto tribunal. La Audiencia, la fiscalía y múltiples voces jurídicas se oponen a que Alaya retenga la investigación, pero ella se resiste. Además, esta semana el atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte incluye valoraciones incriminatorias sobre Viera y otros dos aforados, los diputados José Caballos y Francisco Vallejo.

» Prohibición a los abogados. El pasado verano, la juez vetó que algunos abogados defendieran a varios imputados a la vez por "contraposición de intereses" y para "evitar desequilibrios". Los abogados apelaron con vehemencia ante la Audiencia, pero antes de que los jueces se pronunciaran, Alaya rectificó. Para su viraje, la juez alegó "motivos de eficacia y agilidad". En un principio había argumentado que el hecho de compartir abogado podía perjudicar a los imputados con intereses contrapuestos y ella debía velar por su derecho de defensa. Incluso advirtió a los letrados del artículo 467 del Código Penal (por el que se arriesgaban a una inhabilitación de cuatro años), pero en solo dos meses, Alaya cambió de parecer, dio marcha atrás y olvidó sus advertencias.

» Trato preferente a una imputada. La juez tardó más de un año en imponer una fianza civil a la técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa, después de valorar su "colaboración" con la justicia. Pero la queja de la Fiscalía Anticorrupción fue sonora por dos motivos: porque Rofa se había negado a declarar en el juzgado y los fiscales no veían colaboración alguna, y porque el retraso en imponer la fianza se asemejaba a un trato de favor inédito en el caso, ya que las fianzas no suelen retrasarse más de un mes. "Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión (…) Resulta extraña tal dilación", lamentaron los fiscales. Y acusaron a Alaya de mentir de manera velada: "Los argumentos de la magistrada pueden y deben ser rotundamente rechazados por no ajustarse a la realidad". Rofa había suministrado a la Guardia Civil unos documentos en los que relataba las tripas de la Consejería de Empleo desde su perspectiva, pero estos fueron incorporados a la causa con mucho retraso y solo de manera parcial. Tras ordenarlo la Audiencia, Alaya rectificó e impuso una fianza civil de dos millones. Eso sí, en su auto dejó claro que lo hacía "por imperativo legal", una fórmula poco habitual y que denota que decretaba la medida cautelar solo porque sus superiores se lo imponían. Durante el último año, las disputas con la fiscalía han aumentado su acritud de manera notable.

» Información ocultada a las partes. La juez quedó en evidencia al demostrar que disponía de una declaración relevante de un interventor imputado antes que las partes. La Guardia Civil tomó declaración al interventor Juan Luque en julio de 2012 y el 27 de junio de 2013 los agentes remitieron el testimonio a la juez. Pero esta se retrasó tres meses en trasladarla a las partes y les informó de que ella había recibido el oficio "el pasado 30 de septiembre". Sin embargo, el 25 de julio Alaya evidenció que disponía del testimonio al formular una pregunta al ex interventor general Manuel Gómez durante su declaración. La magistrada alegó que todo se trató de un “mero error sin trascendencia alguna”. Esta añadió que los agentes le entregaron dos legajos, uno para ella con la declaración de Luque y otro para las partes, sin este testimonio. La declaración de Luque era importante porque incluía un documento clave de cuatro interventores sobre el sistema de pago de los ERE, que se alineaba con las tesis de la Junta y contravenía las opiniones de Alaya.

» “Cambio radical de criterio”. Al percatarse de esta ocultación de información relevante, varios altos cargos pidieron la anulación de sus declaraciones prestadas en el juzgado, por lo que apelaron a la Audiencia. Y en su respuesta, los jueces no entraron al fondo del asunto porque la ley impedía resolver el incidente de nulidad planteado, pero aprovecharon para censurar que Alaya hubiera "cambiado radicalmente de criterio en dos días". "No dejamos de observar la peculiaridad del supuesto", incidieron los magistrados sobre el cambio de parecer en menos de 48 horas, ya que en un principio Alaya admitió el incidente de nulidad propuesto por los imputados y dos días después decidió rechazarlo.

» Actas del Consejo de Gobierno. Un punto álgido del enfrentamiento entre la Junta y Alaya vino tras la petición de la juez de las 492 actas de las actas de Gobierno de la década de pago de los ERE, que devino en un conflicto de jurisdicción que resolvió el Supremo a favor de Alaya. Desde entonces, ninguna resolución de Alaya ha mencionado el contenido de las actas.

» Calendario judicial y política. Varios autos que acapararon titulares sonoros han coincidido con fechas muy señaladas en la política andaluza. El último ejemplo sucedió mientras el Gobierno de Susana Díaz tomaba posesión el pasado septiembre y Alaya soltaba el bombazo de la preimputación de los siete aforados. Antes, las declaraciones del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo coincidieron con la precampaña de las elecciones autonómicas. En 2011, la juez había citado al entonces candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para declarar por el caso Mercasevilla días antes de los comicios locales.