La Guardia Civil estima que Lanzas movió 1,8 millones en comisiones

El fondo que la Junta de Andalucía destinó para los ERE conllevó comisiones desorbitadas para intermediarios y conseguidores. Esas tajadas tuvieron un protagonista llamado Juan Lanzas, que supuestamente desvió al menos 1,8 millones a través de tres empresas pantalla con tres testaferros, según denuncia la Guardia Civil en un informe enviado a la juez del caso, Mercedes Alaya. La cifra final de las comisiones pagadas por la Consejería de Empleo solo se obtendrá tras el análisis de cientos de cuentas bancarias que han emprendido los agentes.

Lanzas nunca hizo ostentación de riqueza, pero el año pasado le confesó a un vecino: “Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”. Poco después el comentario se extendió por su pueblo natal, Albanchez de Mágina (Jaén, 1.200 habitantes). La investigación del caso aclara poco a poco esos rumores y pone ceros a las cantidades que percibió Lanzas desde las arcas públicas. El protagonismo de Lanzas, amigo del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, ha sido definido por fuentes del caso de manera gráfica: “Era el ajo de todas las salsas”.

Sin embargo, el exsindicalista de UGT imputado en el caso no actuaba solo, según los agentes. El holding Vitalia, liderado por María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos imputados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, y el bufete Estudios Jurídicos Villasís (para el que trabajó Lanzas) participaron en esta operativa para canalizar las comisiones de los ERE. El informe desvela “sobrecomisiones” de hasta el 16,9% cuando la media del mercado se sitúa en el 3%. Para determinar los flujos de dinero, la Guardia Civil ha pedido a la juez investigar nada menos que 153 cuentas corrientes del grupo Vitalia “para esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito” del entramado. Los agentes analizan las cuentas de seis firmas del grupo: Vitalia Vida, Irson Empresarial, Primadeco, Personal Life, Fortia Vida y Apra Leven.

El destino que Vitalia dio a parte de esos fondos es rocambolesco: bonos basura del ladrillo. La consultora invirtió en el ladrillo de países tan dispares como Rumanía, Brasil y República Dominicana. Compañías como Fortia Vida Apra Leven arriesgaron y se lanzaron a por el alto interés que dieron los bonos basura de promociones inmobiliarias en el extranjero con nula fiabilidad. Al margen de este desvío de fondos que investiga la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes analizan el modus operandi de Vitalia junto a Lanzas y el despacho sevillano Estudio Jurídico Villasís.

“Mediante esta maniobra introducían en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía, en las cuales estos participaron”, denuncia el informe. Lanzas, Vitalia y el bufete de abogados utilizaron “con o sin su consentimiento” las empresas Atrado Mensajería SL, Estudios Agenciales SL y Distripack Transporte Urgente SL, así como a Eduardo Leal, Beatriz Núñez y Juan Francisco Algarín para desviar sus pagos entre 2003 y 2006. Leal cobró 47 cheques por valor de 1,5 millones y Algarín otros tantos por 362.000 euros. Algarín cobró por parte de empresas que recibieron subvenciones en las que Lanzas actuó como intermediario. “Lanzas habría desarrollado un importante papel y con empresas vinculadas de una u otra manera a este”.

Además, Lanzas figura como titular de tres cuentas investigadas, pero también su hija María Lorena y su cuñado Ismael José Sierra, vinculado a la empresa Maginae Solutions, que realizó informes ficticios para Mercasevilla. Los documentos intervenidos en Vitalia revelaron los porcentajes de los “gastos externos” en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%).

Mientras, las relaciones y flujos de dinero se amplían con la empresa Atrado Mensajería SL. Esta firma mantuvo relaciones eocnómicas en 2006 con el restaurante sevillano Río Grande, que recibió una ayuda de 1,5 millones para un ERE, pero que la investigación considera es una ayuda concedida de manera encubierta como una subvención directa a empresa. El círculo se cierra en torno a Lanzas, ya que también ejerció como comercial para el restaurante, cuya dueña Carmen García está imputada en el caso. Además, en la tramitación de esta póliza participaron Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís, cuyo responsable Carlos Leal está asimismo imputado. Además, la firma de mensajería Atrado también tuvo relaciones con otra empresa en la que figuraba como administrador solidario Antonio Albarracín, ex director comercial de Vitalia.

Para completar el flujo del dinero pagado en comisiones, los investigadores creen necesario investigar las cuentas de la consultora Uniter, que sustituyó a Vitalia en la tramitación de los ERE que subvencionó Empleo. La Guardia Civil acusa al exresponsable imputado de la firma, José González Mata, de conocer y participar en la inclusión de los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas con ayudas). A pesar de que González Mata ha negado mantener amistad con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los agentes subrayan que este fue el motivo de que interviniera en expedientes con pólizas millonarias como Santana, la Faja Pirítica y Delphi. Los agentes solicitan investigar los movimientos de 54 cuentas corrientes vinculadas a las empresas Herederos de Torrent Miranda, Asinver Jerez 2005, Ingotor Seguros, Cureña, vinculadas a Uniter.

En otro informe del pasado julio entregado ayer a las partes del caso, la Guardia Civil aclara que intenta determinar el destino de las subvenciones por 1,3 millones que recibió Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero recientemente excarcelado: “Con el fin de que le entregaran cantidades de dinero en metálico a este \[por Guerrero\], así como diversos regalos, y sufragarle otros gastos y consumos”, destaca el instructor del informe.Trujillo declaró ante la juez que consumió cocaína y participó en fiestas pagadas con los fondos públicos (1,3 millones) que obtuvo a través de tres subvenciones para sus empresas Sapphire, Lógica Estratégica Empresaria, Inverdosmar, Iniciativa Turística Sierra Morena y Ave Nueva.

El informe desarrolla la vía de las comisiones en la tramitación de los ERE. Pero la cifra que la Junta pagó a los intermediarios, que el PP cifró en más de 200 millones, se retrasará aún meses hasta que los agentes contrasten los movimientos bancarios.