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El PP y Ciudadanos limitan las causas de dimisión por corrupción

El partido de Rivera propone un pacto nacional para que se aparte a los cargos públicos imputados de todas las Administraciones

Los equipos negociadores del PP y Ciudadanos, este martes.

El PP y Ciudadanos coincidieron este martes en acotar la primera condición del acuerdo anticorrupción firmado hace solo cinco días, la de suspender a los cargos públicos imputados por corrupción. Ambos consideraron que no es necesario suspender al diputado popular Óscar Clavell, imputado por prevaricación, malversación y fraude, porque en su caso no hay enriquecimiento ilícito o financiación ilegal, a su juicio. Ciudadanos planteará este miércoles un pacto nacional para apartar a cargos imputados por corrupción en todos los niveles de la Administración.

El punto uno del pacto anticorrupción firmado entre el PP y Ciudadanos para abrir las negociaciones para la investidura decía textualmente: “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. La concreción de este punto tiene sus matices.

El PP y Ciudadanos no se pusieron de acuerdo sobre cuándo entra en vigor el pacto anticorrupción —Ciudadanos dice que desde el viernes; el PP esgrime que el texto emplaza a “tres meses a contar a partir de la investidura”—, pero este martes sí coincidieron en que no es necesario apartar al primer señalado por una de las condiciones del acuerdo. El diputado popular Óscar Clavell, investigado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por la adjudicación de un contrato cuando era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón) permanecerá, de momento, en su puesto. “No es lo mismo meter la pata que la mano en la caja”, declaró el vicesecretario general de Ciudadanos, quien acotó la corrupción política al “enriquecimiento personal y la financiación ilegal”. Ciudadanos argumenta que establece esa limitación porque se trata de apartar a cargos imputados, es decir, en una fase inicial del procedimiento judicial,  y por eso hay que aplicar con cuidado la medida. Añaden en el partido que el resto de formaciones, como el PP y el PSOE, establecían la barrera para pedir la dimisión en la apertura del juicio oral, que es una fase posterior del proceso en la que ya hay más indicios contra el investigado.

El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, agradeció las palabras de Villegas. “Le quiero agradecer que haya hecho la diferencia entre lo que es una prevaricación administrativa derivada de una denuncia política, en este caso, del PSOE e IU (...) y corrupción política, que es un enriquecimiento claro”. Maillo habló ayer por la mañana con el diputado investigado. “Está dispuesto a dar todas las explicaciones, tiene absoluta tranquilidad y ha expresado que dimitirá sin se abre juicio oral”. “No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es. Tenemos la obligación de ser justos. No se puede pretender hacer tabla rasa”, insistió Maillo.

Ciudadanos explicó después preguntado por este periódico que el criterio que ha mantenido “siempre” es el de circunscribir la corrupción política, en el caso del delito de prevaricación, a que exista además “enriquecimiento injusto” (no solo personal) o “se esté incurso en una red de corrupción o financiación irregular”, aseguró José Manuel Villegas a EL PAÍS. “Hay que ser muy estrictos en la lucha contra la corrupción y hay que tomar medidas exageradas, como que se aparte a los cargos públicos en la fase de imputación, que es una fase inicial del procedimiento en el que todavía no se ha tenido derecho de defensa, pero hay que ser estrictos a la hora de definir a qué se aplica y a qué no”, argumenta el número dos de Ciudadanos. Villegas asegura que en Andalucía, por ejemplo, la formación decidió no pedir la dimisión del consejero de Economía Antonio Ramírez o del secretario de Política Institucional del PSOE, Francisco Conejo, por el mismo motivo.

La formación de Albert Rivera planteó este martes a última hora de la tarde extender el pacto en esta materia a un acuerdo entre todos los partidos, esto es, a un pacto nacional, en el que además se defina que el compromiso de apartar a cargos públicos imputados afecte también a cargos autonómicos, provinciales y locales, y no solo a diputados, senadores y miembros del Gobierno, como se incluirá en el pacto de investidura con el PP.

Acuerdo en 50 medidas

Sobre el resto de contenidos del pacto de investidura, Maillo avanzó que habían llegado a un acuerdo con Ciudadanos sobre 50 medidas en el apartado de Economía y Empleo. Los equipos negociadores concluyeron a la una de la madrugada del lunes al martes el documento con los acuerdos, entre otros, la llamada mochila austriaca (un seguro para el trabajador a cargo de la empresa para cobrar en caso de despido o llegada la jubilación); y el compromiso de no subir el IRPF y bajar dicho impuesto en cuanto lo permita el cumplimiento del déficit.

Ambos partidos han dejado para el final de la negociación lás cuestiones donde ven más difícil el acuerdo, como el contrato único o las cuotas de autónomos. El PP insiste en que para algunas de las propuestas de Ciudadanos “no hay dinero” y que el pacto que suscriban “no puede ser una carta a los reyes magos”, sino que tiene que haber una mínima concreción económica detrás, indican fuentes de la negociación.

Ambos partidos insistieron ayer en que se trata de un acuerdo a todo o nada; es decir, que deberán pactar todas las medidas en un acuerdo global o el resto no servirá de nada. "Somos moderadamente optimistas", ha afirmado Maillo. El PP y Ciudadanos han decidido aparcar hasta el final de la negociación los temas en los que ven más complicaciones para llegar a acuerdos, como el contrato único, las cuotas a los autónomos o la lucha contra el fraude. Mañana arranca uno de los bloques más delicados, el de la lucha contra la corrupción y la regeneración política. Ciudadanos quiere arrancar al PP el compromiso de celebrar primarias. Los populares han aparcado ese debate en sus propias filas a la espera de celebrar el congreso nacional del partido.

La vigencia del pacto, si finalmente se suscribe, es una de las incógnitas que aún rodean la negociación. Ciudadanos solo garantiza de momento estar negociando un pacto para la investidura de Rajoy del próximo día 30 de agosto, y en segunda votación el 2 de septiembre. Preguntado por si el acuerdo expirará si Rajoy no sale investido el día 2, el vicesecretario general del partido de Rivera aseguró en conversación con este periódico: "Lo valoraremos en su momento". Es decir, la formación no ha decidido aún qué hará en el caso de encontrase en la misma situación en la que situó el pasado mes de marzo, cuando Pedro Sánchez fracasó en la investidura tras suscribir con ellos un pacto de Gobierno. Entonces, Ciudadanos decidió mantener la vigencia del acuerdo y seguir buscando más apoyos al mismo, aunque finalmente se convocaron segundas elecciones generales.

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