El juez admite la denuncia contra el exalcalde de Granada por la venta de un inmueble

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) declarará de nuevo ante el juez tras ser admitida a trámite una denuncia interpuesta por la fiscalía en otro caso judicial tras su detención la pasada primavera en la Operación Nazarí, que provocó el cambio en la alcaldía. Esta otra causa responde un posible caso de malversación, prevaricación y tráfico de influencias visto por la fiscalía en la adjudicación de la Casa Ágreda, un bien patrimonial ubicado en el barrio granadino del Albaicín. En marzo de 2015 se ejecutó la venta a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), después de que el Ayuntamiento aprobase el pliego de condiciones en septiembre de 2014.

Se trataba de la concesión de los terrenos afincados en el barrio del Albaicín por un importe de 200.000 euros y con una opción de compra que debía realizarse en un plazo máximo de 15 años por valor de un 1,5 millones de euros. La oposición municipal, formada entonces por el PSOE, IU, y UPyD, aprobó en pleno la revocación del contrato, aunque el gobierno del PP denegó la petición al asegurar que ya se había firmado en el registro de la propiedad de Granada.

El magistrado José Luis Martínez ha ordenado la práctica de las diligencias, entre las que también están las declaraciones de los implicados, a partir del próximo mes de septiembre, según ha informado Europa Press. Tendrán que acudir ante el juez el que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ambos fuera del consistorio tras su implicación en la Operación Nazarí en la que se investigan delitos de cohecho, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y estafa, entre otros cargos. Junto a los dos exdirigentes del PP tendrán que declarar cinco funcionarios del Ayuntamiento y el resto de miembros de la Junta de Gobierno que aprobó la concesión en el mes de marzo del 2014.

La operación con AIDE, una ONG marroquí, para la venta de la Casa Ágreda fue denunciada inicialmente por el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, a la que se sumó el PSOE (actual equipo de gobierno). Motivo por el que los vecinos del Albaicín se movilizaron para evitar la concesión al desconocerse la procedencia de AIDE y sus intenciones con este bien patrimonial, del que el PP tampoco garantizaba su normal funcionamiento como elemento monumental de Granada.