Fiscalidad para los poderosos

Rajoy no dijo la verdad a los españoles y a las autoridades europeas para justificar que podía bajar los impuestos con su reforma fiscal de 2014, que con un coste de cerca de 13.000 millones de euros benefició a rentas altas y grandes corporaciones y supuso recortes en el Estado del bienestar.

Y sostuvo de la misma forma la principal idea del PP en las campañas del 20-D y 26-J: nuevas promesas de rebajas fiscales. Pero, tras las elecciones, la subida de impuestos —que ahora afectaría a la mayoría— es la primera idea que pone sobre la mesa.

No me equivocaba cuando justo ahora hace un año afirmaba que los Presupuestos de 2016 eran los más tramposos de la democracia. Los objetivos de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y límite máximo de gasto convalidados en el Congreso de los Diputados, todavía vigentes, fijaban unos objetivos de déficit para el conjunto de administraciones del 2,8% del PIB para 2016 que podría situarse en el 4,7%, de acuerdo con las estimaciones de la Autoridad Fiscal (Airef). En definitiva, el Gobierno manipuló burdamente las cifras en unos 20.000 millones de euros para justificar esa bajada de impuestos a las rentas más altas y sus promesas de rebajas fiscales.

En conjunto, una política fiscal y presupuestaria que transfiere bienestar a los poderosos, costeándolo la mayoría de la sociedad. Tanto es así que como consecuencia de los años de Gobierno de Rajoy, la reducción del déficit se producirá por una disminución del gasto público de 3,5 puntos porcentuales con relación al PIB, y un incremento de los ingresos públicos de 1,4 puntos. De forma que en 2016, sin medidas adicionales, los ingresos públicos sobre el PIB se situarán por debajo del 38%, alejándonos aún más de la media de la UE.

Todo esto tiene más implicaciones, de índole reputacional, mitigadas a corto plazo por la política monetaria proactiva del BCE. El Gobierno, que utilizó las instituciones para adelantar la aprobación de los Presupuestos 2016 con el argumento de la credibilidad que supone no prorrogarlos, incumplirá probablemente el techo de gasto, la regla de gasto, los objetivos de déficit en 20.000 millones de euros y el objetivo de deuda pública, y ha tenido que cerrar el ejercicio 2016 a mitad de año.

La pérdida de credibilidad ante las instituciones europeas es absoluta. De ahí las amenazas de multa y la exigencia de las autoridades europeas para que el Gobierno tome medidas concretas y creíbles. Si malo es no tener presupuestos, mucho peor es la manipulación de las cifras de las cuentas públicas y de la realidad.

Pedro Saura es diputado del Grupo Parlamentario Socialista y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia.