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Formentera se blinda de las ‘party boats’

El Parlamento balear aprueba una ley que prohíbe las discotecas flotantes en aguas protegidas

Lucía Bohórquez
Un grupo de turistas montados en kayaks de mar en Formentera.
Un grupo de turistas montados en kayaks de mar en Formentera.Manu San Félix
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Formentera quiere vetar los 'party boats'
Una isla con pequeños secretos

Baleares prohíbe la organización de discotecas flotantes en todos los espacios protegidos de las islas, lo que blindará Formentera de las llamadas party boats, que ya no podrán organizarse en todo el litoral de la isla. El Parlamento autonómico ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos, la Ley de Impacto Ambiental. La norma pone coto a esta actividad, orientada sobre todo a turistas, y tiene especial incidencia en aguas de Formentera e Ibiza, donde su proliferación ha obligado en los últimos años a las administraciones a iniciar campañas específicas para controlar estas macrofiestas en medio del mar.

La diputada Silvia Tur (Gent per Formentera), impulsora de esta medida, explica que las aguas y fondos de la menor de las Pitiusas están protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC), por lo que la isla quedará totalmente fuera del radio de acción permitido a partir de ahora a estas discotecas flotantes. Un tipo de actividad que se ha disparado en el entorno de Ibiza y Formentera, donde algunas embarcaciones no han tenido reparos en fondear en zonas protegidas como el parque natural de Ses Salines y que ha generado un rechazo mayoritario por parte de los residentes de la pitiusa menor, orientadas hacia un turismo de tranquilidad.

Algunas de las embarcaciones que ofrecen este servicio tienen capacidad para cientos de personas, que pasan varias horas bebiendo y bailando en la cubierta al ritmo muchas veces de música en vivo, con las molestias que todo ello conlleva para los habitantes de la isla. Las party boats tampoco han estado exentas de accidentes y se han registrado fallecimientos de jóvenes, la mayoría ahogados, durante el transcurso de las fiestas. "Este tipo de actividades generan un perjuicio gigante para la isla" dice la diputada.

Buena parte del litoral ibicenco quedará también libre de party boats porque hay zonas protegidas como el entorno de Es Vedrá, Tagomago, áreas que abarcan el parque natural de Ses Salines y aguas que bañan los municipios de Santa Eulalia y Sant Joan. "Las campañas de los últimos años no han servido para que las empresas que organizan estas fiestas sepan que no nos gustan, porque las han seguido llevando a cabo", dice la diputada, que considera que la nueva ley ofrece más herramientas a los agentes de costas y la Guardia Civil encargados del control de estas zonas protegidas.

Caminos protegidos para acceder al mar

La nueva normativa aprobada por la Cámara autonómica también regula otros aspectos que no se han librado de la polémica, como el acceso al mar mediante caminos que discurren por las llamadas zonas de exclusión, parajes protegidos en los que solo se autoriza el acceso humano con fines científicos o de investigación. A partir de ahora, el Gobierno balear podrá regular el uso y autorizar el paso de forma directa, estudiando cada caso. Esto permitirá atravesar senderos que discurren por zonas de valor medioambiental para acceder al mar, aunque el número de viandantes que lo atraviesen estará controlado de forma directa por la Consejería de Medio Ambiente.

El texto también incluye un punto polémico, la moratoria de alcantarillado que permite a los Ayuntamientos otorgar licencias urbanísticas en zonas urbanas que no cuentan con una red de saneamiento. El texto establece la obligación de construir una red de alcantarillado a plazos en un máximo de seis años.

Este punto ha sido rechazado durante el pleno por los grupos de Podemos y Gent per Formentera al considerar que la moratoria ha sido aprobada de forma precipitada y agrava el problema medioambiental. Los partidos del Gobierno, PSOE y Més, así como PP y Proposta per les Illes (PI) han votado a favor de esta iniciativa justificando su beneplácito en que la ley pretende dar alternativas a los Consistorios para poder obtener ingresos a cambio de exigir su compromiso de cumplir con los términos de la moratoria.

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Sobre la firma

Lucía Bohórquez
Colaboradora de EL PAÍS en las Islas Baleares. Periodista de la Cadena SER en Mallorca desde el año 2008, donde se ha especializado en temas de tribunales. Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco.

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