El Senado da la razón al Congreso frente al Gobierno

En el escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional la Cámara Alta asegura que el Ejecutivo en funciones contradice la Constitución al no someterse a control

Vista del Congreso de los Diputados.
Vista del Congreso de los Diputados.JAIME VILLANUEVA

El Senado ha dado la razón al Congreso de los Diputados en su conflicto con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse a control parlamentario. La argumentación está contenida en el escrito de alegaciones del Senado, presentado en el tribunal el 11 de julio y tiene especial relevancia porque la Cámara alta está controlada por la mayoría absoluta del PP. El conflicto está en manos del Constitucional, que podría fallar en breve, y su doctrina podría ser aplicable si se demora la investidura.

El escrito de alegaciones del Senado al Tribunal Constitucional acusa al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de utilizar argumentos contrarios a la Constitución y de defender una situación que provoca "un resultado impropio en el estado constitucional".

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El conflicto de atribuciones fue presentado por el Congreso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control de la Cámara y al negarse a todas las comparecencias solicitadas por los grupos entre el 20 de diciembre y la disolución automática en mayo de las Cortes. El recurso está pendiente de resolución en el Constitucional.

El Senado está personado en el procedimiento por ser parte de las Cortes Generales y tiene capacidad para hacer las alegaciones que, obviamente, no son vinculantes para el Constitucional. El escrito lo firma Fernando Santaolalla López, letrado de las Cortes Generales y jefe de la asesoría jurídica del Senado, "en nombre y representación de la Cámara". Coincide con el Congreso en que no puede haber un control ordinario del Gobierno en funciones, pero sí de forma selectiva para las decisiones adoptadas en esa condición. Así se hizo estos meses en el Congreso, pero el Gobierno se negó a dar respuesta a las peticiones aunque se refirieran a decisiones adoptadas como Ejecutivo en funciones.

"De lo contrario, de sostenerse que cuando un Gobierno en funciones adopte decisiones de alcance político, que puedan condicionar la actuación del Gobierno futuro, debe escapar a todo control, se llegaría a un resultado impropio en el Estado constitucional, por mucho que tales decisiones puedan resultar en sí mismas justificadas. Pues dicho control es inherente al sistema de relaciones políticas entre parlamento y Gobierno", asegura.

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El Senado, además, considera contrario a la Constitución el principal argumento de La Moncloa que asegura que no puede haber control estando en funciones por no ser el Parlamento que le otorgó la confianza. Lo hace asegurando que el Senado no es el que da esa confianza, es decir, el que inviste al presidente, pero sí tiene atribuida constitucionalmente la función de control al Gobierno.

 Contra la Constitución

"El Senado no puede compartir el argumento difundido durante el presente conflicto, en el sentido de que sería la relación de confianza la que fundamenta la responsabilidad del Gobierno ante el parlamento y, por ende, la propia función de control de este último. De esta premisa se deriva que no procede el control parlamentario cuando no media esa relación de confianza. Este argumento confunde dos conceptos constitucionales cercanos, pero diferenciables, con un resultado inconstitucional y lesivo para el Senado", explica.

Añade que "existe el concepto de control parlamentario de la acción del Gobierno que la Constitución otorga a las dos cámaras que integran las Cortes Generales. Esto supone que el Senado está capacitado para ejercer el control de la acción del Gobierno aunque no mantenga una relación de confianza con el mismo. El argumento que aquí se critica supondría en sus términos literales privar al Senado de la función de control de la acción del Gobierno. Consecuencia tan grave se opone a lo establecido por la Constitución y a la práctica consolidada durante casi 40 años".

La situación plantada estos meses podría repetirse en los próximos meses en caso de investidura fallida en agosto y, por eso, la decisión del Tribunal Constitucional es importante, más allá del valor político y simbólico.

Moncloa respondió con plantones al vacío legal

El Congreso constituido el 13 de enero encontró el vacío legal de cómo funcionar al prolongarse la interinidad por no ser posible la investidura.

La Mesa encargó un informe a los letrados de la Cámara que concluyó que podría haber control siempre que se filtraran las peticiones y se refirieran a competencias o actuaciones del Gobierno en funciones.

Con ese criterio se tramitaron peticiones de comparecencia de ministros, con la oposición firme de los representantes del PP, frente a todos.

El Gobierno respondió media docena de veces con escritos del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en los que se decía que no se podían someter al control de un Parlamento que no los eligió. La Moncloa esgrimió precedentes y un informe legal del Parlamento de Andalucía que avalaba su criterio.

El primer plantón, insólito en democracia, fue el del ministro de Defensa, Pedro Morenés, convocado para hablar de una cumbre de la OTAN de febrero, es decir, estando en funciones, en la que se tomaron decisiones sobre refugiados en el Mediterráneo. Luego siguieron otras como el del ministro del Interior, Jorge Fernández, por sus declaraciones sobre Podemos y el terrorismo y de la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las cercanías en Cataluña y sus problemas en esos días.

El Gobierno extendió el plantón a altos cargos de Fomento y de Interior citados por el Congreso, a pesar de que la ley dice que solo están en funciones los ministros.

Sí comparecieron a petición propia los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, para informar de decisiones sobre la UE que precisaban acuerdo entre los grupos. Y el propio Mariano Rajoy acudió al Pleno, después de resistencias para cumplir la ley que le obliga a dar cuenta de las cumbres europeas.

El 19 de abril se produjo la imagen insólita de los escaños azules del Pleno vacíos porque el Gobierno en pleno decidió no acudir al Congreso a responder a los demás grupos.

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