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Más de 2.000 judíos sefardíes han solicitado ya la nacionalidad española

Argentina, con 257 peticiones, es el país con mayor número de demandantes

Una mujer sefardí firma el certificado de nacionalidad española en el consulado español de Estambul (Turquía).
Una mujer sefardí firma el certificado de nacionalidad española en el consulado español de Estambul (Turquía). EFE

El Ministerio de Justicia ha registrado 2.038 solicitudes de descendientes de sefardíes desde la entrada en vigor de la ley, el 1 de octubre de 2015, por la que se otorga la nacionalidad española a este colectivo, proveniente de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Argentina, con 257 peticiones, es el país con el mayor número de demandantes, seguido de Israel (178) y Venezuela (144). Los datos, facilitados por el Ministerio de Justicia, están actualizados hasta la penúltima semana de este mes de junio.

Desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) afirman que las cifras se incrementarán en los próximos seis meses. Esta organización se encarga de tramitar el certificado que prueba el origen sefardí del solicitante. La institución ha recopilado cerca de 3.300 solicitudes desde el pasado 1 de octubre. Según la directora de la FCJE, Carolina Aisen, el número se ampliará porque son "muchos" los solicitantes que, antes de presentar la documentación por la vía oficial, les dirigen consultas. 

Existen dos procedimientos para conseguir la nacionalidad española a descendientes de sefardíes. En el primero, el solicitante debe probar que lleva, al menos, dos años residiendo de forma legal en España. En el segundo, la solicitud se tramita por la denominada "carta de naturaleza", en la que se exigen una serie de "circunstancias excepcionales" para llevar a cabo la tramitación. No se trata, por sí solo, de tener un determinado apellido, o dominar el ladino, la variedad del castellano hablada en algunas comunidades de judíos de origen hispano. Tampoco basta con acreditar una especial vinculación con la cultura y costumbres españolas. Ninguno de estos aspectos, aunque se tengan en cuenta en la aprobación, bastan por sí solos para obtener la nacionalidad. 

Saber español

El solicitante, que en todo caso tiene que ser mayor de edad, tiene que justificar un conocimiento básico de la lengua española (un nivel A2, suficiente para comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente), que certifica el Instituto Cervantes. Además, deben superar una prueba de conocimiento adicional sobre cultura y realidad social españolas. Sin embargo, muchos solicitantes no pueden cumplir este requisito en razón de su avanzada edad. La FCJE negocia con el Ministerio de Justicia cómo suavizarlo para esos casos.  "Intentaremos facilitarles el proceso a estas personas tan ancianas, que están muy vinculadas emocionalmente con su pasado y que en la mayor parte de los casos hablan perfectamente el ladino", asegura.

El conocimiento del ladino no es imprescindible para la obtención del pasaporte español, pero se valora. El ladino se mantiene, según la FCJE en ciudades como Estambul, Toronto o Montreal gracias a centros de enseñanza que lo imparten como asignatura.

El FCJE calcula que una tercera parte de las solicitudes reunidas se tramita con éxito y otra tercera parte nunca llegará a finalizar el proceso. Una vez aprobado ante notario, para lo que es preciso que el interesado viaje a España, el solicitante tiene 180 días para notificarlo al consulado en el país donde vive. "Allí se realiza la jura y se emite el pasaporte", explica Aisen.

Los trámites implican el pago de una tasa de 100 euros, a los que hay que añadir los costes del examen oficial y del viaje y estancia en España. Hasta el momento, la web del Ministerio de Justicia destinada a este fin ha contabilizado más de 35.000 visitas en los primeros nueve meses de vigencia de la ley. "El interés es muy grande, pero es imposible prever cuántos solicitantes iniciarán el procedimiento". La petición de nacionalidad por esta vía tiene fecha límite: las solicitudes tendrán que presentarse antes de octubre de 2018, aunque el plazo podría prorrogarse un año más, si así se decide en Consejo de Ministros.

Una protección que viene de lejos

La defensa institucional de España por la restauración de los derechos de los sefardíes como ciudadanos españoles de pleno se remonta a la década de los años veinte del siglo pasado. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que gobernó entre 1923 y 1930, se promulgó un real decreto que sirvió de precedente para reconocer y proteger a los descendientes de sefardíes.

La directora de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Carolina Aisen, afirma cómo gracias a esta herramienta los cónsules de diferentes países salvaron muchas vidas de personas de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial. 

Un ejemplo de ello es una orden del Gobierno español de 1948, en la que se hacía referencia, mediante un listado, a las familias sefardíes provenientes de Egipto y Grecia protegidas por España. Un gesto que también se ha repetido a lo largo del tiempo, como apunta Asien. "En la Guerra de los Seis Días, acaecida en 1967, numerosos judíos de origen sefardí pudieron salir de los países árabes y encontrar cobijo en España gracias a la mediación consular".

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