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El pasado 7 de enero dos jóvenes decidieron divertirse de manera cruenta en la explotación porcina en la que trabajaban en Huércal-Overa (Almería). Estaban trasladando a decenas de lechones que iban a ser destetados y, cuando las crías se encontraban en un pasillo, uno de ellos supuestamente empezó a saltar sobre los animales mientras el otro grababa sus movimientos con el teléfono móvil, imágenes que después fueron difundidas por WhatsApp. Murieron 79 lechones aplastados y los dos chicos se enfrentan ahora a una petición fiscal total de dos años y medio de cárcel por estos hechos.

El ministerio público acusa a ambos por los supuestos delitos de daños y maltrato animal doméstico. El autor material de la acción contra las crías sería D. A. A., de 19 años, quien está acusado por la muerte “cruenta e injustificada” de los animales. A su compañero M. R., de 22 años, se le reprocha que no hiciera “nada” por impedir los hechos y, además, los grabara con el móvil. Se enfrentan inicialmente a una pena de un año y 18 meses de cárcel, respectivamente, informa Europa Press.

Los lechones apenas tenían siete días de vida. Los dos trabajadores procedían a cambiarlos de habitáculo, desde donde estaban con sus madres hasta los módulos de recría, cuando los colocaron en un pasillo. Entonces, de manera “injustificada y cruenta”, D. A. A. comenzó a saltar y abalanzarse sobre ellos, lo que provocó que 79 animales murieran por aplastamiento, señala el escrito de calificación.

M. R., a quien la fiscalía señala como responsable del traslado, no hizo nada para impedir la acción de su compañero y se dedicó a grabar los saltos con el teléfono, vídeo que después fue difundido por WhatsApp. La difusión de estas imágenes fue lo que permitió unos días más tarde a los agentes del Seprona de la Guardia Civil identificar y localizar a los autores de estos hechos, tras ser alertados por el dueño de la finca.

La muerte de los 79 lechones causó unas pérdidas económicas a la explotación porcina de 4.740 euros, cantidad que el ministerio público reclama a los acusados como indemnización. Además de la petición de cárcel, los dos acusados también se enfrentan al pago de una multa de 4.380 euros y a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, o la tenencia de estos.