El pacto político con Cataluña, un largo camino con dos consultas y vetos cruzados

La propuesta de Pedro Sánchez para Cataluña necesitaría superar una larga carrera de obstáculos con una serie de escollos que incluye los vetos del resto de fuerzas políticas, a ambos lados del espectro parlamentario, y también el muro del Tribunal Constitucional, en aplicación del nuevo recurso previo para estatutos de autonomía, aprobado en la pasada legislatura. Necesitaría acuerdo con PP, la izquierda y los soberanistas y el visto bueno del Constitucional, en un proceso a muchas bandas con dos referendos y unas elecciones generales.

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La formulación concreta no se conoce, pero se supone que se trata de reformas simultáneas de la Constitución y el Estatuto de Cataluña, para reconocer la singularidad de esta comunidad, en línea con lo que apuntaba la llamada declaración del PSOE de Granada de 2013. Necesitaría referéndum en toda España para la Constitución y en Cataluña para el estatuto, en un sistema de doble consulta que ya fue apuntado hace años por constitucionalistas como el fallecido Francisco Rubio Llorente.

Esta vía sirve para sortear la consulta de autodeterminación que proponen los soberanistas en Cataluña y Podemos y que ha sido rechazada media docena de veces por el Tribunal Constitucional por unanimidad de sus miembros. Esta vía de la consulta puede ser inviable si, por ejemplo, 50 diputados del PP lo llevan al Constitucional y el Tribunal mantiene la citada doctrina.

Para cambiar la Constitución, el PSOE necesitaría un acuerdo con el PP y con Podemos o Ciudadanos. En el Congreso necesitaría mayoría de hasta dos tercios, es decir, 234 diputados para lo que tendría que sumar a otros tres grupos parlamentarios como mínimo. Y en el Senado necesitaría mayoría absoluta, es decir, sin el PP no podría salir adelante y los populares siempre han sido contrarios a esta posibilidad. De hecho, recurrieron al Constitucional el actual estatuto porque admitía la bilateralidad en las relaciones entre el Estado y Cataluña.

Tendría que haber un referéndum, tras la disolución de las Cortes y elecciones, según el artículo 168 de la Constitución: "Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".

El acuerdo con el PP no parece fácil sobre este asunto porque ya en 1978 la derecha (entonces Alianza Popular) apoyó el conjunto de la Constitución, pero no el Título VIII, el que habla de la organización territorial.

Respecto al Estatuto de Cataluña, sería necesario el voto de dos terceras partes del Parlamento de esa comunidad. Es decir, tendría que lograr el apoyo también de los soberanistas catalanes. Luego necesitaría mayoría absoluta del Congreso y el Senado y, por último, debería ser sometido a referéndum en Cataluña. Esta vía sustituiría a la de la consulta de autodeterminación.

La novedad es que la pasada legislatura se aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que obliga a que, en caso de recurso, este se ve antes de someterse a referéndum, para evitar lo que pasó con el actual.

"Cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales", asegura la reforma.

Es decir, se votaría en referéndum el texto resultante de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y pueden recurrir al Constitucional 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo entre otros. Es decir, el PP podría bloquear la reforma estatutaria y el Constitucional modificarla antes de la consulta.