Interior revoca la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar

La Federación, que argumenta que está siendo objeto de una campaña de acoso por parte de grupos ultraconservadores, ha anunciado que recurrirá la decisión de Interior, que este lunes se recoge en el Boletín Oficial del Estado. "Se nos persigue y se nos difama por defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir”, reclama Luis Enrique Sánchez, portavoz de la Federación.

La Asociación de Abogados Cristianos, una organización dedicada a la defensa de la familia tradicional y los valores cristianos ante la justicia y que tiene otros procesos abiertos contra personas como el artista Abel Azcona por usar hostias consagradas en una performance sobre la pederastia o contra los médicos que retiraron la alimentación artificial a la niña gallega Andrea después de que sus padres lograsen la autorización judicial para ello, ya presentó en 2015 una denuncia contra la Federación por financiación irregular ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Madrid, tras investigar el caso, impuso una sanción a la entidad sanitaria de 1.500 euros por incluir en su revista Diálogos anuncios de fármacos anticonceptivos; medicamentos que necesitan receta médica y que por ello no se pueden promocionar ante el público general (sólo a médicos y sanitarios). La Consejería de Sanidad estimó en ese entonces que la organización no se había lucrado con esos anuncios y le impuso una sanción administrativa.

Interior argumenta su decisión de revocar la declaración de utilidad pública, concedida el pasado 5 de mayo, en que la Federación ocultó la sanción de la Comunidad de Madrid cuando presentó los documentos necesarios para lograr esa declaración, según ha informado un portavoz del ministerio a Europa Press. Obtener la declaración de utilidad pública permite a las asociaciones, además del reconocimiento de su labor social –lo que puede ayudar con las subvenciones--, una serie de beneficios fiscales.

Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, se muestra satisfecha con la decisión de Interior. “Una organización que se financia de forma ilegal no puede tener los beneficios fiscales de una asociación de utilidad pública. Además, para ser declarada de utilidad pública, como recogen los requisitos, las organizaciones deben promover la protección de la infancia. Cómo va a hacerlo una entidad como la Federación de Planificación Familiar Estatal que promueve el aborto”, afirma Castellanos. Abogados Cristianos también había iniciado en la plataforma Change.org una petición de firmas para que Interior revocara la utilidad pública a la Federación.

El presidente de la organización sanitaria se lamenta de que con la decisión de Interior, varios de los proyectos que lleva a cabo la Federación están en riesgo. Proyectos especializados de métodos anticonceptivos para jóvenes e inmigrantes, programas de las pruebas del VIH, proyectos con población reclusa. “Personas que no están adecuadamente cubiertas en el sistema sanitario público”.