El consejero de Economía andaluz niega cualquier irregularidad en la adjudicación de proyectos

El consejero de Conocimiento y Economía de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha declarado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para aclarar los términos de la adjudicación por parte de la Universidad de Sevilla de dos contratos menores cuestionados por el Colegio de Arquitectos de la capital andaluza. Arellano ha negado cualquier irregularidad en su gestión, ha explicado cómo se encargaron los proyectos y ha defendido que no existe relación alguna, ni de él a título personal ni de la institución académica que promovió el edificio, con la empresa adjudicataria del proyecto básico. A sus argumentos se ha sumado, de forma paralela, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, que ha declarado inadmisible el último recurso del ente profesional sobre este asunto.

El Colegio de Arquitectos ha promovido numerosos procesos (hasta nueve, según la universidad) por la construcción de un edificio universitario de espacios tecnológicos, conocido como Centrius, que promovió Joaquín Luque Rodríguez, elegido rector en 2008 y anterior vicerrector de Infraestructuras. Este último cargo lo asumió Antonio Ramírez de Arellano ese mismo año, a quien le llegó la orden de iniciar los trámites del proyecto dos meses después de su designación.

Para aprovechar condiciones administrativas del momento, se encargó un proyecto básico por "procedimiento negociado sin publicidad", una fórmula prevista en la legislación vigente en ese año que consiste en recabar tres ofertas limitadas a 60.000 euros sin IVA y negociar con una o varias de ellas. El Colegio de Arquitectos entiende que esta adjudicación se debería haber hecho por concurso y, tras no obtener una respuesta satisfactoria en los tribunales contenciosos administrativos, ha recurrido a la vía penal al considerar que se pudieron cometer delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El TSJA ha citado esta mañana al consejero para determinar si el caso debe ser enjuiciado y no porque disponga de indicios de culpabilidad. "Ha sido una declaración normal y el Colegio de Arquitectos de Sevilla no se ha personado", ha explicado el consejero tras declarar.

"Me voy tranquilo. Todas las operaciones han estado presididas por actuaciones regulares y legales. En ningún caso se produce ningún problema económico, hemos defendido como debemos la gestión de dinero público. No creo que haya ninguna connotación política porque yo no era un cargo político en 2008, era vicerrector de la Universidad de Sevilla".

Arellano ha atribuido la utilización de la vía penal por parte del Colegio de Arquitectos a criterios "oportunistas". "La hacen porque veían peligrar el contencioso administrativo y perder el caso. Si hay algún error es por un cauce del procedimiento administrativo. Ni a mí ni a la Universidad nos une nada con los arquitectos adjudicatarios de los contratos ni antes ni después. Las 80 empresas que se presentaron al concurso estaban al tanto de todo y fue público”, ha afirmado.

En esta línea, la magistrada del juzgado número 11, María de las Mercedes Romero García, ha rechazado el último recurso del Colegio de Arquitectos por "interposición extemporánea". Entiende la juez que el plazo de interposición estaría prescrito puesto que los actos impugnados ya habían sido notificados al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en tiempo y forma por la Universidad y la entidad profesional tuvo "perfecto conocimiento y notificación de los actos objeto del recurso".

Ramírez de Arellano es el primer consejero en activo de Susana Díaz investigado por el TSJA. Ciudadanos, con cuyo apoyo gobierna el PSOE en Andalucía, ya ha anunciado que no pedirá su dimisión y la presidenta andaluza ha reducido el asunto a un “conflicto de arquitectos” que no supondrá el cese del consejero. Solo el PP reclama la destitución.