El juez ordena exhumar los restos de dos fusilados del Valle de los Caídos

Manuel Lapeña, inspector veterinario y abuelo de la demandante, y su hermano menor Antonio, herrero de profesión, fueron detenidos en julio de 1936 en Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud. Su familia se encontraba entre los fundadores del sindicato anarquista CNT en la comarca. Según su nieta, Manuel fue "sacado" de la cárcel por miembros de la Falange y fusilado en el barranco de la Bartolina, en las afueras de la localidad, y supuestamente enterrado en una fosa común del mismo paraje. Su hermano, que consiguió escapar en un primer momento, cometió el error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un breve periodo en prisión, fue asesinado en la tapia del cementerio bilbilitano e inhumado en un enterramiento colectivo.

En 1959, el Ministerio de Gobernación, antecedente del Ministerio del Interior, trasladó al Valle de los Caídos los restos de varias fosas comunes, entre ellas las de la zona de Calatayud, para enterrarlos junto a la que posteriormente sería la tumba de Franco. Existe una certificación del abad benedictino de Cuelgamuros de que los restos procedentes de esa comarca se encuentran probablemente en un columbario concreto, en el tercer piso de la Cripta del Sepulcro. La familia de las dos víctimas ha esgrimido este documento en sus reclamaciones judiciales por las vías penal y contencioso administrativa, que no han puesto en duda su validez.

El juez entiende que existen “indicios” que “determinan” que “los restos cadavéricos de los familiares de la solicitante se encuentran en el Valle de los Caídos (…) sin que se les haya procurado búsqueda, identificación y digna sepultura”. El magistrado recuerda las dificultades que entraña esta identificación. En el Valle de los Caídos se encuentran sepultados al menos 33.847 personas pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil. De la zona de Calatayud fueron enterrados 81 restos en nueve cajas, cada una de ellas con los restos de nueve personas registradas en 1959 como “desconocidos”.

El magistrado menciona un informe de Patrimonio Nacional llevado a cabo en 2011 en el que se informa de que en 1990 se llevaron a cabo movimientos de restos desde el piso primero de la Cripta del Santísimo a la Cripta del Pilar. El juez afirma desconocer el “origen” y la “legalidad” de dicho informe, pero subraya que estos movimientos no afectaron a la Cripta del Sepulcro, donde se encuentran los restos. Sin embargo, en los pisos 3º a 5º de dicha cripta surge un problema técnico: una serie de columbarios dispuestos a modo de muro obstruyen el acceso. El juez sostiene que estas cajas que taponan el paso pueden ser trasladadas “de la misma forma que ya lo han sido otros restos del cementerio”.

El abogado Eduardo Ranz, que ha representado a la familia de las dos víctimas, confía ahora en la buena fe de Patrimonio Nacional, de quien depende el Valle de los Caídos, para proceder a la exhumación e identificación con ADN de los restos de los hermanos Lapeña Altabás. Esta misma semana Ranz realizará la petición, a la que adjuntará el auto, para que comience el “trabajo científico”, para el que propondrán el concurso de forenses de “prestigio incluso internacional”. Según el letrado, sería “temerario” que Patrimonio Nacional se opusiera a esta petición una vez ha sido ordenada por un juez y es firme, ya que la Fiscalía no ha recurrido.

Ranz lamenta que el Gobierno, en una reforma de 2015, haya eliminado el artículo del Código Civil sobre la perpetua memoria que ha permitido este procedimiento legal.

La decisión judicial ya ha suscitado resquemores. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos pidió ayer a Patrimonio Nacional que se abstenga de "tocar y manipular los restos de cualquier persona inhumada en los osarios de la Basílica" en la búsqueda de los hermanos Lapeña Altabás. La asociación exige que si se procede a una "manipulación" de los restos de otros enterrados se notifique previamente a sus familias para evitar un delito de "profanación", informa Natalia Junquera.