Un exalcalde implicado en contrabando asume dos delitos pero evita la cárcel

A una semana escasa del juicio y al límite de la prórroga de casi cuatro meses que le concedió el juzgado para reunir el dinero exigido por Hacienda como condición para evitar el banquillo por dos delitos fiscales, el que fuera durante 18 años alcalde por el PP en Ribadumia, José Ramón Barral, Nené, ha consignado casi 700.000 euros al fisco, lo que le ha permitido cerrar un ventajoso acuerdo con la Fiscalía de Pontevedra.

Nené Barral llegará el próximo miércoles al que iba a ser su primer juicio penal, con una petición de pena de ocho años y la implicación de sus tres hijas, con una sustancial rebaja penitenciaria y económica; un puro trámite tras asumir el acusado que ocultó a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas por los negocios eólicos y acuícolas que emprendió en China y Chile correspondientes a los ejercicios de 2006 y 2007.

La cantidad consignada fue la condición que puso Hacienda para negociar con sus abogados el acuerdo de conformidad que tenía que contar con el visto bueno del fiscal del caso, Augusto Santaló, y el abogado del Estado. Así, Barral tuvo que adelantar menos de la mitad del millón y medio de euros de ganancias patrimoniales que no declaró. Además de las cuotas supuestamente defraudadas, el acuerdo también contempla el pago de un porcentaje de cada una de las multas, a lo que habría que sumar los intereses de diez años de demora en el pago tributario.

El hombre que dirigió uno de los bastiones del PP en Galicia y presunto contrabandista hasta que tuvo que dimitir del cargo, detenido por un alijo de tabaco incautado en 2001 por el Servicio de Vigilancia Aduanera y todavía pendiente de acusación, ha conseguido que el fiscal le retire la acusación e indemnizaciones solicitadas para sus tres hijas. Una de ellas en calidad de autora material de los supuestos delitos y las otras dos como cooperadoras necesarias.

Por lo que se refiere a su futuro penitenciario, Nené Barral –sin antecedentes penales- verá rebajada hasta, al menos, un grado la pena de cuatro años por cada uno de los dos delitos fiscales que se le imputan, una condena de mínimos que incluso podría sustituir por el pago de una multa para evitar la libertad condicional. Esta posibilidad no se ha contemplado en el acuerdo extrajudicial pero no se descarta que la defensa de Barral lo solicite a la magistrada del juzgado de lo penal número 2 durante la vista oral del próximo miércoles, según las fuentes consultadas.

La instrucción del caso comenzó como un posible delito de blanqueo de dinero pero se fue desinflando con el paso del tiempo, al igual que ocurrió con su patrimonio oculto en Suiza procedente de sus presuntos negocios tabaqueros y que Hacienda nunca pudo sacar a la luz hasta que acabó archivado.

La falta de pruebas documentales ha sido uno de los principales obstáculos en la investigación. La fiscalía envió varias comisiones rogatorias clave para el proceso a las autoridades chinas pero estas nunca contestaron, lo cual hizo rebajar las expectativas del juicio a pesar de que la acusación pública contaba con un testigo de cargo que había sido empleado de Barral en sus proyectos asiáticos.

El Servicio de Vigilancia Aduanera pudo constatar la presunta evasión fiscal desde 2006, cuando Nené Barral constituyó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad Fullest Bright Limited que transfirió dinero a sus filiales en varias ciudades asiáticas y sudamericanas. Las socias del exalcalde en estos proyectos fueron sus tres hijas, hasta que en diciembre de 2012 cesaron de sus cargos en la sociedad tras el nombramiento del chino Su Po Ling, supuesto testaferro de la familia Barral.

La sociedad constituyó en el municipio de Jimo, provincia china de Shangdong, una filial, destinada a la producción y tratamiento de mariscos, Quingdao Shellhouse Seafood Co. Ltd., a la que Barral transfirió en dólares al Banco de Construcción de China cantidades opacas para la Hacienda española. Además de poner en marcha el cocedero, el exalcalde hizo otras inversiones en Chile y en Hong Kong.

Para desarrollar la empresa de recursos eólicos, Barral Martínez contrató los servicios técnicos de la sociedad española Barlovento Recursos Naturales, SL, quien desplazó un técnico hasta Hong Kong, facturando a Solid Excel International Limited, que abonó las facturas desde el banco Standard Chanteded Bank.

Las denuncias de Hacienda contra Nené Barral fueron corroboradas por uno de sus convecinos de Ribadumia al que contrató como empleado en el cocedero de mariscos de China, donde fue condenado por ocultar documentación de dos sociedades. El testigo de cargo de la fiscalía puso los hechos en conocimiento del cónsul español en China en 2009 y salió de prisión tres años después.