El Supremo archiva la investigación contra la exalcaldesa de Jerez

El Tribunal Supremo ha archivado provisionalmente la investigación a la exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, María José García-Pelayo, por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama Gürtel. La parlamentaria declaró a finales de febrero durante más de una hora en el Tribunal Supremo en calidad de investigada —antigua figura de imputado— por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. Los investigadores le atribuían un papel clave en la supuesta contratación fraudulenta del Ayuntamiento gaditano con empresas de Francisco Correa. "Yo no firmé esos contratos", alegó la política andaluza.

Los jueces califican de "creíble" el testimonio de García-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no solo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable".

Los hechos investigados se remontan al año 2004 y tienen relación con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel año, así como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.

El instructor de esta parte de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, no cuestiona en la resolución la posible relevancia penal de los hechos investigados. Explica que fue una decisión arbitraria "adoptada al margen de todo procedimiento legal" y que benefició a tres empresas que resultaron adjudicatarias, pero descarta que la alcaldesa tomara esta decisión a sabiendas de su arbitrariedad.

El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal del Supremo que establecen que el delito de prevaricación exige probar algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta.