Cargos de Jerez rechazan su relación con los contratos de Gürtel

Tres cargos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) han rechazado este lunes en el Supremo su relación con los contratos de la trama Gürtel por los que el alto tribunal investiga a la exalcaldesa y actual diputada del PP María José García Pelayo. Los tres empleados —José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC); Lourdes Montenegro, técnico municipal y empleada del IPDC; y Manuel Báez, exsecretario del Ayuntamiento de Jerez— han comparecido como investigados a petición del fiscal, aunque no se les investigue en esta pieza, por lo que han acudido al alto tribunal acompañados por sus abogados. Los tres están procesados en la pieza de Gürtel sobre Jerez que se instruye en la Audiencia Nacional y se enfrentan a siete años de prisión por prevaricación, falsedad documental y fraude.

La técnica Lourdes Montenegro ha negado cualquier relación con la alcaldesa investigada y su responsabilidad con los contratos bajo sospecha. "Ella era, literalmente, una mandada", ha asegurado a la salida del tribunal su abogado, Carlos Sancho. "No decidía absolutamente nada ni tenía responsabilidad en los hechos".

Por su parte, el que fuera secretario del Ayuntamiento, Manuel Báez, no ha querido dar detalles del interrogatorio al que le ha sometido el instructor de la causa en el Supremo, Antonio del Moral. Báez se ha limitado a afirmar que ha contestado a todo y ha salido "con buena impresión". El exdirector del IPDC también ha rechazado su implicación en los hechos. Tras los tres cargos investigados han comparecido como testigos otras dos funcionarias municipales.

Las comparecencias de los empleados del Ayuntamiento se producen después de que la exalcaldesa negara en el Supremo el pasado 22 de febrero su relación con la trama Gürtel. García Pelayo declaró como investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. La exregidora recazó haber firmado alguno de los contratos de los que su Ayuntamiento adjudicó a las empresas de Francisco Correa para la feria Fitur de 2004.

García Pelayo está aforada en el Supremo por su condición de diputada, pero si la próxima semana se disuelven las Cortes perdería este estatus, ya que el PP no la ha incluido en la Diputación Permanente. Cuando se convocaron las elecciones del 20 de diciembre, el partido sí blindó a la exalcaldesa jerezana.