Una ley vasca reserva 12 millones para más de 300 víctimas de abusos policiales

El Gobierno vasco ha aprobado este martes el proyecto de ley de reconocimiento y reparación a víctimas de abusos policiales durante la democracia, que pretende dar cobertura legal y económica a las personas que han sufrido "vulneraciones de derechos humanos en un contexto de represión ilícita" entre 1978 y 1999. El secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández, ha explicado que se reserva una dotación de 12 millones de euros en cuatro años para indemnizar a entre 315 y 447 afectados, entre los que ha citado casos "emblemáticos" como los de Lasa y Zabala, Mikel Zabalza, Gladys del Estal o Yolanda González.

La ley es una continuación del decreto aprobado en 2012, durante el mandato del socialista Patxi López, que contempla ayudas para estas víctimas durante el periodo 1960-1978. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha optado por amparar a estas personas mediante una ley que extiende el plazo de cobertura hasta 1999. Fernández ha señalado que la tramitación de esta normativa era un "imperativo" y "cierra el círculo" de las políticas de atención "a todas las víctimas".

En su denominación inicial, el borrador de la ley se refería a las víctimas de "contraterrorismos ilícitos", una denominación que ha sido suavizada por el Gobierno para logra el "máximo consenso político" posible por el de "víctimas provocadas por abusos, excesos y acciones de represión ilícita".

El texto legal contempla la creación de una comisión que valorará y propondrá la declaración de la condición de víctima de abusos policiales. Ese equipo estará formado por nueve personas: tres expertos en derechos humanos nombrados por el Gobierno vasco, otros tres por el Parlamento autonómico y tres peritos forenses del Instituto vasco de Medicina Legal. Esta comisión se encargará de analizar daños, lesiones o secuelas, y "en ningún caso su cometido será el esclarecimiento legal de los hechos", ha precisado el secretario de Paz.

El Gobierno vasco ha calculado que necesitará 12 millones de euros en compensar económicamente a estas víctimas durante el cuatrienio 2017-2021. Las indemnizaciones oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.

"Este reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus instituciones. Al contrario, significa su más sólido reforzamiento, pues implica un compromiso por la reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático", ha afirmado Fernández.

El responsable de la política de víctimas ha confiado en que la ley sea sancionada antes de que expire esta legislatura, pese a que apenas restan dos o tres meses de actividad parlamentaria en Euskadi antes de que se convoquen las elecciones vascas, previsiblemente en octubre próximo. Fernández ha recordado que el texto tiene como antecedente "un decreto que ya se conoce perfectamente" y su contenido fue entregado a los grupos políticos en diciembre pasado, por lo que "estamos en condiciones de poder sacarla adelante con rigor y sin hacer ninguna operación extraña".