Marruecos, el ‘poli malo’

Tiene tres metros de alto, pura concertina, un grueso alambre de púas en espiral que corre en paralelo a lo largo de los 11,5 kilómetros de la triple valla española, y va acompañada de un foso de 2,5 metros de profundidad. Marruecos acaba de terminar de construir, a tan solo un puñado de metros de la alambrada melillense, su propia verja en su territorio. Marruecos se ha vallado por dentro. Y este nuevo elemento disuasorio para el paso de inmigrantes irregulares hacia Melilla es el ejemplo más claro y evidente de la misión de filtro que desempeña el reino alauí en el control de los flujos migratorios para España y Europa.

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Marruecos, como ahora Turquía ante la crisis de refugiados que desafía los valores sobre los que se asienta la Unión Europea, hace el trabajo sucio. Los testimonios de los ciudadanos sirios y palestinos, que aseguran haber pagado entre 1.000 y 3.000 euros por cruzar a Melilla (500, los niños), constatan el funcionamiento de las mafias que encarecen su largo viaje. Unas dinámicas conocidas y reconocidas off the record por los propios policías españoles que custodian la frontera: "A muchos de ellos les ha resultado más fácil y barato llegar a Canadá en avión desde Casablanca que entrar en España", aseguran. Otros, "atascados entre Argelia y Marruecos, han comenzado a usar incluso la vía mauritana de los subsaharianos".

Los gendarmes marroquíes también redistribuyen a los grupos de “negritos” que son rechazados por la Guardia Civil en la valla, repartiéndolos y dejándolos a su suerte en ciudades cada vez más al sur del país o sometiéndolos a redadas constantes si se esconden en los bosques del monte Gurugú, según ONGs que trabajan en ese país. La pregunta es: ¿A cambio de qué hace Marruecos ese papel de poli malo?

“Cuando un país, y la UE en su conjunto, decide externalizar su frontera, lo que hace es pedir a otro país que le haga de policía para que esa gente no llegue”, explica Carlos Ugarte, portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Y la hipocresía de esa política es que se hace a sabiendas de que el Gobierno con el que llegas a un acuerdo tiene unos estándares de respeto al derecho de asilo y a los derechos humanos que dejan mucho que desear y se hacen esos acuerdos a cualquier precio”, señala. "Sin duda es inevitable que haciendo esto estemos dejándoles más indefensos de lo que lo estarían en Europa, pero no sé si tenemos una alternativa", apostilla Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano,

El precio acordado entre la canciller Angela Merkel y su homólogo turco Erdogán para que Turquía gestione a los refugiados devueltos desde Grecia es claro y público: 6.000 millones de euros en dos tandas para su eventual acomodo, visados para los turcos a partir de junio y facilidades de ingreso en el club de los 28. Sin embargo la opacidad envuelve los acuerdos con Marruecos en este aspecto.

Cada vez que se le pregunta sobre el asunto a un responsable político —¿Cuáles son las contrapartidas del país vecino?— la conversación se vuelve tan espinosa como la valla. Y unos se encogen de hombros, aluden con palabras turbias a “convenios comerciales” y “de cooperación”, aparece el término “delicado”, se recuerda el “carácter estratégico” de las relaciones con Rabat en materia antiterrorista, y se cruza de puntillas un desierto entero, el del Sáhara Occidental.

“Últimamente hubo un contencioso con Marruecos por razón del Sáhara”, recuerda el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y advierte enseguida: “No me voy a meter en esta cuestión, hay asuntos que hay que tratar con la sensibilidad suficiente porque tenemos ya muchos problemas y no es necesario buscar más”.

El conflicto saharaui se remonta 40 años atrás, pero es de máxima sensibilidad y actualidad. Este viernes, y tras una intensa negociación, el Consejo de Seguridad de la ONU renovaba su misión (MINURSO) en el Sáhara por un año, después de que Marruecos hubiera expulsado a todo su personal civil  en pleno conflicto abierto con Ban Ki-Moon.

Sólo por refrescar la memoria, conviene recordar que en 1975 se firmaron, con precipitación y varios “anexos secretos” —poco antes de la muerte de Franco y días antes de que la ONU se pronunciase sobre la situación del pueblo saharaui—, los llamados Acuerdos de Madrid. España, haciendo caso omiso de la oposición de Argelia, cedió la administración (que no la soberanía) del Sáhara —su última colonia— a Marruecos y Mauritania. Y desde entonces existe un conflicto no resuelto y un referéndum pendiente.

Mauritania, convertida hoy en la nueva vía por la que también los sirios tratan de llegar a Europa rebotados por los tapones de Turquía, Grecia, Italia, Argelia, Marruecos y Melilla, se retiró en 1979 (Acuerdo de Argel), agotada por la obstinación de un combativo Frente Polisario que reivindica la autodeterminación apoyado desde Argelia. Marruecos mantiene la ocupación y el contencioso, avalado por España, Francia y Estados Unidos en la retaguardia, con la esperanza de legitimar algún día lo que considera sus dominios.

Conflictos recientes por mentar al Sáhara Occidental

Sin embargo, como ocurría el pasado mes de diciembre cuando el Tribunal de Justicia Europeo no ratificó el convenio agrícola del tomate con Marruecos, porque etiquetaba como marroquíes productos procedentes del Sáhara Occidental, el asunto reverbera constantemente y genera desarreglos en esas “excelentes relaciones”, de las que presumen comisarios europeos, ministros franceses y el propio Fernández Díaz.

Rabat, sumamente ofendida como “socio preferente” que es, suspendió las relaciones con la UE. Acto seguido, el Consejo europeo se apresuraba a recurrir el fallo de su propio tribunal. Del mismo modo que el gobierno socialdemócrata sueco renunciaba en enero a reconocer el Sáhara Occidental cuando vio peligrar su proyecto de construir el primer IKEA en Marruecos.

De este modo, Marruecos, “clave en materia de seguridad” y “con derecho a sentir cierto agravio comparativo por el trato dispensado por la UE a Turquía”, en palabras de Fernández Díaz, responde a cualquier ataque abriendo o cerrando el grifo. Un ejemplo de su sensibilidad y de su capacidad de reacción ocurrió en agosto de 2014. Agentes de la Guardia Civil retuvieron al mismísimo rey Mohamed VI en un control rutinario frente a las costas de Ceuta, cuando el monarca alauí practicaba uno de sus hobbies preferidos y surcaba los mares con su moto acuática. Casualmente, días más tarde, llegaba a la costa española una oleada de más de un millar de inmigrantes.

El 70% de las exportaciones e importaciones de Marruecos se producen con Europa, pero su necesaria colaboración en los controles fronterizos y en materia antiterrorista, los dos mayores desafíos a los que se enfrenta Occidente, le blindan en cierto modo.

Todos estos intereses y acuerdos, firmados o no, se materializan en millones de euros de ayuda al desarrollo (AOD) que sirven, según denuncian informes de ONG como Entreculturas, “para formación policial, equipos de identificación y vallas”, como esa nueva alambrada marroquí; y se encarnan en la frontera melillense, con 500 policías apoyados por unidades de intervención (50 antidisturbios) y 600 guardias civiles reforzados por 200 miembros de unidades especiales armados de insensibilidad para hacer frente a la desesperación.

“No solo tenemos que dejarles hacer lo que les dé la gana sino facilitárselo”, concluye un policía del control fronterizo español en referencia a la gestión de los flujos migratorios que llegan desde Nador. “Si queremos que el matón haga el trabajo tenemos que mirar para otro lado”, suelta un compañero.

Allí en la valla, donde unos se encaraman a su derecho a una vida mejor y otros a su obligación de cumplir con órdenes y leyes en un juego de complicidades y silencios, cobra sentido la frase pronunciada al vuelo por Mustafá Aberchan, líder del partido de la oposición Coalición por Melilla de corte musulmán: “Marruecos lo está haciendo muy bien, pero no sabemos lo que está haciendo”.