Jueces para la Democracia demanda al Poder Judicial y al ministerio por el exceso de trabajo

La asociación de Jueces para la Democracia ha demandado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia por exceso de trabajo. Un informe de septiembre de 2014 del CGPJ concluye que el 43,5% de los órganos judiciales supera en un 150% la carga laboral acordada entre los jueces y su regulador. "Parece ineludible y urgente evaluar los riesgos para la salud que dicha sobrecarga conlleva y adoptar las medidas preventivas oportunas", expone la asociación en la denuncia interpuesta.

Después de numerosas reuniones y de que Jueces para la Democracia ya denunciara en 2014 ante la Audiencia Nacional que la carrera judicial carecía de un plan de prevención de riesgos laborales, el Poder Judicial adoptó esta normativa en febrero de 2015. En una reunión de la Comisión Permanente del CGPJ el 17 de febrero del año pasado, el Consejo aseguró que hay que "abordar la determinación de la carga de trabajo a los efectos de la salud y seguridad de los integrantes de la carrera judicial, determinando el mecanismo participativo de los jueces y magistrados que considere más conveniente".

Pese a la voluntad del órgano de gobierno de los magistrados y la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio del Sistema de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial en febrero de 2015, la asociación judicial afirma que el plan de riesgos laborales se ha incumplido sistemáticamente. "Seguimos sin tener fijada una carga judicial máxima", argumentan desde Jueces para la Democracia.

Según los resultados de un estudio promovido en 2015 por el Poder Judicial para saber cómo funciona la justicia, "un 70% de los encuestados considera que su trabajo es excesivo". En la demanda presentada contra el CGPJ y el ministerio, las asociaciones dicen que los magistrados de lo mercantil de Sevilla presentaron el 1 de abril un escrito en el que califican su trabajo de "inhumano" y en el que explican que viven una "situación de colapso".

Propuesta de consenso

La vigencia del plan acordado para prevenir los riesgos laborales finaliza cuando termine este año. Las asociaciones presentaron en enero una propuesta de consenso para mejorar su carga de trabajo, pero no han recibido respuesta alguna ni del Consejo ni del Ministerio. "Ante este horizonte y la parálisis de nuestro deudor de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas, desde Jueces para la Democracia hemos decidido recurrir a la acción judicial", zanjan.