La Xunta tacha de “falaz” la acusación del fiscal en las muertes de hepatitis C

“Un argumento falaz”. Así ha calificado este lunes el consejero de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, la acusación de la fiscalía de que el Gobierno gallego escatimó entre 2014 y 2015 por razones presupuestarias una serie de costosos tratamientos que aumentan las esperanzas de curación de los enfermos de hepatitis C, algunos de los cuales acabaron muriendo. El máximo responsable sanitario de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en el Parlamento gallego para explicar cómo funcionaba el entramado burocrático creado por la Administración autonómica en aquellas fechas para autorizar la dispensación de los nuevos fármacos después de que fueran recetados por los médicos especialistas.

El político del PP ha acusado a la oposición de aprovechar la investigación judicial por la que están imputados dos cargos de la consejería “para hacer una mezquina demagogia”. “Podrán manipular a los muertos”, ha atacado, “pero los datos están ahí”. Almuiña ha reiterado las cifras a las que se agarra el Gobierno gallego desde que estalló el escándalo: que de los 1.150 casos de pacientes que llegaron a la comisión encargada de autorizar los fármacos solo se le negó el tratamiento a 13 y que ninguno de estos últimos está bajo sospecha en la instrucción abierta en el juzgado número 3 de Santiago.

A los ocho pacientes que fallecieron tras una larga espera y que incluye la fiscalía en su denuncia por homicidio por imprudencia profesional grave, ha añadido el consejero, “se les autorizó” el tratamiento, “independientemente del resultado final”. La plataforma gallega de enfermos de hepatitis C replicó hace unos días que en esa época la Xunta solo elevaba a la comisión las peticiones de los enfermos en fase cuatro que presentaran, además, cirrosis y manifestaciones extrahepáticas, es decir, que ese órgano autorizó “el 99% de casi nada”.

La Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, creada por la Xunta para controlar las prescripciones de estos costosos fármacos, tenía como función, según Almuiña, garantizar la “seguridad” de los pacientes y la “equidad en el acceso” a unos tratamientos que multiplican las posibilidades de erradicar el virus. El consejero de Sanidad ha insistido en que los miembros de este órgano eran profesionales médicos "de prestigio" encargados de “verificar” que las prescripciones de los hepatólogos “cumplían” los “criterios clínicos del sistema nacional de salud”.

“Las cosas se hicieron con rigor”, ha afirmado Almuiña, quien ha negado que a algún paciente se le llegase a autorizar el medicamento sin seguir el protocolo por la presión de su médico, como sostiene la fiscalía. El juez Andrés Lago Louro tomará el próximo jueves declaración como investigados por prevaricación al presidente de esta comisión, Félix Rubial, y su vicepresidenta, Carolina González-Criado.

La oposición ha puesto en tela de juicio los argumentos y los datos ofrecidos por el consejero. Los representantes del PSdeG-PSOE, BNG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y Grupo Mixto han reclamado las dimisiones o ceses de los dos altos cargos imputados, insistiendo en que fueron criterios de ahorro económico y no médicos los que llevaron a los responsables sanitarios de la Xunta a denegar o demorar la autorización de los tratamientos. “Ustedes iban modificando los criterios clínicos para retrasar el acceso a la medicación; dejaban fuera a la mayoría de los pacientes graves”, sentenció la diputada socialista Carmen Acuña.

Los portavoces de todos los grupos le han ido repitiendo al consejero que tanto los propios médicos de los pacientes como colegios profesionales de facultativos o colectivos sindicales médicos “reclamaban con insistencia” los fármacos “asegurando que se ajustaban perfectamente al protocolo” mientras la comisión técnica los negaba. “Para ahorrarse dinero, Feijóo montó una asociación afín [la comisión técnica] que aprobó demoras injustificadas”, ha censurado la oposición, que señala a Feijóo como “responsable político”.

Al presidente autonómico se han dirigido los portavoces de todos los grupos de oposición para tildar de “cobardía” su decisión de no comparecer voluntariamente y dejar solo a su consejero. Han insistido en tildar de "política" la decisión del PP de negar los medicamentos, precisando que el grupo popular tuvo oportunidades en el Parlamento gallego de votar a favor de la propuesta de pedir el genérico, “pero pulsaron un botón en contra negándose a escuchar el grito de auxilio de los afectados”.

La oposición ha rebatido las cifras oficiales ofrecidas hace días por Feijóo y repetidas este martes por Vázquez Almuiña. “Dicen que han gastado 75 millones de euros, pero 2.000 personas atendidas a una media de 13.000 euros por tratamiento dan unos 26 millones, un tercio de lo dicen”, precisaron las portavoces parlamentarios, que inquirieron sin éxito al consejero para que explicase “cómo se extraviaron los expedientes” de los afectados, justificación ofrecida por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cuando los enfermos comenzaban a denunciar las demoras. "Desprecio, mentiras y falta de empatía", acusaron los grupos al PP. La portavoz del BNG, Montse Prado, ha tildado de "psicópatas" a los miembros del Gobierno de Feijóo por "hacer daño a sabiendas", calificativo que el presidente del Parlamento ha ordenado retirar.