Dos jueces piden al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales y desobediencia

El Tribunal Supremo recibirá en los próximos días dos exposiciones razonadas pidiendo la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Una de ellas se refiere al caso Taula, y pide que se impute a la senadora por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La segunda procede de un juzgado que ha investigado un posible delito de desobediencia por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, al no retirar los símbolos franquistas durante su mandato.

En Taula, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios de que Barberá y otro medio centenar de personas del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia cometieron el delito en marzo de 2015, poco antes de las elecciones locales y autonómicas.

En la causa por los símbolos de la dictadura, la magistrada traslada al Supremo una denuncia según la cual Barberá pudo cometer los "supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio" por "negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas" franquistas pese a la vigencia de la Ley de Memoria Histórica, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano. La denuncia fue presentada hace un año por un diputado socialista, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y un abogado. La magistrada indica que al ser Barberá senadora y por ello aforada ante el Supremo, solo este órgano judicial puede investigarla.

El juez Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, apunta en su resolución, de seis páginas, que también existen indicios de otras donaciones irregulares al partido en los años 2003 y 2011. "Ambos eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas”, subraya. El magistrado ya ha iniciado la investigación de supuesto delito electoral —el nombre técnico de la financiación ilegal de partidos—en el grupo municipal popular que dirigía Barberá pidiendo información al Tribunal de Cuentas.

Destaca igualmente el juez la cercanía personal entre la exalcaldesa y la persona que, según los investigadores, manejaba la caja b del PP de Valencia: Mari Carmen García-Fuster, que hasta su detención en enero era secretaria general del grupo municipal. "Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquella".

El instructor mantiene imputadas —investigadas, según la nueva denominación judicial— por este motivo a 48 personas, incluido el PP. Los miembros del grupo popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta de la formación y los habrían recibido, en paralelo, en dos billetes de 500 euros de fondos de origen desconocido. Una práctica que en la jerga de la lucha contra el blanqueo de capitales se conoce como “pitufeo”, según la Guardia Civil. La fiscalía cree que el dinero en efectivo puede proceder de comisiones cobradas a empresarios a cambio de adjudicaciones, un sistema que centra el grueso del caso Taula, en el que hay en total más de un centenar de investigados.

Una tesis que el juez Gómez plantea como posible, indicando que una de las piezas separadas del caso Taula trata precisamente de sobornos a cambio de contratos de la concejalía de Cultura que dirigía la imputada María José Alcón.

El magistrado considera en su escrito al Supremo que sería "incoherente" que, cuando el resto del grupo municipal popular está siendo investigado, no lo sea también la persona que lo dirigía, en referencia a Barberá. El juez destaca una conversación grabada por la policía a la exconcejal Alcón. En ella, la exedil explica a su hijo la presunta operación de blanqueo y menciona a la entonces alcaldesa. "En dicha conversación la investigada cita a Rita Barberá, la aforada, y por entonces alcaldesa de Valencia, si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa", añade el instructor.

El juez recuerda que tanto cuatro testigos —exempleados del grupo municipal que se negaron a colaborar en el supuesto delito—, como Alcón y una exasesora del PP, ambas imputadas, han reconocido la operación de blanqueo. Alcón aseguró a su hijo en la conversación captada por la Guardia Civil que el dinero blanqueado procedía de "dinero negro", entregado por empresas y fruto de una "corrupción política total". "Un dinero que no pueden aflorar" por otras vías, agregó.

Las explicaciones por escrito ofrecidas por la exalcaldesa son insuficientes para excluir "su posible implicación", considera el instructor. Este, no obstante, afirma que "ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, testimonian una participación concreta, personal, de la aforada María-Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara".

Barberá fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015, cuando después de no lograr formar gobierno en la ciudad fue elegida senadora territorial por las Cortes Valencianas. Su condición de parlamentaria hace que esté aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede actuar penalmente contra ella. La exregidora ha defendido su inocencia, y ha planteado que los indicios existentes provienen de una venganza urdida por su exvicealcalde Alfonso Grau y el entorno de este. Barberá ha admitido que donó los 1.000 euros a través de un talón, pero ha negado que la cantidad le fuera devuelta.

Si el Supremo acepta los argumentos del juez Gómez, recogidos en una exposición razonada de motivos, deberá solicitar al Supremo permiso para investigar a la exalcaldesa a través de un suplicatorio.